La Fiscalía surcoreana ha presentado una acusación firme contra el presidente Yoon Suk-yeol por un presunto delito de insurrección debido a su aplicación de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. La imputación, que supone la primera para un presidente en el cargo en la historia de Corea del Sur, llega un día antes de que expire el período de detención decretado para que el mandatario sea interrogado por las autoridades.

El presidente –ahora relevado de sus funciones– es acusado por liderar presuntamente una insurrección y abusar de su poder en torno a la declaración de la ley marcial. La aprobación de esta medida la llevó a cabo tras acusar a la oposición de desarrollar “actividades antiestatales” vinculadas a Corea del Norte. 

Yoon enfrenta las acusaciones de conspiración junto al exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, por movilizar fuerzas militares hacia la Asamblea Nacional. Esta medida tenía como objetivo evitar que los legisladores revocaran el decreto, algo que finalmente ocurrió esa misma noche. 

La directriz del presidente abrió una crisis de política que continuó con la detención del mandatario el 15 de enero, 43 días después de la presunta insurrección. Su arresto se llevó a cabo tras su prolongado esfuerzo por permanecer atrincherado en su residencia en Seúl, y después de que el mandatario aceptara comparecer ante la oficina anticorrupción que lo investiga.

Yoon, que permanece detenido desde entonces, ha sido imputado a petición de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), el organismo que lidera la investigación penal sobre el mandatario por haber decretado fugazmente la ley marcial.