Pausar las subvenciones y préstamos mientras comienza una revisión ideológica generalizada del gasto. Es la última decisión de la Administración de Donald Trump, con la que intenta arrebatar el control al legislativo sobre el uso del presupuesto federal.

La medida, que está previsto que entre en vigor este martes por la tarde, podría afectar a billones de dólares. Durante su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha puesto en el centro de su agenda ultra el desmantelamiento de los programas de diversidad, equidad e inclusión dentro del Gobierno federal que los conservadores ha criticado durante mucho tiempo, tildándolos como discriminatorios e ideas woke (algo así como progre).

Pero el impacto va más allá de los programas de diversidad y el parón puede pausar la financiación para una amplia gama de políticas, que van desde proyectos de infraestructura y energía nacionales hasta programas relacionados con la ayuda exterior. Por ejemplo, se verán afectados todos aquellos programas vinculados con la agenda verde (también conocido como IRA) que desarrolló el expresidente Joe Biden y que Trump ha mandado desmantelar.

“Las agencias federales deben suspender temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal, y otras actividades pertinentes de la agencia que puedan estar implicadas por las órdenes ejecutivas, incluyendo, pero no limitado a, la asistencia financiera para la ayuda exterior, las organizaciones no gubernamentales, DEI, ideología de género woke, y el nuevo acuerdo verde (the new green deal)”, especifica Matthew Vaeth, director en funciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).

La oficina de presupuesto estableció este lunes que todas las agencias gubernamentals deben suspender los pagos a partir de las 17:00 hora local. El programa de salud Medicare y la Seguridad Social son las únicas excepciones. 

El anuncio por parte del Gobierno Trump ha desatado el caos y la confusión a todos los niveles administrativos, ya que podría afectar a millones de dólares en ayudas estatales y locales, afectando directamente a miles de hogares.

Muchas organizaciones están tratando de averiguar cómo se verán afectadas por la medida. Por ejemplo, la organización Meals on Wheels recibe financiación federal de los programas de nutrición de la Older Americans Act. End eclaraciones a la CNN, Jenny Young, portavoz de Meals on Wheels America, ha dicho que si el memorando se aplica a esta ley, “esto presumiblemente interrumpiría el servicio a millones de ancianos vulnerables que no tienen otros medios para comprar o preparar comidas”.

También sigue habiendo dudas sobre si realmente esta orden se podrá aplicar realmente o si al menos se podrá recurrir a nivel legal. El memorando incluye ciertas vaguedades, entre ellas que las agencias pausen las subvenciones “en la medida en que lo permita la legislación aplicable”.

Lo que está haciendo la Oficina de Gestión y Presupuesto se conoce como Impoundment (retención de fondos) y consiste en la negativa de los presidentes a gastar el dinero que el Congreso ha asignado. Esta práctica tiene una larga historia, pero después de que Richard Nixon la llevara al extremo y cancelara miles de millones de dólares, el Congreso aprobó la Ley de Control de Retención de Fondos. La norma establece que los presidentes solo pueden usar el poder de retención al presentar solicitudes al Congreso sobre los fondos que no desean gastar y luego, los legisladores deben aprobar esas solicitudes dentro de un plazo de 45 días; de lo contrario, los fondos son liberados. 

El documento que ha presentado la OMB no parece seguir la línea de lo que establece la ley, al ordenar empezar a congelar los fondos en las próximas horas. Una vez más, Trump busca extralimitar sus poderes ejecutivos para acaparar los de las otras ramas, en este caso el legislativo. 

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ya ha reaccionado a la medida. “Más anarquía y caos en Estados Unidos mientras la Administración de Donald Trump desobedece descaradamente la ley al retener prácticamente todos los fondos vitales que apoyan programas en todas las comunidades del país. Si esto continúa, el pueblo estadounidense pagará un precio terrible”, ha escrito Schumer en su perfil de X.

Tanto Trump como sus aliados, incluido el próximo director de la oficina de presupuesto, Russell Vought, han argumentado que la Ley de Control de Retención de Fondos es inconstitucional y que el presidente tiene un poder amplio para cancelar gastos autorizados por el Congreso. Se trata de una lectura contraria a la interpretación actual de la legislación federal, que establece que los presidentes no pueden cancelar unilateralmente los fondos aprobados por el legislativo.

Vought, cuyo nombramiento aún tiene que ser confirmado por el Senado, es otro de los fichajes de Trump que sale del Project 2025, la hoja de ruta ultraconservadora para un nuevo presidente conservador. Vought firma el Capítulo 2 de la Sección Tomando las riendas del Gobierno del documento, donde se encarga de analizar las órdenes ejecutivas y otras acciones unilaterales que podría usar Trump para quitar los frenos administrativos y reformular el poder ejecutivo de tal forma que el poder presidencial tenga más rango de acción. 

Según Vought, “la agenda del presidente debe ser lo que importe a los departamentos y agencias que operan bajo su autoridad constitucional”. En el mismo capítulo, también define cómo debe ser el cargo para el cual Trump ahora lo ha nominado y escribe que el director de la OMB debe ser “el guardián de la 'intención del comandante” ante las agencias federales. El actual director de la oficina en funciones, Matthew Vaeth, parece que ya ha puesto en marcha los planes de Vought antes de que este asuma el cargo.