Bruselas da la espalda al Parlamento Europeo en el diseño y escrutinio del multimillonario “plan de rearme” que ha preparado para que los gobiernos aumenten el gasto en defensa.

“Se establecerá un nuevo instrumento bajo el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE para proporcionar a los estados miembros préstamos respaldados por el presupuesto europeo. Con hasta 150.000 millones, este instrumento apoyará firmemente los esfuerzos de la UE para lograr un rápido y significativo incremento en las inversiones de las capacidades de defensa europeas ahora y a lo largo de la próxima década”. Así explicaba Von der Leyen en una carta enviada a los líderes de los 27 la herramienta con la que pretende salir al mercado para lograr financiación para proyectos europeos en los que tendrán que participar tres estados miembros, o dos más Ucrania.

Aunque los jefes de Gobierno expresaron la necesidad de buscar más fórmulas al margen de las planteadas de urgencia en el “plan de rearme” de Von der Leyen y algunos, como Pedro Sánchez, abogaron por que el dinero no llegue solo a través de créditos sino también de ayudas directas como ocurrió con los fondos de la pandemia, avalaron la propuesta de la Comisión Europea, que ahora tendrá que desarrollar el contenido legal. No obstante, no necesitará el visto bueno de la Eurocámara.

“En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión. El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de la decisión tomada”, señala el artículo 122. En este caso se hace una lectura ampliada del texto, dado que de esa herramienta financiera podrán beneficiarse los 27.

Fuentes parlamentarias admiten que hay “frustración” entre los eurodiputados por la exclusión de la institución en esa decisión. Socialdemócratas y La Izquierda han expresado ya su rechazo. “No estamos de acuerdo con el artículo 122 que deja al Parlamento fuera del procedimiento”, señaló la portavoz del S&D en una rueda de prensa el viernes. El grupo que pilota Iratxe García no está de acuerdo, además, con que el instrumento diseñado por la Comisión Europea se limite a conseguir préstamos para los estados miembros con una mejor financiación y quieren que haya subvenciones directas de la UE.

También Los Verdes consideran que la “necesidad de inversiones urgentes en defensa es elevada” y aplauden que “por fin haya propuestas concretas” sobre la mesa, pero lamentan la exclusión del Parlamento Europeo. “El único órgano de la UE elegido directamente no puede ser ignorado en estas importantes decisiones”, afirma el eurodiputado Reinier van Lanschot.

“La presidenta usa poderes de emergencia para asegurar que el Parlamento se queda fuera del proceso de elección. Es más fácil gobernar sin la gente”, lamentó el representante de La Izquierda, que criticó, además, que se tomen medidas excepcionales de incremento del gasto y del endeudamiento cuando tiene que ver con defensa y no con cuestiones sociales.

Pero el Parlamento Europeo también se queda fuera de la otra gran herramienta para financiar el incremento del gasto en defensa: la flexibilización de las reglas fiscales. “No tiene ningún rol”, reconocen fuentes comunitarias. El desafío de Donald Trump a la seguridad europea, tras haber amenazado con desconectarse para centrarse en la amenaza que le supone China en el Indo-Pacífico, sumado al abandono a Ucrania, ha llevado a Von der Leyen a plantear la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se acordó hace apenas un año en el seno de la UE para permitir que el gasto militar no compute a la hora de analizar la deuda y el déficit de los países.

Con esa medida, que se prolongará durante los próximos cuatro años, la pretensión de Von der Leyen, que deja todo el esfuerzo en los países europeos, es que se incremente el gasto en defensa un 1,5% del PIB, es decir, 650.000 millones de euros. Fuentes comunitarias admitían, además, que a partir de ahí, mantener el incremento en defensa más allá del plazo inicial conllevará recortes o nuevos impuestos: “Con el tiempo tendrá que ser acomodado en los presupuestos nacionales. Por lo tanto, ya sea subiendo los impuestos o reduciendo el gasto, no hay forma de evitarlo”. A pesar de ser la principal herramienta para la financiación de ese “plan de rearme” presentado a bombo y platillo por la presidenta de la Comisión Europea, el asunto lo manejarán esa institución y los gobiernos nacionales.

Otra de las piezas a las que señaló Von der Leyen, aunque sin cuantificar, tiene que ver con la posibilidad de permitir a los gobiernos desviar dinero previsto para la cohesión, que es uno de los buques insignias comunitarios, al gasto en defensa. La propuesta no ha gustado nada en España o en Italia y aún no se sabe si tendrá que contar con algún tipo de respaldo parlamentario. “Se clarificará en los próximos días”, señalan fuentes comunitarias que apuntan al día 19 de marzo, que es cuando la Comisión Europea pretende presentar el Libro Blanco de la Defensa.

En su carta a los líderes, Von der Leyen incluía los cambios en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para fomentar esas inversiones. La presidenta de la entidad, Nadia Calviño, informó posteriormente a los líderes de la UE, que son en última instancia los accionistas, de la pretensión de eliminar el actual límite de 8.000 millones de euros para la financiación de los proyectos de seguridad y defensa.

Y la última pata del plan pasa por la movilización de capital privado, para lo que apuesta por favorecer el acceso a la financiación y completar la Unión del Mercado de Capitales, que se resiste desde hace años. “Tenemos que asegurar que los miles de millones de ahorros de los europeos se invierten en los mercados dentro de la UE”, señalaba Von der Leyen en su misiva. Queda, por tanto, camino por delante. Por el momento, España, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia y Luxemburgo están avanzando en un producto de ahorro europeo.

Las quejas de los grupos que forman parte de la 'mayoría von der Leyen' se han revuelto contra la intención del Partido Popular Europeo de llevar por la vía de urgencia una parte del paquete ómnibus con el que se van a reducir sustancialmente las obligaciones medioambientales y sociales que tienen las empresas. La alemana pidió celeridad a la hora de tramitar esa iniciativa y, dicho y hecho, el grupo que dirige Manfred Weber, que ha ido descolgándose de la agenda verde, pidió tramitar por la vía de urgencia una parte de ese paquete.

En concreto, lo que quieren acelerar los populares es la propuesta denominada 'parar el reloj', que supondría un retraso en la entrada en vigor de la obligatoriedad de las empresas de informar del impacto de su actividad en el medio ambiente o los derechos humanos. Los socialistas lo rechazan bajo la premisa de que hay tiempo de sobra para que ese cambio entre en vigor. Los liberales tampoco comparten que se despiece el paquete y los verdes tampoco ven el sentido de urgencia de ese planteamiento.

Esa negativa deja al PPE en manos de las fuerzas de ultraderecha para llevar por la vía de urgencia esa iniciativa. No es la primera vez que el grupo de Weber se apoya en los tres grupos de la extrema derecha —a dos de ellos inicialmente les imponía el cordón sanitario— para sacar adelante iniciativas, como la resolución por la que el Parlamento Europeo reconoció al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. No obstante, las fuerzas que forman la 'mayoría alternativa' aún no se han pronunciado.