Este sábado ha entrado en vigor un toque de queda y la militarización en el distrito metropolitano de Quito, anunciados por el presidente del país, Lenín Moreno, a fin de permitir a las fuerzas de seguridad sofocar las protestas por el recorte a los subsidios de los combustibles.

En una nueva declaración a la nación esta noche, el presidente Moreno indicó que el de este sábado "es un día triste para el Ecuador, para Quito, para la historia de nuestro país", y se refirió a los sucesos acaecidos durante la jornada como de "violencia nunca antes vista".

Con todo, indicó que el toque de queda que entró en vigor a las 15:00 de la tarde del sábado "tiene resultados tangibles" y que por la noche se había recuperado la calma en buena parte de la capital.

Lenín Moreno aclaró que las organizaciones indígenas que permanecen en Quito también tienen la misma obligación de cumplir con el toque de queda y que su Gobierno "no quiere confrontación entre hermanos".

Añadió que el proceso para el inicio de las conversaciones tenía avances y que las mantendrá con "quienes tengan la decisión de dialogar".

La primera reunión de diálogo entre el Gobierno de Ecuador y representantes del movimiento indígena tendrá lugar este domingo, adelantaron el sábado el sistema de Naciones Unidas en el país andino y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

En un comunicado conjunto ambos organismos informaron este sábado de que, "tras mantener contactos con el Gobierno y con las organizaciones del movimiento indígena, la primera reunión de diálogo está convocada para el día 13 de octubre a las 3 de la tarde en Quito".

Sin ofrecer más detalles acerca del lugar de la reunión ni tampoco sobre quienes integrarán las delegaciones de ambas partes, la Iglesia ecuatoriana y la ONU dicen confiar "en la buena voluntad de todos para establecer un diálogo de buena fe y encontrar una pronta solución a la compleja situación que vive el país".

Horas antes, el sistema de Naciones Unidas en Ecuador avanzaba que este sábado iniciaría un contacto directo con dirigentes indígenas y otros actores para concretar los próximos pasos a fin de evitar la espiral de la violencia que vive Ecuador.

La directriz de excepción, adoptada por el Gobierno, y los anuncios confirmados y cuestionados de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sobre su disposición por primera vez en diez días de protestas a entablar contactos con el Gobierno, parecían enrarecer el terreno para que ambas partes se sentaran en la mesa de negociación.

El acercamiento entre las posturas inicialmente intransigentes del Gobierno y de los indígenas llega después de que se registraran a nivel nacional al menos cinco muertos, más de 850 heridos y más de mil detenidos en las protestas iniciadas el 3 de octubre.

El mandatario dio a conocer una serie de resoluciones relativas a la situación de excepción así como una posible oferta a los sectores que han protagonizado las protestas.

Entre ellas, dijo que el toque de queda se mantendría en Quito y los valles que integran el distrito metropolitano hasta nuevo aviso.

También su disposición a analizar y revisar el polémico decreto 883, que incluye la eliminación de los subsidios a los combustibles, "conforme al pedido que han hecho las organizaciones indígenas y sectores sociales".

En relación a un proyecto de reformas económicas y laborales que afectaban a empleados de empresas públicas, que había levantado ampollas y que estaba programado que analice la Asamblea Nacional (Parlamento), Moreno dijo que también lo someterá a análisis.

Anunció una propuesta de que las empresas privadas paguen un bono mensual de 20 dólares a sus empleados, ayudas a industrias afectadas por las movilizaciones, como la láctea, y un impuesto a las grandes empresas.