Las duras imágenes de militares reprimiendo en Chile a los manifestantes que protestaban por el alza en los precios del metro y por la privatización de los servicios han generado un especial desasosiego en Uruguay, ya que el país rioplatense vota este domingo una reforma constitucional que propone, entre otras medidas, una mayor militarización a través de una guardia nacional.

Ante la inminente votación, que coincide con el día de las elecciones nacionales, han sido muchos los usuarios que en redes sociales y en manifestaciones como la de este martes han expresado su temor y rechazo a que el Ejército uruguayo pueda intervenir en la seguridad pública interna.

La reforma constitucional "Vivir sin miedo" fue impulsada por el senador Jorge Larrañaga, del conservador Partido Nacional, y además de militarizar la seguridad interna, pretende habilitar los allanamientos nocturnos, endurecer las penas, instaurar la prisión perpetua revisable y eliminar beneficios liberatorios por buena conducta o estudio.

Larrañaga dijo recientemente en declaraciones a la prensa que se trata de un "instrumento importante que va a servir al país, pues no puede haber desarrollo económico, humano y social si no hay paz pública, si no hay convivencia", al tiempo que añadió que la gente está cansada de la inseguridad y "quiere decir basta".

Según una encuesta de Factum, cerca de un 40% de la población uruguaya votaría a favor de la reforma, mientras que un 16% tiene dudas.

Quienes quieran que la reforma salga adelante pondrán la papeleta del 'Sí' junto a su hoja de votación parlamentaria y el plebiscito solo sería aprobado en caso de que obtenga el 50% más un voto de los emitidos.

Por su parte, detractores de la reforma constitucional aseguran que se trata de "un camino peligroso" al considerar que medidas como endurecimiento de penas no disminuyen la acción delictiva y que la militarización de la seguridad interna solo aumenta la violencia y empeora los problemas de convivencia de la sociedad.

"Estamos en contra de esta propuesta porque nos parece que es seguir un camino que Uruguay ya conoce. Desde que el país recuperó la democracia tras la dictadura cívico-militar (1973-1985), se vienen aplicando medidas como el aumento de penas y los datos demuestran que los delitos siguen aumentando, al igual que la gente privada de libertad y la inseguridad que sentimos los uruguayos y las uruguayas en la calle. "Son medidas que fracasan en nuestro país", explica a eldiario.es Daniela Buquet, portavoz de la agrupación nacional 'No a la reforma, el miedo no es la forma', que reúne a diversos colectivos y personas independientes contrarias a este proyecto.

Desde esta plataforma recuerdan que ya ha habido medidas similares en otros países de América Latina como Brasil o México que tampoco han logrado solucionar el problema de la inseguridad y la criminalidad. Ejemplo de ello, aseguran, es la intervención militar en Río de Janeiro, donde ha habido un aumento importante de los tiroteos y los asesinatos por parte del Ejército.

"Las Fuerzas Armadas tienen la misión de salvaguardar la soberanía nacional, su cometido no es la seguridad interna, para eso está la policía. ¿Por qué no mejorar entonces la policía?", se pregunta Buquet.

La contracampaña que representa la activista apuesta, en cambio, por trabajar en las causas y la prevención del delito, "atacando la desigualdad y los procesos de exclusión social, laboral y educativa y la creciente segregación urbana".

Respecto a los allanamientos nocturnos, Buquet sostiene que es un "dispositivo muy complejo y violento" incapaz de combatir las grandes redes de narcotráfico. "En realidad lo que se debe controlar son las aduanas y cómo se financian los grandes narcotraficantes", señala.

En cuanto al sistema penitenciario uruguayo, la activista no duda en tildarlo de "fracaso total" y asegura que en las cárceles del país hay una vulneración de los derechos humanos, pero en cualquier caso, añade, la solución no pasa por aumentar las penas a las personas privadas de libertad.

Pese a los logros alcanzados en economía y derechos sociales por la coalición izquierdista del Frente Amplio desde que en 2005 asumiera el poder en Uruguay, lo cierto es que en materia de seguridad la situación actual es especialmente complicada.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2018 los homicidios aumentaron un 46% respecto al año anterior, mientras que los robos crecieron un 54% y los hurtos un 44%.

Además, las condiciones de prácticamente todas las cárceles uruguayas son deplorables. El hacinamiento es uno de los grandes problemas, ya que con 316 presos por cada 100.00 habitantes, Uruguay se sitúa muy por encima de países latinoamericanos como Perú (278 presos cada 100.000), Chile (235), Colombia (247), Paraguay (199), México (163) y Argentina (207), según el informe carcelario de 2018 que realizó el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit.

Ese mismo documento refleja que sigue habiendo tratos "crueles, inhumanos o degradantes" hacia los presos, cuyas posibilidades de integración social una vez salen en libertad son escasas. De hecho, la mitad de las personas que se encuentran sin hogar en Uruguay son antiguos presos.

En las cárceles también existe un elevado nivel de violencia, producto del aislamiento y la falta de actividades socioeducativas, además de que hay una falta de personal y de elementos básicos de control.

"La violencia, que se expresa también con amenazas y chantajes a las familias, genera agresiones, venganzas y contravenganzas en una espiral que desborda las posibilidades de alojar internos sin poner en riesgo su integridad personal", dice el informe elaborado por el comisionado carcelario.

En 2018 hubo 37 muertes en las cárceles uruguayas, de las cuales 27 fueron homicidios y suicidios, mientras que las 10 restantes se debieron a enfermedades, añade el informe.

Bajo este panorama, desde la plataforma 'No a la reforma, el miedo no es la forma' insisten en que la reforma constitucional propuesta por Larrañaga no va a solucionar los problemas de seguridad que tiene el país y aseguran que el paso por prisión "debe servir para la integración y reinserción de las personas privadas de libertad".