El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, anunció este jueves que apelará la decisión de la Corte Suprema de Justicia que suspende un amparo que ordenaba la transferencia de dinero a su institución para poder enfrentar los últimos tres meses del año.

El magistrado de conciencia avanzó que apelará ante la Corte de Constitucionalidad, el mayor tribunal del país, el fallo del Supremo que anulaba el amparo provisional otorgado y que "pone en riesgo la defensa y promoción de los derechos humanos" de los guatemaltecos y los derechos laborales de los trabajadores de la entidad.

Rodas había exigido personalmente al Ministerio de Finanzas y también por la vía judicial el desembolso de 3,9 millones de dólares para operar los últimos tres meses del año, una cantidad que provenía de la cantidad inicial aprobada en el decreto presupuestario para este año, donde había un total de 130 millones de quetzales (16,8 millones de dólares).

La Procuraduría de los Derechos Humanos había solicitado un presupuesto de 145 millones de quetzales (18,8 millones de dólares) para 2019, lo que significaba un aumento de 25 millones de quetzales (3,2 millones de dólares) respecto del ejercicio fiscal de 2017 y 2018, pero la Comisión legislativa de Finanzas propuso al pleno que se le otorguen 100 millones de quetzales (13 millones de dólares).

No obstante, el decreto presupuestario fijó 130 millones, aunque un acuerdo legislativo intentó rebajar esa cantidad en 30 millones.

El magistrado de conciencia, que recordó además que el diputado Juan Manuel Giordioano entregó una petición a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para su destitución, dijo que estos ataques buscan "socavar la labor de una institución que ha laborado con independencia y en defensa de la promoción y protección de los derechos de todas las personas".

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos establece en su artículo 12 que el pleno debe evaluar la decisión de la comisión y de ser avalada con 105 votos a favor se hará cesar en sus funciones al Procurador y declarará vacante el cargo.

Rodas fue elegido como ombudsman por el Congreso en julio de 2017 para un periodo de cinco años y, desde entonces, ha sido un fiel defensor del papel de la desintegrada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del que era su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez.

Esta no es la primera vez que piden destituirlo y de hecho ha recibido varios ataques de diputados del bloque oficial y aliados al oficialismo, además del propio presidente Jimmy Morales, quienes cuestionan su actuar asegurando que no defiende los derechos humanos.

De hecho, en el marco de esta nueva petición de destitución en su contra, el magistrado de conciencia avanzó que el próximo martes comparecerá ante la Comisión de Derechos Humanos para presentar las pruebas de descargo e invitó a todas los sectores a presenciar esa audiencia.

En este contexto, el exjefe de la CICIG y abogado colombiano Iván Velásquez publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Rodas y a su labor, "altamente valorada" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y en este sentido pidió a Stuardo Ralón, que en los próximos meses se incorporará a la entidad, su opinión sobre "la arremetida de los diputados del Pacto de corruptos que pretenden ahogar financieramente a la Procuraduría de Derechos Humanos y destituir a su titular".