Los recientes estallidos sociales en Ecuador y Chile son un ejemplo de lo frágil que puede ser la institucionalidad en América Latina, incluso en países que, a priori, pueden ser considerados como estables en la región. En ambos casos el problema de fondo es la desigualdad. Ahora, además, se han desatado protestas en Bolivia por las acusaciones de fraude electoral.

Sin embargo, existe un país en América Latina que sí puede presumir de tener una democracia plena, la más avanzada de la región, y es Uruguay. Sus libertades civiles, su pluralismo y su proceso electoral así lo demuestran, tal y como refleja el último Índice de Democracia elaborado por The Economist.

Se trata de un país que despierta simpatía. En parte se debe a la fama internacional del expresidente José Mujica (2010-2015), que con su estilo de vida austero confirmó que los políticos también pueden vivir sin lujos. Tampoco a la población uruguaya le suele gustar la ostentación y, en general, sus habitantes mantienen un perfil bajo.

En el pasado, Uruguay era conocido principalmente fuera de sus fronteras por la buena calidad de su carne y por ser una potencia del fútbol, pero en los últimos años ha sorprendido al mundo con leyes que aún resultan impensables en otras muchas naciones, entre ellas la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana o una norma que reconoce los derechos de las personas trans. Estas y otras leyes progresistas han sido aprobadas bajo el gobierno del izquierdista Frente Amplio, partido que asumió el poder en 2005, cuando el país trataba de recuperarse de la grave crisis de 2002.

A diferencia de otras naciones latinoamericanas, Uruguay no solo cuenta con una democracia estable, sino que además ha experimentado un avance importante en derechos laborales, creciendo de forma notable el salario mínimo (hasta alcanzar los 375 euros, aproximadamente) y las pensiones, si bien es un país muy caro y es común tener varios empleos para poder llegar a fin de mes.

Este pequeño país de 3,5 millones de habitantes también se ha ganado esa buena fama mundial por haber tenido un crecimiento económico ininterrumpido durante los últimos 16 años, con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,6% en 2018 y un 2,7% en 2017, según datos oficiales.

Su clase media es, además, la más grande de América Latina –un 60% de la población– y, de acuerdo a la organización Transparencia Internacional, es la nación menos corrupta de la región.  En cuanto a la pobreza y la indigencia también se redujeron notablemente si se compara desde 2006, aunque cabe señalar que en 2018 la cantidad de personas que no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas aumentó levemente. Además, según el censo realizado por el ministerio de Desarrollo Social, el número de personas en situación de calle en Montevideo creció un 18% en los últimos tres años, pasando de 1.651 en 2016 a 2.038 en 2019.

Pese a los logros alcanzados en los últimos tres lustros, el Frente Amplio se enfrentará este 27 de octubre a los comicios más difíciles desde que llegó al poder, pues hay problemas importantes sin resolver y un descontento palpable con la coalición gobernante.

"15 años de gobierno se empiezan a sentir cuando hay problemas que no se resuelven y además hay una oposición que está mejor organizada, con una propuesta mucho más creíble y candidatos más jóvenes. Es una elección que se va a resolver por un margen muy estrecho", explica a eldiario.es Daniel Chasquetti, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de la República (Udelar).

Además, aunque la corrupción en Uruguay es mucho menor que en otros países latinoamericanos, el Frente Amplio también ha estado envuelto en casos sonados como la disolución de la aerolínea nacional Pluna o el mal manejo de las finanzas en la petrolera estatal Ancap. De hecho, en 2017 el vicepresidente Raúl Sendic renunció por haber utilizado de forma indebida tarjetas corporativas cuando dirigía Ancap.

Sin embargo, a diferencia de otros países como Brasil, donde el odio contra el izquierdista Partido de los Trabajadores creció mucho debido a los escándalos de corrupción en los que se vio involucrado, en Uruguay el Frente Amplio no se ha desplomado y, de hecho, la coalición de izquierdas lidera las encuestas en intención de voto.

Uno de esos desafíos que deberá abordar el nuevo Gobierno es la situación en materia de seguridad, ya que los delitos y la criminalidad se han disparado en todo el territorio.

Según datos del Ministerio de Interior, en 2018 los homicidios aumentaron un 46% respecto al año anterior, mientras que los robos crecieron un 54% y en casi el 70% de esos casos se utilizaron armas de fuego. Los hurtos también aumentaron un 44% respecto a 2017 y la mayoría fueron de casas.

"Es innegable que han aumentado ciertos delitos y hay una preocupación en la población uruguaya respecto a estos temas y, en ese sentido, hay una demanda de que el Gobierno se haga cargo", dice Chasquetti. Llama además la atención la elevada tenencia de armas de fuego en el país. Según el informe de la ONG Small Arms Survey, Uruguay lidera el ranking de América Latina en cuanto a proporción de armas por habitante, al haber 34,7 por cada 100 habitantes, lo que supone más de un millón en manos de civiles.

Otro de los desafíos que deberá abordar el nuevo Gobierno es el déficit fiscal que, al subir casi al 5% del PIB en julio pasado, alcanzó el peor registro de las tres últimas décadas.

"No alcanza para sustentar el Estado de bienestar que el gobierno pretende desarrollar. Más de la mitad de ese déficit fiscal se debe a la creación de unas políticas de inclusión social fuertes que tienen que ver con la salud y la seguridad social y sostener ese Estado de bienestar exige tasas de crecimiento más altas o un recorte de gasto público y ninguno de los partidos en competencia se plantea un ajuste fiscal severo", señala el politólogo.

En su opinión, la forma de evitar un ajuste fiscal dramático es crecer más y "para eso se necesita abrir mercados, tener mejor productividad y más atractivos para la inversión extranjera", añade.

Si bien esos son dos problemas centrales, el país tiene otros retos urgentes como es la violencia machista y la alta tasa en la deserción de estudiantes en educación secundaria.

Respecto a la violencia machista, hasta el 10 de octubre un total de 26 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas, exparejas o familiares, según datos de la Coordinadora de Feminismos de Uruguay, una organización que recopila desde hace años los feminicidios que se producen en el país.

En una misma semana del pasado mes de septiembre se llegaron a registrar tres asesinatos machistas, situación que llevó a colectivos feministas y organizaciones sociales a pedir al Gobierno que declarase la "emergencia nacional", aunque de poco sirvió. De hecho, la violencia machista ni siquiera fue un tema a analizar en el debate presidencial que tuvo lugar días atrás por primera vez en 25 años.

En 2018 hubo 39 feminicidios y en 2017, 35, según datos de esa misma organización. Se trata de cifras muy elevadas, teniendo en cuenta que Uruguay tiene una población de 3,5 millones de habitantes y que existe una ley integral contra la violencia  machista.

En cuanto a la educación secundaria, según datos del Banco de Desarrollo de América Latina, seis de cada diez adolescentes no terminan el instituto en Uruguay, lo que supera la media de la región.

"El país se ha rezagado mucho y tiene dificultades para conseguir que los jóvenes terminen la educación secundaria. Las tasas de cumplimiento de esos programas se han estancado y hemos sido superado por otros países", indica Chasquetti a eldiario.es.

En materia de derechos humanos, pese a los importantes avances que ha habido, el estado uruguayo sigue manteniendo una deuda con las víctimas de la dictadura (1973-1985). En Uruguay hay cerca de 200 desaparecidos y sus familiares, quienes critican el pacto de silencio del Ejército respecto a los crímenes cometidos en esa época, siguen a día de hoy reclamando justicia.

Este domingo unos 2,7 millones de personas están llamadas a las urnas en Uruguay para elegir a su nuevo presidente y a los miembros del Parlamento. Un total de once postulantes –todos hombres– participan en la contienda, pero solo cuatro destacan en intención de voto.

El candidato del Frente Amplio, el ingeniero Daniel Martínez, se sitúa el primero en los sondeos con cerca del 38% de los apoyos, según la última encuesta de Cifra. Con amplia experiencia en la administración pública, fue presidente de Ancap, ministro de Industria y Energía y alcalde de Montevideo desde julio de 2015 hasta abril de este año.

El segundo puesto en intención de voto, con un 27% de acuerdo a ese mismo sondeo, lo ocupa Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (derecha). Con 46 años, es el candidato más joven, si bien también cuenta con una amplia trayectoria política como diputado y senador. Esta es la segunda vez que se presenta a las elecciones.

El economista Ernesto Talvi, del conservador Partido Colorado, ocuparía el tercer puesto, con cerca del 11% de los apoyos. Pisándoles los talones, con un 10%, se sitúa en cuarta posición el ultraderechista y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, del recién creado Cabildo Abierto. Ambos se estrenan en la contienda electoral como candidatos.

Todas las encuestas pronostican que este domingo ninguno de los postulantes conseguirá más del 50% de los votos necesarios para convertirse en presidente y, por tanto, habría una segunda vuelta entre los dos partidos más votados el próximo 24 de noviembre.

Este domingo, además, el país vota una reforma constitucional que pretende, entre otras medidas, militarizar la seguridad pública, habilitar los allanamientos nocturnos, endurecer las penas e instaurar la prisión perpetua revisable.