Los uruguayos han dicho "no" a los militares en las calles y han rechazado la reforma constitucional que buscaba que al menos 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas actuaran en la seguridad pública. La iniciativa, que necesitaba un 50% de los votos para ser aprobada, se ha quedado en el 46%. Ha sido votada coincidiendo con las elecciones generales este domingo, que han acabado en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, Daniel Martínez del Frente Amplio (izquierda) y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha).

Los movimientos sociales, la negativa de todos los aspirantes a la presidencia de apoyar esta medida –incluido el del Partido Nacional de Lacalle, pese a que la reforma fue planteada por un compañero suyo–, y la actuación de los militares en Chile han sido algunas de las razones que han llevado a la población uruguaya a rechazar la adopción de esta medida.

La propuesta surgió a principios de 2018 por parte del senador del opositor PN Jorge Larrañaga ante el incremento de los delitos en Uruguay que, según cifras del Ministerio del Interior, estaban en el primer semestre de 2019 en 15.819 robos y 171 homicidios.

Entre los cuatro puntos de la iniciativa 'Vivir Sin Miedo', los dos primeros eran habilitar los allanamientos nocturnos –algo que se prohíbe desde la primera Constitución de 1830– y el cumplimiento total de las penas para delitos graves.

Además, pretendía instaurar la cadena perpetua revisable a los 30 años de reclusión y crear la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad formado por militares para ayudar a la Policía Nacional.

"Este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar ya existe con notable eficacia en países de Europa y Chile", afirmó Larrañaga meses atrás en una cadena nacional para defender este punto.

Uno de los debates fue el hecho de recurrir a una consulta de cambio constitucional para incidir en la seguridad. Esta no es la primera vez que la ley máxima uruguaya pasa por este tipo de procesos con vistas a bajar la delincuencia, puesto que en las elecciones nacionales de 2014 se buscó sin éxito una reforma para bajar la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años.

En este sentido, el director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, Rubén Correa Freitas, explica su postura contraria a la propuesta. "A mí no me gusta el proyecto de reforma constitucional porque creo que le está agregando o incorporando a la Constitución temas que, a mi juicio, no deberían ser de la Constitución", explica.

Para el director, si se hubiese aprobado esta reforma sería un retroceso en derechos humanos para la ciudadanía uruguaya, principalmente debido al punto referido a los allanamientos nocturnos.

"El artículo 11 de la Constitución Uruguaya que viene desde 1830 nunca ha sido modificado. Creo que es una garantía que tienen los ciudadanos en el Uruguay y que no podemos retroceder en esta materia", añade.

Cuando la Corte Electoral aprobó la celebración del plebiscito, todo parecía indicar que la reforma saldría con altos porcentajes de aprobación, sin embargo, esta tendencia se revirtió con el paso de los meses.

Uno de los factores claves fue el colectivo 'Articulación Nacional No a la Reforma' que se abanderó con la idea de que este no era el camino para bajar el delito.

Vídeos, fotos, afiches, conciertos gratuitos y pegatinas para los termos que los uruguayos utilizan para tomar su típico mate fueron solo algunas de las iniciativas llevadas adelante para convencer a la población de votar en contra de la reforma.

Artistas locales e internacionales han posado con el pañuelo del movimiento y también las aficiones de fútbol han colocado en sus tribunas banderas alusivas al tema. La fuerza de estos colectivos quedó demostrada el 22 de octubre, cuando miles de personas marcharon por la céntrica avenida 18 de julio contra de la reforma.

Larrañaga, en tanto, tuvo un cierre de campaña más austero en el Ateneo de Montevideo, donde dio una conferencia de prensa y defendió su proyecto.

El debate sobre la reforma trajo consigo viejos cruces entre los sectores que defienden a los militares uruguayos y quienes han sufrido los abusos de las Fuerzas Armadas en los años previos a la dictadura y en los años que duró el golpe de Estado.

El historiador Aldo Marchesi cuenta que en Uruguay hay "un fuerte componente de antimilitarismo" que ha asociado esta reforma con los comienzos de la dictadura.

Sin embargo, también enfatiza que incluso desde la cúpula militar muchos estaban en contra del plebiscito y eso se ha visto reflejado en que Guido Manini Ríos, el candidato por el partido Cabildo Abierto –de gran apoyo castrense– se oponía.

El también historiador Antonio Pereira explica que esta no ha sido la primera vez que Uruguay ha tenido que decidir sobre los allanamientos nocturnos ya que, en el plebiscito de 1980 –en el que los militares buscaron institucionalizar la dictadura–, uno de los puntos era este.

"En relación a la población civil y la fuerza militar, lo otro que me parece interesante es pensar o plantearse que siempre se discute conectándolo al miedo y la necesidad de orden", considera. Para el experto, que ningún candidato a la Presidencia haya apoyado la reforma habla de que había "valores democráticos" que estaban en juego.

"El plebiscito no sintoniza con esa clave democrática que hay en Uruguay", concluye.