Tres prórrogas, tres. Son las que ha concedido la Unión Europea a Reino Unido para que se marche, para que cumpla con el resultado del referéndum del Brexit de 2016. Las dos primeras fueron a Theresa May; y ésta es a Boris Johnson, quien dijo que prefería "caer muerto en una zanja que posponer el Brexit". Pues bien, al final Johnson se ha visto obligado a pedir la prórroga porque así lo decidió el Parlamento británico: no puede haber Brexit sin acuerdo. Y, a día de hoy, el acuerdo del Brexit no está ratificado por los Comunes.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020.

La propuesta que han aprobado los embajadores de la UE reunidos este lunes por la mañana en Bruselas maneja tres fechas, en función del desarrollo de los acontecimientos en Londres, en función de cuándo apruebe el Parlamento británico el acuerdo de retirada de la UE acordado por Boris Johnson y los líderes de la UE en el último Consejo Europeo, hace diez días.

Y ese es el principal problema, que nunca se sabe cómo van a evolucionar las cosas en Londres. Este mismo lunes se debate la convocatoria de unas elecciones anticipadas, que repercutirá en el debate del Brexit, monotema en la política británica en los últimos tres años.

Así, la UE da un máximo de tres meses, hasta el 31 de enero. Es decir, que el 1 de febrero Reino Unido debería estar fuera de la UE. Pero, si se aprueba el Brexit en noviembre, se marcharía el 1 de diciembre; y si se aprueba en diciembre, el 1 de enero.

El procedimiento, por escrito, no requiere de una nueva cumbre de líderes, de un nuevo Consejo Europeo. Tras la aprobación este lunes por los embajadores de la UE, bastará con el visto bueno de Reino Unido y de los jefes de Gobierno de aquí al 31 de octubre, fecha en la que concluye la prórroga vigente. 

En el documento aprobado este lunes en Bruselas, los Estados miembros establecen que, como Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho hasta que se vaya de la UE, debe proponer un comisario para la nueva Comisión de Ursula von der Leyen, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el 1 de diciembre –si no hay un nuevo retraso–.

Johnson pidió la tercera prórroga el sábado 19 de octubre obligado por una ley aprobada en la Cámara de los Comunes. Sin embargo, pocos días después intentó revocar esa misma petición presentando ante el Parlamento un plan para aprobar el acuerdo de salida y ratificar la legislación necesaria en tan solo tres días y así poder salir de la UE el 31 de octubre. No funcionó.

Como resultado, el primer ministro anunció una moción que se votará este lunes para convocar elecciones anticipadas. De acuerdo con la ley Fixed-term Parliaments Act, Johnson necesita el apoyo de dos tercios del Parlamento para convocar las elecciones. El Partido Laborista se muestra reticente al plan de Johnson porque quiere que antes se descarte por completo la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. La formación de Jeremy Corbyn tiene más de un tercio de los escaños, lo que en la práctica se puede convertir en capacidad de veto.

El Gobierno británico, sin embargo, tendría otra salida para convocar elecciones. Los Lib Dems y el Partido Nacional Escocés, ambos a favor de la permanencia en la UE y de la convocatoria electoral, han presentado un plan al Ejecutivo que consiste en enmendar la ley Fixed-term Parliaments Act para convocar elecciones antes de Navidad. Este plan requiere únicamente mayoría simple. 

Existe una tercera vía, Johnson siempre podría dimitir o presentar una moción de confianza sobre sí mismo. Sin embargo, la ley Fixed-term Parliaments Act señala que esto no desemboca automáticamente en elecciones, sino que los diputados tienen la oportunidad de intentar formar un gobierno alternativo.

Johnson ya recurrió a la estrategia de la convocatoria electoral en septiembre, cuando los parlamentarios aprobaron la ley que le ha obligado a pedir a la UE una prórroga hasta el 31 de enero. Entonces, el Partido Laborista, que llevaba meses pidiendo elecciones anticipadas, votó en contra de la convocatoria por considerarlo una trampa del primer ministro para no cumplir la ley en cuestión.