Una juez de El Salvador requirió al presidente del país, Nayib Bukele, que entregue los archivos del Ejército relacionados con la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (noroeste) durante una operación militar en 1981.
Ovidio Mauricio, uno de los abogados de las víctimas del proceso penal que enfrentan mandos militares retirados, confirmó a periodistas la existencia de dicha orden.
"Nosotros sabemos, y en el proceso se ha evidenciado, que existen esos archivos, a pesar de que lo negaron los anteriores gobiernos", añadió el letrado, miembro de la organización Tutela Legal "María Julia Hernández".
El proceso penal por esta masacre, uno de los ataques contra civiles desarmados más grandes perpetrados por un Ejército en Latinoamérica, es conocido por el juez Jorge Guzmán, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (noroeste).
Mauricio dijo que esperan que Bukele "cumpla esa petición del juez" al entregar los documentos al tribunal o permitir el acceso de autoridades judiciales y expertos a los sitios en los que se resguardan los archivos castrenses.
Añadió que esta misma orden fue dada a las administraciones anteriores.
Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aseguró este viernes durante una conferencia de prensa que aún no ha "visto" la resolución y que "mucho menos me ha llegado".
"Queremos que se sepa la verdad y vamos a luchar porque se sepa la verdad y si hay algún archivo que desclasificar, que esté clasificado y que ahí esté, evidentemente lo vamos hacer", sostuvo.
Añadió que no es necesaria una resolución judicial para que su Gobierno entregue los archivos.
No obstante, diferentes organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la guerra civil (1980-1992) han solicitado al mandatario en varias ocasiones que entregue los documentos relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El medio local El Faro difundió una supuesta copia de la resolución judicial emitida por el juez Guzmán el pasado 24 de octubre.
En dicho documento el juez requiere la entrega, en un plazo de 15 días hábiles, una "copa certificada" del "Plan de la Campaña Militar 1980-1992, en defensa de la libertad y la democracia".
También solicitó el plan de la "Operación Rescate", durante la que se perpetró la matanza en diciembre de 1981.
Guzmán pidió en el documento que, de no ser posible la entrega de los citados archivos, Bukele autorice el ingreso al Archivo General de la Fuerza Armada y Archivo General de la Nación para buscar archivos relacionados con planes militares de la guerra civil.
El juez también requirió que el presidente salvadoreño informe si "en otros archivos de las diferentes unidades militares" se resguardan documentos relacionados con planes y operativos del Ejército ejecutados durante el conflicto armado.
El viceministro de la Defensa, el coronel Ennio Rivera, dijo a Efe el pasado 16 de septiembre que Bukele no ha ordenado al Ejército la entrega de los archivos relacionados con los crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos durante la guerra civil, pese a las constantes peticiones de las organizaciones sociales.
"Él está presto a colaborar que se apoye en las investigaciones, pero no es que haya un directriz especifica (de entrega de archivos) hacia los casos en particular", sostuvo el jefe castrense.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledaños.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
