"Chile cambió" es una frase que a menudo se utiliza en conversaciones coloquiales desde hace décadas, incluso en contextos de bromas entre amigos, deslizando un subtexto importante: no ha cambiado nada. Pero el 18 de octubre, esas dos palabras cobraron un significado diferente. Después de jornadas de protestas pacíficas por parte de estudiantes de instituto debido al alza de treinta pesos del pasaje de Metro y la violenta represión a los adolescentes, la ciudadanía se unió a las movilizaciones. Desde ese día la violencia a manos de militares –que estuvieron en la calle desde el 19 al 27 de octubre, durante el Estado de Excepción– y carabineros ha sido una realidad.

Hasta el 30 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) –organismo autónomo de derecho público que no está bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial– ha presentado 167 acciones judiciales. Cinco de ellas son por homicidio con participación de militares o carabineros, 92 por torturas y 19 por violencia sexual por parte de agentes del Estado. "De ellas, cinco son víctimas hombres, 21 son mujeres y 13 son niños, niñas y adolescentes. En total hay hasta ahora 39 víctimas. Hay querellas que involucran a varias mujeres, cuando las hacen desnudarse juntas en comisarías, por ejemplo", detalla Verónica Del Pozo, del INDH.

Hace una semana, el martes 22, el INDH entregó información sobre uno de los primeros casos. "Una mujer relata haber sido puesta boca al suelo sobre la basura y con el arma de servicio, haber sido amenazada con dispararle si se movía, para luego tocar su cuerpo con el fusil y amenazarla con penetrarla con el arma".

"Hay que tener conciencia de que no es nuevo que cuando las mujeres nos manifestamos recibimos agresiones sexuales por parte de la policía", indica Lorena Astudillo, abogada y vocera de Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres. "Probablemente, el hecho de que la manifestación sea tan masiva y que existan tantas policías reprimiéndolas, signifique que vamos a encontrarnos con muchos mas casos".

La Fiscalía de Chile indicó el pasado miércoles que entre el 18 y 27 de octubre se abrieron 840 investigaciones por denuncias de violencia por parte de agentes del Estado, que incluyen figuras como homicidio, torturas, lesiones graves y violencia sexual. Entre los delitos investigados, hasta el momento, ocho "son presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación, cuatro corresponderían a amenazas de cometer delitos sexuales y 29 a desnudamientos".

Para Astudillo, esta forma de violencia por parte de agentes del Estado viene de largo, pero tampoco se circunscribe solo a la época de la dictadura de Pinochet. "Este tema es algo que hablamos mucho las feministas recordando lo que pasó en dictadura, pero que también hablamos cuando se iniciaron las movilizaciones de estudiantes en 2006, por lo que pasaba con las niñas. Y en 2011, cuando en las comisarías las obligaban a desvestirse".

"Una forma de represión –prosigue la abogada– es tocándoles la vagina, apretando, golpeándoles los pechos y sacándoles la ropa para desnudarlas en las calles y así detenerlas. Cuando explotan en mayo de 2018 las tomas feministas de los colegios y universidades por acoso sexual, también reaparece esta denuncia y comienza a develarse que las mujeres somos agredidas sexualmente en distintos sitios. En nuestras casas, por agentes del Estado, donde estudiamos, donde trabajamos y por fin se evidencia una realidad de la que más de la mitad de la población hacía la vista gorda".

"Esto pareciera como que salió del aire", dice Beatriz Bataszew, sobreviviente de violencia política y sexual durante la dictadura de Pinochet y parte del colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, "pero es importante decir que las feministas (sobrevivientes) tuvimos que salirnos de las organizaciones de derechos humanos y de los partidos políticos y tuvimos que trabajar desde la autonomía con una perspectiva anticapitalista y feminista. Esa es la línea que hoy posibilita que la violencia política y sexual esté en el tapete. Si nosotras hubiésemos seguido dentro de esas organizaciones seríamos solo un sector, como nos llaman".

En Chile existen testimonios de este tipo de violencia durante la dictadura gracias a sus sobrevivientes que, incluso, Bataszew explica que fueron registrando aún dentro de los centros de tortura. También recalca que "desde el punto de vista de la legalidad y de la justicia, estos testimonios no ha tenido ningún valor o significado. La gestión de los partidos de izquierda dentro del Congreso siempre ha dejado el tema de las mujeres, el feminismo y la violencia política sexual fuera".

De hecho, dice, "nosotras planteamos que la ley de tipificación de la tortura tenía que tipificar este delito como autónomo, pero no fue aceptado. Ni siquiera fuimos apoyadas en ese planteamiento. ¿Qué va a pasar ahora? La judicialización de los casos de las compañeras va a ser sobre violencia sexual, pero el componente político de esa violencia, el componente de que son agentes de Estado, va a quedar fuera".

"Para nosotras lo que hoy está pasando, el hecho de que las mujeres y las disidencias sexuales estén poniendo el tema en la mesa y no lo estén normalizando, es la mejor reparación", concluye Bataszew.

Durante el fin de semana del sábado 26 de octubre, además, se produjeron dos casos "en que las personas denunciaron hechos constitutivos de violación", explica la abogada Del Pozo. "Uno es un muchacho estudiante de medicina que denuncia haber sido torturado y golpeado en un bus de carabineros y señaló además que se le introdujo un bastón de servicio en su cavidad anal".

El caso que menciona la profesional es el de Josué Maureira, estudiante de Medicina de la Universidad Católica, quien este fin de semana declaró en diversos medios de comunicación locales que ingresó a un supermercado para ayudar a una persona que pedía auxilio. Estando dentro fue detenido por la policía. "En presencia de diez carabineros que me golpearon, me gritaban que lo asumiera y me obligaron a gritar 'sí, soy maricón'", declaró para TVN. "Entre dos carabineros me bajan los pantalones y me agreden sexualmente. Yo cerré los ojos, no podría decir quién fue, sé quiénes estaban presentes pero no sé quién fue el que lo perpetró. Ahí cerré los ojos y pensé que mi vida se acababa, que no iban a parar hasta que me desangrara".

Boris Bezama, funcionario del INDH confirmó que la querella por este caso fue interpuesta el sábado y que el domingo 27 se interpuso otra de un joven que denunció haber sido torturado y violado durante dos horas por carabineros, para luego ser abandonado en la esquina de las calles Nataniel Cox y Moneda, a pocos pasos del palacio presidencial. Él mismo difundió un vídeo junto a trabajadores del organismo, a través de sus redes sociales.

"ABOFEM en tu Barrio" es una actividad que la organización de Abogadas Feministas realiza dos veces al mes, hace más de un año. "Damos asesoría gratuita a mujeres con enfoque de género, mujeres heterosexuales y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Evidentemente, por el contexto que estamos viviendo decidimos abrir esta actividad en un horario mucho más amplio para recibir a víctimas de violencia sexual", explicó este fin de semana Rebeca Zamora, en una casona del centro de Santiago.

Rebeca es socia de ABOFEM, miembro de la comisión de litigación estratégica y abogada a cargo de la coordinación nacional de la representación que se está haciendo a las víctimas de violencia sexual en el contexto del estado de excepción.

"Nosotras ya contamos con un número importante de denuncias de este tipo, vejámenes al momento de las detenciones o en los controles. Tenemos denuncias de amenazas de agresiones sexuales, violación principalmente, a mujeres y niñas. Tenemos casos de menores de edad, todo esto por parte de carabineros y militares", puntualiza. "Tenemos más de doce denuncias y estamos procesando otras porque hemos recibido a través de nuestras redes sociales muchas. Lo que estamos haciendo es entrar en contacto con las víctimas y solicitar los antecedentes que necesitamos para una querella".

"Hay víctimas que están muy asustadas, personas que nos están contando que siguen recibiendo amenazas o que están siendo intimidadas para no hacer denuncias. Hay muchos casos de desnudamientos, que no están dentro de los protocolos que tienen que cumplir carabineros. En estos, además, se les obliga a las mujeres a hacer sentadillas y se les revisa su cavidad vaginal para ver si tienen algún implemento, cuestión que está al margen por completo de nuestro derecho nacional y del derecho internacional. Las amenazas son de violación, de penetrar a las personas con armamento y también hay amenazas machistas y denigrantes para las mujeres, con el solo objetivo de amedrentarlas".

Dentro de los casos se encuentra un ataque lesbofóbico "por parte de Fuerzas Armadas, a dos lesbianas que se estaban manifestando en Antofagasta. Fueron agredidas en una manifestación porque caminaron de la mano", explica Zamora. "Es muy importante visibilizar esa violencia, que es una violencia especial, es un riesgo distinto, no más o menos importante, pero sí un riesgo distinto. Hay que tener presente ese enfoque LGBTIQ+ en este contexto. En Chile tenemos casos de violaciones correctivas que no están sancionadas de esa manera en nuestro ordenamiento jurídico y es muy probable que hoy día las miembras de esta comunidad se enfrenten también a esas situaciones".

"La violencia contra la comunidad LGBTI siempre se ha dado, pero en estos contextos es donde más se demuestra la vulneración de derechos sobre todo a los cuerpos que son diversos y que además lo muestran, hay casos de agresión por expresión de género. Tenemos una policía que no ha cambiado desde los ochenta y ahora nos encontramos, además, con que estos cuerpos diversos están mucho más visibles, y que están presentes en estas manifestaciones porque también son afectados por este sistema", explica Érika Montecinos, fundadora de la organización lésbica Rompiendo El Silencio, que se encuentra coordinada con ABOFEM para derivar los casos para su judicialización.

"Nos han llegado muchas denuncias a partir de las cuales hicimos un acercamiento y la víctima está intimidada, asustada o está viviendo una situación mucho más compleja y todavía no nos entrega los antecedentes. Vamos a seguir actualizando esa información con el cuidado y respeto a esas víctimas. Nos da la impresión de que va a haber muchos casos más", indica Zamora y agrega que "hasta ahora no conocemos ningún caso en el que se haya dado de baja a algún funcionario con antecedentes de haber participado en este tipo de hechos", explica Zamora.