La asambleísta Lourdes Cuesta tildó este lunes de "impresentable" el veto del Ejecutivo al registro de violadores y abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, aprobado en agosto pasado de forma unánime por el Parlamento, lo que traslada el asunto a la Corte Constitucional ecuatoriana.
El Ejecutivo argumentó que el mencionado registro acarrea una inconstitucionalidad pues discrimina a los violadores de menores porque atenta contra su derecho al trabajo, explicó Cuesta a Efe tras tildar de "impresentable" la decisión.
"Hay que dejar claro que no se atenta contra el derecho al trabajo porque no es un registro público y porque la inhabilidad para trabajar es única y exclusivamente en actividades relacionadas con niñas, niños y adolescentes", explicó la legisladora.
Según el proyecto de ley, quien haya cumplido la condena impuesta por haber cometido un delito contra la integridad sexual de los pequeños "puede trabajar en lo que guste", afirmó.
El límite -subrayó- es trabajar con menores "porque lamentablemente los pederastas no se rehabilitan, buscan nuevamente niños que son quienes les despiertan el impulso sexual, para volverlos a lastimar. Los casos de reincidencia son muy elevados".
La asambleísta recordó que existe una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hace una diferencia entre discriminación y distinción.
"Acá lo que hacemos es distinguir un grupo peligroso para otro grupo que necesita mayor protección del Estado y la sociedad", dijo al apuntar que el certificado que se emite a través del registro -según la propuesta del Legislativo-, sólo lo pueden solicitar quienes deseen contratar personal para trabajar directamente con menores, como escuelas o academias de fútbol, entre otros.
Basada en datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Cuesta sostiene que "en Ecuador, uno de cada diez niños, sin distinción de sexo, ha sido abusado sexualmente", mediante prácticas como el acoso, tocamiento, violación.
"Lamentablemente no tenemos en el país información consolidada de todos los casos de abuso sexual. Entre el año 2014 y el 2018 se dieron 7.500 denuncias de abuso sexual a niños", añadió al citar datos de la Fiscalía y del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
La legisladora cree que ahora se presentan más denuncias porque la sociedad "está teniendo mayor conciencia y empatía" para, entre otros asuntos, no señalar a la víctima "pues muchas veces no se denuncia por vergüenza, por miedo a ser estigmatizados".
De acuerdo con datos de Unicef, "solamente el 15 por ciento de los casos son judicializados", expuso.
"Me llama la atención el veto porque aquí prevalece el derecho de alguien que ha agredido a un niño, una niña, sobre los mismos niños, sobre ese grupo vulnerable", comentó a Efe.
Además, comentó que le parece "grave" que el Ejecutivo "se vaya en contra" del Legislativo que aprobó "por unanimidad" (110 votos de 110 presentes) el proyecto de Ley de Registro Nacional para Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes (REVAAS).
"El Ejecutivo nos está diciendo a la Asamblea Nacional que no conocemos la Constitución, que no analizamos legislación comparada porque este tipo de leyes existen en otros países como Francia, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Uruguay, Nicaragua, Perú, México", enumeró.
De los diez artículos que tiene el proyecto de ley REVASS, el Ejecutivo ha vetado nueve y todas sus disposiciones transitorias, y ha cambiado la redacción de un artículo "estableciendo que exista sí inhabilidad para ejercer cargo u oficio", dijo al agregar que "prácticamente toda la ley está vetada por inconstitucional porque toda la ley hace referencia a la creación de este registro".
El Ejecutivo presentó el veto la víspera del festivo de cuatro días, que termina hoy, y ahora se debe esperar el dictamen de la Corte Constitucional, que tiene treinta días para pronunciarse.
Un dictamen que se debe acatar sin opción a debate o votación, indicó la integrante de la Comisión de Justicia del Parlamento, institución que tiene diez días para elaborar un informe de defensa de su proyecto de ley.
