La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está promoviendo que más países reconozcan el derecho a la alimentación en su normativa, después de que 30 Estados lo hayan incorporado de forma explícita en sus constituciones.
En 2004, los miembros de la FAO aprobaron las directrices para apoyar la realización del derecho a la alimentación, unas normas de referencia que son voluntarias, aunque las obligaciones emanen del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, explicó a Efe el especialista de la agencia Juan Carlos García Cebolla.
El experto destacó que, en estos quince años, las directrices han empujado a los gobiernos a expandir sus políticas y dialogar con otros actores.
“Países de contextos y regiones diferentes han ido incorporando algunos de los elementos de esas normas, no necesariamente todos, y manejándose para resolver las dificultades” que se presentan, señaló.
Una reciente publicación de esa agencia recopila decenas de ejemplos en los que se han tomado medidas para incluir el derecho a una alimentación adecuada en la constitución, aprobar leyes sobre ese mismo derecho y avanzar en el diseño de políticas que integren algunos de los principales elementos de las directrices.
Hasta la fecha, 30 países han reconocido explícitamente el derecho a una alimentación adecuada en sus constituciones, aunque no se dispone del número total de naciones que han adoptado las directrices de alguna manera.
A juicio de García Cebolla, al frente del equipo del derecho a la alimentación en la FAO, las directrices rompieron con las ideas uniformes del llamado Consenso de Washington, un conjunto de recomendaciones de corte neoliberal que el economista estadounidense John Williamson definió en 1989 y que se dirigía a los países pobres.
“Las directrices reconocen que cada país necesita encontrar una solución adaptada a su contexto y ofrecen un menú muy amplio de políticas, entrando en áreas que hasta ese momento los países se resistían a ligar a la seguridad alimentaria como la protección social”, dijo el especialista.
García Cebolla puso el ejemplo de los países de América Latina, “que vieron que había que expandir las políticas, algo que no podían hacer ellos solos”, por lo que optaron por generar más consensos para que éstas fueran sostenibles e implicar a más actores como la sociedad civil.
En esa región fueron creados la Iniciativa de América Latina y el Caribe sin hambre 2025 y los frentes de parlamentarios, promotores de más de 50 iniciativas legislativas que han dado lugar a la aprobación de 23 leyes y tres enmiendas constitucionales destinadas a erradicar el hambre.
Según el experto, las directrices sobre el derecho a la alimentación también “anticiparon mucho de la Agenda 2030”, elaborada por la comunidad internacional en 2015 para un desarrollo sostenible, pues incluyen principios de derechos humanos y recogen la importancia de empoderar a la sociedad para lograr cambios.
A nivel mundial, García Cebolla también se refirió a aquellos países ricos que no sintieron la necesidad de reconocer el derecho a la alimentación, que ya estaba dentro de sus estándares de vida, y ahora están debatiendo que “el acceso a una dieta adecuada no va a ocurrir si no está explícito en las políticas y marcos legales para que todos lo vean”.
“La nueva pobreza y la vulnerabilidad van a tener que ver con la degradación del medioambiente, el cambio climático y la incidencia del sobrepeso. Eso llevará a una nueva marginalidad que tocará a gente de sectores sociales muy distintos que puede pensar que está protegida por su nivel económico”, sostuvo.
