La muerte de nueve miembros no es la única tragedia que enluta a la comunidad mormona en La Morita, estado mexicano de Sonora, por lo que algunos integrantes analizan buscar la tranquilidad en Estados Unidos ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia es una amenaza constante para esta comunidad y antes de la masacre de sus nueve miembros, habían perdido a dos integrantes que salieron a comprar suministros y jamás regresaron, dijo en entrevista con Efe el exalcalde del municipio de Bavispe, Adam Langford.
“Les quitaron el carro, los mataron, están desaparecidos, les robaron 80.000 pesos (unos 4.188 dólares) que llevaban para comprar gasolina, el crimen quedó impune", comentó el funcionario.
La tragedia alcanzó su punto más alto a principios de esta semana, con el asesinato de tres mujeres y seis niños, además de cinco heridos, a manos de un comando de sicarios.
Ante esta situación ya son varias las familias de la comunidad que han externado que ya no se sienten seguros en México, como algunas familias de La Morita, que ya decidieron mudarse a Europa o Estados Unidos.
Otro número importante de mormones está pensando en dejar de manera definitiva el territorio que habitan entre Chihuahua y Sonora.
“Creemos que somos individualmente responsables por hacer valer nuestra libertad, el hecho de que vivamos rodeados por personas armadas, con rifles americanos de última tecnología y a nosotros no se nos permita ni tener con qué defendernos”, comentó Julián LeBarón.
Habitantes de Bavispe advirtieron que el éxodo de los mormones de las comunidades La Morita, Le Barón y Galeana, sería un golpe para todos los residentes de esta región porque la relación de vecindad es muy positiva, se generan fuentes de empleo y económicas.
Para garantizar justicia y combatir la sensación de impunidad entre los pobladores, el Gobierno de Sonora exhortó a la Fiscalía General de Justicia para que se solicite formalmente el apoyo del Buro Federal de Investigaciones de Estados Unidos, aprovechando la buena relación con el gobernador de Arizona, Doug Doucey.
Además de esta solicitud de apoyo al FBI, el Gobierno de Sonora pidió a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del estado que realice copias por triplicado del expediente pericial para entregárselos a la Fiscalía General de la República.
En caso de que se prueba la posible comisión de los delitos incluidos en el Código Penal Federal por delincuencia organizada y armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República se vería obligada a atraer el caso.
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, anunció que se decidió aceptar el respaldo de las autoridades estadounidenses después de las reuniones que sostuvo esta semana con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau y el gobernador de Arizona, Doug Ducey.
Estos funcionarios ofrecieron colaborar de manera conjunta, en un marco de respeto constitucional, y por ello se solicitó a la fiscal del estado de Sonora, Claudia Indira Contreras, hacer efectivo el acuerdo de colaboración con Estados Unidos para que se respalde y fortalezca la investigación.
UNA EQUIPO "ESPECIAL" INVESTIGA EL CASO
Si bien la versión oficial hasta el momento considera que la masacre fue fruto de una confusión de un grupo armado, en las últimas horas el familiar Adrián LeBarón ha afirmado que la matanza se llevó a cabo para "dejar un mensaje".
"No fue un ataque hacia nosotros, pero no hay confusión, a alguien le están queriendo lanzar un mensaje y utilizaron a nuestra familia", dijo a medios locales.
Cuestionado sobre este tema, López Obrador aseveró este viernes que se ha integrado un equipo de investigación para "hacer justicia" y que analizan "todas las hipótesis".
"No se descarta nada, pero se está trabajando y recogiendo información" y se ha creado un "equipo especial" a cargo de las pesquisas, concluyó.
