Se aproxima un terremoto en Brasil tras la puesta en libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. "Necesitaba resistir para luchar contra el lado podrido del Estado, de la Policía Federal, del Ministerio Público, de la Justicia. Trabajaron para criminalizar a la izquierda, a Lula y al Partido de los Trabajadores", ha dicho a las puertas de la cárcel, rodeado de cientos de seguidores.

Su pena de prisión, según el Tribunal Supremo, era inconstitucional, ya que aún contaba con posibilidades de recurso y que debe prevalecer hasta el final la presunción de inocencia. La respuesta a las tres cuestiones de constitucionalidad que analizaba la Corte ha volteado el panorama político brasileño, removiendo pasado, presente y futuro.

Los avisos más clarividentes de cambio de paradigma aparecieron hace 11 meses, en los últimos días de 2018. Varios miembros del Supremo, entre ellos Marco Aurélio Mello, comenzaron a tener dudas sobre la ejecución de la pena de prisión en segunda instancia, puesta en práctica hasta ahora en Brasil. Otros, como Celso de Mello, siempre han opinado que el acusado debería tener derecho a completar todo el ciclo de defensa.

Desde entonces, la discusión se ha ido posponiendo, los pareceres han ido variando, reajustándose, hasta que anoche, por seis votos a cinco, nació una nueva jurisprudencia que marcó el camino.

Lula da Silva, según los seis jueces que formaron mayoría, no debía estar en una celda –lo estaba desde abril de 2018–, al igual que aproximadamente otros 5.000 reclusos por todo Brasil. La sentencia originada tras el afilado debate posee efecto vinculante para todos los tribunales de todos los estados. Por eso, este viernes el expresidente brasileño ha salido en libertad. 

Se frena la prisión automática tras las condenas en segunda instancia –sigue existiendo la figura de prisión provisional para los casos específicos que dicta la ley–. Para la pena de prisión habrá que esperar hasta que se agoten los recursos y la condena sea firme.

En cuanto a las consecuencias retroactivas, las liberaciones no tendrán carácter inmediato, ya que ha de mediar primero una solicitud ante el tribunal de segunda instancia que firmó cada condena. Cada juez tendrá que tramitar la documentación correspondiente. Pocas dudas hay en el episodio que envuelve a Lula da Silva. Tan solo la fecha exacta del momento histórico de su liberación.

El Partido de los Trabajadores y el equipo de defensa del expresidente no han perdido ni un solo segundo: este mismo viernes, según han afirmado los abogados Cristiano Zanin y Valeska Martins, ya han presentado la petición para su inmediata puesta en libertad ante el Tribunal Federal Regional que le condenó.

El equipo de Lula insistía, además, en la petición de habeas corpus que solicita la declaración de nulidad de todo el proceso que le llevó a prisión, en virtud de la supuesta parcialidad del exjuez Sérgio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato. Moro es hoy ministro de Justicia del ejecutivo de Jair Bolsonaro.

Lula da Silva permanecía preso en la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba desde hacía 579 días, "injustamente y de forma incompatible con la ley y con la Constitución de la República, como siempre dijimos", finalizaba una nota de su defensa.

El movimiento Lula Libre, extendido por todo Brasil y con apoyos internacionales, ha llegado a la meta, aunque su gran victoria llegaría con esa nulidad del proceso, algo vital para buena parte de la izquierda brasileña. Lula retomaría de ese modo la elegibilidad como cargo público.

El exmandatario fue apartado de las últimas elecciones en base a la Ley de la Ficha Limpia –y la imposibilidad de presentarse como candidatos a aquellos que han sido condenados en segunda instancia–. El Partido de los Trabajadores, que fue precisamente el que en su día redactó la normativa, alegó una y otra vez que la imposibilidad tenía excepciones siempre y cuando, al igual que en la actual sentencia del Supremo, restaran recursos por delante.

La Justicia, con una maquinaria tan pesada en la mayoría de las ocasiones, actuó de forma vertiginosa para apartarle de la carrera presidencial. Eso también le extrañó, y mucho, al Partido de los Trabajadores.

Nada que celebrar tenía el grupo de trabajo que articula la Operación Lava-Jato anticorrupción (encabezado por Deltan Dallagnol) tras el cambio de rumbo del Supremo. Los representantes de la Fiscalía de la ciudad de Curitiba, centro neurálgico de las investigaciones, han lamentado el veredicto a través de un comunicado: "La existencia de cuatro instancias en el proceso judicial, caso peculiar de Brasil, asociada al número excesivo de recursos, que llegan a superar la centena en algunos casos delictivos, resulta en demora y prescripción, acarreando impunidad".

Que esta sentencia signifique riesgo de impunidad es lo que se empeñó en descartar en su voto definitivo –desniveló el empate a cinco– el presidente del Supremo, Dias Toffoli, quien recordó la eficacia, por ejemplo, del Caso Mensalão. Una veintena de altos cargos fueron condenados por la Corte Suprema en 2013 por corrupción activa, corrupción pasiva, blanqueo de capitales y evasión de divisas, entre otros delitos.

También declaró Dias Toffoli en una comparecencia posterior ante los medios de comunicación que el Congreso tiene en su mano redefinir este nuevo paradigma, mediante una propuesta de enmienda a la Constitución. Se baraja la posibilidad de fijar las ejecuciones de pena de prisión tras condena en tercera instancia, como término medio.

Los seguidores de Lula da Silva –centenares de ellos ya salieron a festejar anoche esta nueva era que se estrena– sueñan con verle recorrer el país, con 74 años, retomando el apoyo que le otorgaban todas las encuestas de intención de voto en las elecciones presidenciales de 2018 y reactivando una oposición a la deriva.

Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el candidato favorito encarcelado, aguarda en el otro lado del tablero, realizando movimientos de manual en cuanto se le presenta la ocasión. El penúltimo fue la semana pasada, cuando el líder ultraderechista envió al ministro Moro y al fiscal Dallagnol a las dependencias policiales donde está preso Lula, con motivo de la inauguración de una nueva unidad de investigación.

El Partido de los Trabajadores lo consideró "una provocación indecente". El último movimiento fue tres días antes de este veredicto del Supremo: agentes de la Policía Federal, dirigida por Moro, accedieron a la celda de Lula a las seis de la mañana para convocarle a declarar como testigo en un caso de posible corrupción que implica a miembros del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Lula calificó la acción policial de "payasada".