La Fiscalía General de Bolivia anunció este domingo el inicio del procesamiento de los miembros del Tribunal Supremo Electoral por "presuntos hechos irregulares", después de que el presidente del país, Evo Morales, anunciara nuevas elecciones tras un informe de la OEA que instó a otros comicios.
Un comunicado de la Fiscalía advierte de que las irregularidades "muy graves" detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) pueden conllevar "ilícitos penales y electorales vinculados al cómputo de los resultados oficiales".
La Fiscalía Departamental de La Paz, donde tiene su sede central el tribunal electoral, tiene la instrucción de iniciar "de inmediato" las acciones legales para el procesamiento y "juzgamiento" de los vocales del órgano que realizó el proceso de los comicios del pasado 20 de octubre.
Estas acciones incluirán también a otros posibles "autores y partícipes de estos presuntos hechos irregulares", añade la nota.
Una comisión de fiscales especializados a cargo del área de investigación de la fiscalía se encargará de los trámites necesarios, como los requerimientos y la determinación de medidas cautelares, según la fiscalía.
Los fiscales de las nueve regiones del país tienen orden de iniciar acciones penales contra los vocales y "servidores públicos que corresponda" de cada delegación departamental del tribunal.
La OEA emitió a primera hora del día un informe que advierte de serias de irregularidades en el cómputo de resultados de los comicios, tras los que el órgano electoral dio vencedor a Morales para un cuarto mandato consecutivo.
"El equipo auditor no puede validar los resultados (..), por lo que se recomienda otro proceso electoral", señala el informe.
El presidente comunicó posteriormente, aunque sin citar el informe del organismo internacional, que habrá nuevas elecciones en aras de "pacificar" el país, inmerso en una grave crisis desde que al día después de la votación comenzaran las sospechas de fraude.
Al menos tres personas han fallecido y 421 han resultado heridas desde entonces en enfrentamientos ente partidarios y detractores del mandatario, según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
