La Asamblea Legislativa de El Salvador está cerca de caer en desacato de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló una ley de amnistía de 1993, al no crear una ley en beneficio de las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad.
La referida sentencia, emitida en 2016, daba como plazo inicial el 13 de julio pasado, pero la misma sala amplió el período hasta el 13 de noviembre próximo para crear la legislación.
Wilfredo Medrano, miembro de Tutela Legal "María Julia Hernández", dijo a Efe que si el órgano Legislativo no cumple con el plazo "caerían en desacato" e indicó que se espera que los diputados soliciten "de última hora" una nueva prorroga para "quitarse ese peso de encima".
Tras ampliar el plazo en julio pasado, los jueces constitucionales advirtieron a los legisladores que dicha ley debe respetar los parámetros establecidos en la sentencia y que deben tomar en cuenta la opinión de los sobrevivientes de las violaciones a derechos humanos.
La Comisión Política, encargada del análisis de la ley, acordó la tarde del lunes mantener "abierta" su sesión para decidir si dan el visto bueno a la propuesta que discuten actualmente para que sea votada en el pleno del Congreso o solicitan al Supremo un nuevo plazo.
Diferentes organizaciones sociales han cuestionado a esta comisión por discutir al menos tres proyectos que, a su juicio, buscan amnistiar nuevamente los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El último proyecto, denunciaron ayer más de 20 organizaciones, busca que las decisiones administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR) puedan otorgar el estatus de "cosa juzgada" a los casos, contrario a lo que establece la legislación salvadoreña, la cual solo otorga este poder a los fallos judiciales.
De acuerdo con los activistas, el proyecto también estipula dar "beneficios carcelarios para evitar el cumplimiento real de las penas", resta valor a los archivos históricos como pruebas y la reparación a las víctimas que establece "no responde a los estándares" dictados en la referida sentencia de 2016.
"La propuesta que está discutiendo la Asamblea Legislativa no reúne las condiciones que estableció la Sala de lo Constitucional", aseguró este martes a periodistas Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (Fespad).
Esta cuestionada iniciativa tiene el apoyo de las derechistas Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).
Por su parte, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el partido Cambio Democrático (CD) se comprometieron este martes en apoyar una iniciativa presentada por representantes de las víctimas y sobrevivientes.
La anulación de la amnistía de 1993 ha permitido la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).
Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por el crimen de los jesuitas, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por ejecutar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.
Benavides es el militar de mayor rango condenado por estos delitos y la Corte Suprema de Justicia, pese a que no permitió su extradición a España, le ha negado el beneficio del indulto y la conmutación de la pena, dado que el crimen que cometió es considerado de lesa humanidad.
