Un fiscal imputó este jueves al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y a varios de sus ministros por el "posible menoscabo de la soberanía nacional" incurrido en negociaciones con el Reino Unido respecto a las islas Malvinas, cuya soberanía ostentan los británicos pero históricamente reclama el país suramericano.
En una resolución a la que tuvo acceso Efe, el fiscal Jorge di Lello pidió al juez Luis Rodríguez iniciar formalmente una investigación contra el mandatario -que dejará el poder el próximo 10 de diciembre tras perder las elecciones frente el peronista Alberto Fernández-, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el canciller, Jorge Faurie; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y el exministro del mismo ramo, Juan José Aranguren.
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS Y VUELOS A LAS ISLAS
Di Lello hizo lugar a una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras por supuestas "irregularidades advertidas" en el manejo de la relación bilateral entre Argentina y Reino Unido por parte del Gobierno de Macri, desde que tomó posesión en diciembre de 2015.
En concreto, se hace referencia a un "comunicado conjunto" suscrito entre las cancillerías de ambos países en septiembre de 2016, al considerar que esa nomenclatura en realidad pretende esconder un convenio o acuerdo de entendimiento y debió haber sido tratado por el Congreso.
En aquel texto, elaborado durante la visita a Buenos Aires del ministro de Estado británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, los Gobiernos de Macri y la entonces primera ministra británica Theresa May acordaron establecer un "diálogo" para "mejorar la cooperación" en todos los asuntos "de interés recíproco" del Atlántico Sur, donde se ubica el archipiélago de Malvinas.
Se acordó así adoptar "las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos" y potenciar el restablecimiento de los vuelos directos desde territorio continental argentino a las islas Malvinas.
Para la denunciante, esto supuso ceder a la "potencia usurpadora" no solo los "recursos mencionados", sino que se la coloca "en absoluta ventaja estratégica".
Tras ese "comunicado conjunto" -que el Gobierno de Macri defendió para mejorar el diálogo con el Reino Unido sin renunciar a la soberanía de las Malvinas-, se aprobó un decreto autorizó a la empresa brasileña Latam a explotar servicios regulares en rutas aéreas que comprenden las islas del Atlántico Sur, lo que para Carreras significa "una renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo argentino".
OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
Según expuso el fiscal, la investigación busca determinar si la conducta de los funcionarios que participaron en las negociaciones y finalmente firma del comunicado -entre Duncan y el entonces vicecanciller argentino, Carlos Foradori- resulta penalmente relevante.
"Cualquiera sea la forma del instrumento, debería haber pasado por el Congreso para su tratamiento", remarca Di Lello, que apunta a que tras aquella negociación "se habrían materializado concursos Internacionales sobre áreas de explotación y exploración de recursos naturales nacionales, otorgando primacía a empresas de origen inglés", razón por la que corresponde efectuar una "investigación en torno a la licitud de las adjudicaciones".
Como conclusión, el fiscal señala que existe una "obligación institucional" por su parte, ante el "posible menoscabo de la soberanía nacional", de adoptar "medidas urgentes" para "preservar" al Estado Argentino de "posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional".
También pidió al juez suspender el primer vuelo de Latam a la islas previsto para este mes.
"Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujeto a investigación en los términos antes aludidos", concluye Di Lello.
