La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en incidentes en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre y el golpe de Estado que llevó a Evo Morales a renunciar a la presidencia del país.

"Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", informó esta entidad en Twitter.

La CIDH explicó en la red social que actualiza las cifras de víctimas en Bolivia después de que "desde ayer [el viernes] son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas".

? CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT

Estos datos actualizados se refieren a víctimas en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis.

Evo Morales, que está asilado en México tras el golpe de Estado, escribió en Twitter que las víctimas mortales en estos disturbios son doce, sin citar fuentes.

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, expresó en la misma red social que "duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz".

El 15/XI/1781 el yugo español ejecutó a Tupac Katari por pedir libertad. El 15/XI/2001, Tuto Quiroga asesinó a 3 cocaleros por reclamar soberanía. Ayer, 15/XI/19, la dictadura de Mesa, Camacho y Áñez mató a 12 hermanos por exigir democracia. La historia se repite.

Duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz!

La CIDH denunció en esta jornada un decreto del Gobierno provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad". El Ejecutivo de Áñez respondió que no supone una "licencia para matar" y se enmarca en la Constitución y las leyes del país.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió de que recibe denuncias "sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos" por parte de la Policía.

"Es importante que la Dirección General de Investigaciones Internas (DIGIPI) en una señal de transparencia pueda investigar estos hechos y establecer sanciones", añadió en Twitter.

La @CIDH alerta para el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación de FF.AA. en #Bolivia, de fecha 15 de nov 2019. El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno. (1/3) pic.twitter.com/297pEsNTVd

Bolivia atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente, desde que el día siguiente de las elecciones comenzaron las denuncias de fraude en los comicios tras los que Morales fue luego proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo. El que fuera presidente del país durante casi catorce años anunció el pasado domingo su renuncia.

Morales salió al día siguiente hacía México y el martes pasado Áñez, una senadora hasta entonces opositora, se autoproclamó presidenta de forma provisional hasta unas nuevas elecciones.