Bolivia vive a dos velocidades. Una semana después del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y la toma de posesión de Jeanine Áñez como presidenta, el país vive entre los sucesos trágicos que marcan el día a día y la batalla de un futuro en las urnas. La convocatoria de unas nuevas elecciones es clave para la pacificación del país y la solución en la que los principales actores políticos parecen coincidir. Sin embargo, hasta llegar a que sean los votos los que dicten quién ha de hacerse cargo de Bolivia todavía quedan demasiados pasos y una cruenta partida de ajedrez.

Este martes hay convocada una sesión de la Asamblea Plurinacional a la que tanto la presidenta del Senado, Eva Copa, y del Congreso, Sergio Choque, ambos del Movimiento al Socialismo (el partido de Evo Morales), han llamado a los representantes opositores a que participen para tratar la convocatoria de nuevas elecciones generales. Sin embargo, desde el gobierno de facto de Áñez no acaban de estar convencidos de poder llegar a un acuerdo con el MAS y valoran convocar elecciones vía decreto presidencial saltándose los acuerdos parlamentarios. 

Así lo ha asegurado este lunes el ministro de la Presidencia: "Si vemos que hay dificultades para poder convocar las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta es que de manera inmediata convoquemos elecciones a través de algún otro instrumento legal". Las negativas a acudir a una asamblea dominada por los masistas se debe también a la posibilidad de que rechacen la renuncia de Evo Morales, que sigue sin haber sido votada en las cámaras.

Si las elecciones se convocasen de manera unilateral por el gobierno de los contrarios a Morales se darían sin llegar a acuerdos fundamentales como una elección consensuada de los órganos electorales. El Tribunal Supremo Electoral es considerado como el cuarto poder del país y en los siguientes procesos estará vigilado con lupa después de las acusaciones de la Organización de Estados Americanos de fraude de las pasadas elecciones de octubre. Según la Constitución, de los siete miembros que integran este órgano electoral, seis son elegidos por la Asamblea Legislativa en la que los partidarios de Evo Morales tienen más de dos tercios de representación, por lo que son indispensables para llegar a un acuerdo.

Durante el lunes se instaló una mesa de negociación auspiciada por la Iglesia y la Organización de las Naciones Unidas entre el actual Ejecutivo, los dirigentes afines a Evo Morales y los sectores sociales. Esta mediación intenta precisamente encauzar un acuerdo para la celebración en un plazo de tres meses de unas "elecciones transparentes", tal y como declaró la Conferencia Episcopal en un comunicado, así como pacificar el país, que lleva una veintena de muertos en la última semana desde que Áñez asumiera como presidenta, según las organizaciones sociales.

Pese al papel que tiene el Parlamento boliviano como forma de rechazo al mandato de Áñez, tanto Evo Morales desde el exilio como sus seguidores en la calle son los que tienen el protagonismo. Las movilizaciones continúan y el fin de semana una de ellas acabó con al menos nueve muertos en Cochabamba a causa de la represión de las Fuerzas Armadas por órdenes del Gobierno. De hecho, el propio Ejecutivo emitió una orden en la que eludía de responsabilidades penales a los militares en este tipo de hechos. El Gobierno español, por su parte, se ha unido a la ONU y ha pedido una investigación de lo sucedido y ha rechazado el uso represivo de la violencia contra los manifestantes. Las autopsias han confirmado que las muertes de nueve personas en la jornada más trágica fueron por proyectiles de armas de fuego.

Evo Morales sigue dando entrevistas a los medios internacionales y cargando contra el golpe de Estado de Áñez en casi un diálogo constante entre el ex mandatario y la nueva presidenta desde la distancia. Si una le acusa de querer llevarle a la justicia por fraude y corrupción, él responde que está buscando la manera legal de volver a Bolivia. Si Áñez dice que son los jueces los que decidirán la candidatura del MAS a las próximas elecciones, Evo responde que renuncia a su candidatura, pero que quiere acabar su mandato que termina el 22 de enero y que todavía sigue siendo el presidente porque no se ha votado su renuncia. Si la presidenta saca a los militares, el líder cocalero dice que él puede lograr la pacificación del país.

La partida de ajedrez está en las declaraciones de Morales y en las acciones del gobierno post-golpe que, pese al anuncio de transitoriedad e interinidad, toma decisiones tan importantes como romper relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro, reconocer la presidencia de Juan Guaidó, salir de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) o cambiar el nombre del periódico estatal de Cambio por Bolivia. Áñez también ha cambiado la cúpula de las Fuerzas Armadas sustituyendo al comandante en jefe que pidió la renuncia de Morales y ha enseñado a la prensa la habitación presidencial del primer presidente indígena intentando señalar el lujo de una cama y un baño privado. 

Curiosamente la batalla mediática entre Evo y Áñez se da entre dos personas que seguramente no estarán en las próximas elecciones al frente de sus respectivas fuerzas electorales. La propia Áñez dijo nada más asumir el poder que no se presentaría a las elecciones y falta por ver si habrá un gran conglomerado de todos los contrarios a Evo, si se seguirán manteniendo las candidaturas del 20 de octubre (hubo tres con más del 4% que se presentaban como contrarios a Morales) o si habrá alguna nueva candidatura proveniente de los comités cívicos en torno a personalidades como Luis Fernando Camacho.