Casi dos mil millones de dólares para compensar el freno al proyecto. Son los que reclama Enagás al Estado peruano por la paralización del contrato para el Gasoducto Sur Peruano. La adjudicación en 2014, de 7.000 millones a un consorcio en el que estaba Odebrecht –investigada por supuestos pagos irregulares– y Enagás, fue parada hace dos años por el Gobierno peruano y se encuentra en cuarentena. La empresa española estaría dispuesta a llegar a un acuerdo para salir del limbo en el que se encuentra el proyecto.

En los documentos que ha presentado Enagás en sus resultados trimestrales, informó Expansión, explica: "A 30 de junio de 2019, la valoración realizada por una firma de peritos independientes contratada por Enagás determina un valor actualizado de VNC [Valor Neto Contable] de 1.980 millones de dólares" para Gasoducto Sur Peruano.

Pero, de momento, el Gobierno peruano no se mueve. Es más, si el Estado peruano decidiera aplicar la cláusula anticorrupción del contrato del Gasoducto, por las sospechas sobre Odebrecht siguiendo la tesis de la Fiscalía de que pudo haber presuntos sobornos, la demanda de Enagás ante el tribunal de arbitraje internacional podría verse perjudicada y pondría en juego toda la inversión realizada.

En uno de los audios a los que ha tenido acceso eldiario.es, se oye decir a Martín Belaúnde Lossio, el aspirante a colaborador eficaz –o delator premiado– contra el expresidente peruano Ollanta Humala en un caso paralelo de supuesta financiación irregular de campañas electorales, que Jorge Barata, ex delegado de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, "no va a hablar porque lo han amenazado los Graña".

Sin embargo, Barata terminó hablando.

El pasado 25 de agosto debía celebrarse la audiencia donde el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, iba a solicitar 36 meses de prisión preventiva para José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Graña, socios de la mayor constructora del país – la empresa llamada Graña y Montero–, por el caso Metro de Lima, durante el mandato del expresidente Alan García.

Jorge Barata, el ex representante de Odebrecht en Perú, había declarado en abril ante el fiscal Pérez Gómez que la empresa Graña y Montero habría pagado sobornos por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima: 3 millones de dólares bajo el concepto de distribución de riesgos por el proyecto y por los sobrecostes que se generaron, informó El Comercio.

Sin embargo, poco antes de la audiencia del 25 de agosto, la fiscal Geovana Mori, que investiga el caso Gasoducto, informó de que los Graña eran colaboradores en ese caso, si bien no participaron en el proceso público de adjudicación de la obra.

La ley peruana permite que un acusado en un caso de corrupción aparezca en otro caso como delator premiado, aunque no tenga nada que ver. Humala ha denunciado la semana pasada el uso "perverso" de la figura de la colaboración eficaz –colaborador premiado de la Fiscalía–, citando como ejemplo el caso de los Graña, que se salvan de la prisión en el caso que investiga el fiscal Pérez a cambio de colaborar en el caso que investiga la fiscal Mori.

La obra del Gasoducto Sur Peruano fue licitada –2014– durante el Gobierno de Ollanta Humala –2011-2016– y se adjudicó al consorcio formado por la brasileña Odebrecht y la empresa española Enagás, por un importe de 7.328 millones de dólares.

Tiempo después, las dos empresas incorporaron a la empresa Graña y Montero a participar en el consorcio. Es el primer contrato del Estado peruano en que se incluía una cláusula anticorrupción, de modo que si se detectaba la participación de algún funcionario en la adjudicación ilegal de la obra, el contrato podría (aún es posible) anularse.

En la actualidad, de aplicarse la cláusula, el Estado podría quedarse con una inversión ya realizada en torno al 30% de la obra y convocar un nuevo concurso, lo que supondría la generación de unos 7.000 empleos en el sur del país, según cálculos oficiales.

Tras las dificultades económicas de la empresa Odebrecht a raíz del estallido del caso Lava Jato en Estados Unidos y Brasil, la obra se paralizó en 2017. Y Enagás llevó al Estado Peruano ante el CIADI para pedir inicialmente 500 millones de dólares, que en agosto pasado aumentó a 1.890 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el Estado peruano tendrá que devolver 155,31 millones de dólares a Odebrecht por la venta del proyecto energético Chaglla a una empresa china, lo que ha generado controversia en Perú, entre partidarios de que se pague a la empresa brasileña y los partidarios de retener el dinero, pues Odebrecht debe pagar más de 180,79 millones de dólares en 15 años por el acuerdo de colaboración suscrito con la Fiscalía peruana y en concepto de reparación civil.

En Brasil, uno de los mayores bancos, Caixa Economica Federal, ha pedido a las autoridades judiciales de su país que declaren ya la quiebra de Odebrecht y en agostó reclamó la ejecución del pago de 127,34 millones de dólares por parte de la empresa, mientras que otras entidades financieras acreedoras han solicitado que revise el plan presentado para su reactivación económica.

Es decir, la empresa Odebrecht está al borde de la quiebra y si eso sucede no podría devolver al Estado peruano los 180,79 millones de dólares que negoció cuando firmó el acuerdo de colaboración reconociendo solo cuatro obras donde pagaron sobornos, coimas, en los períodos de gobierno de Alan García (2006-11), Alejandro Toledo (2000-2006) y el gobierno regional de El Callao.

Aun así, la fiscal Mori ha abierto una investigación sobre la adjudicación del Gasoducto donde ha incluido como investigada a Nadine Heredia, pese a que no era funcionaria pública, en un caso donde presuntamente Martín Belaúnde participa como colaborador de la Fiscalía y donde se han incluido a los Graña como colaboradores eficaces.

El Gasoducto, precisamente, es uno de los asuntos de una de las conversaciones que mantuvo Martín Belaúnde con la ex congresista fujimorista Yeni Vilcatoma en una de sus visitas a la cárcel, según reconoce el propio aspirante a colaborador eficaz en otro de los audios.

La cooperación del Fiscalía con el aspirante a colaborador eficaz Martín Belaúnde viene de lejos. De antes incluso de que Ollanta Humala terminara su mandato presidencial, en julio de 2016.

En nuevos audios a los que ha tenido acceso eldiario.es en relación con el caso de los los presunta financiación irregular del expresidente peruano y su esposa, Nadine Heredia, se oye cómo se reinició una investigación cerrada en dos instancias por dos tribunales, que desestimaron las acusaciones de la Fiscalía contra Heredia por presunto lavado de activos en 2010.

Y se oye cómo Belaúnde, desde su extradición de Bolivia en 2015, se ofreció a acusar a Humala y Heredia a cambio de salir de la cárcel en un año.

Según Martín Belaúnde, una vez fue extraditado por Bolivia por el caso Antalsis, "cuando llego aquí, el primero que viene a verme es el fiscal Rojas, de Lurín, que estaba a cargo del caso Humala. Y me dijo quiero al toque, pa, pa, pum, dame esto y el pata viaja a Venezuela y hace todo. Iba a meter presos a todos, preliminarmente. Dijo en 10 días estos aflojan, le dije sí… y estaba Rocío Calderón, Paredes, pero me dijo: lo que sí te pido es un año, en un año yo te suelto. Y a los seis meses Pablo Sánchez (ex Fiscal General), maldito, lo cambia con una resolución mentirosa, diciendo que el caso ya se archivó y el caso no se había archivado, estaba en el TC (Tribunal Constitucional). (….) Rojas era un pez maleado: decía la única forma que hablen, meto presos a estos blanquitos y cantan todo…".

Las investigaciones iniciadas en 2006 contra Nadine Heredia por presunto lavado de capitales fueron archivadas en 2010. Pero en 2015, coincidiendo con la extradición de Martín Belaúnde desde Bolivia por el caso Antalsis, se reabrió el caso contra Heredia con la presentación, por parte del fiscal, de un recurso ante el Tribunal Constitucional peruano, que fue admitido.

La defensa de Heredia presentó un habeas corpus para archivar este caso por ser cosa decidida, ya que fue revisado en dos instancias fiscales que llegaron a la misma conclusión en 2010: no se podía formular denuncia penal en contra de Nadine Heredia.

El Tribunal Superior de Justicia de Lima ordenó que se archivara la investigación preliminar y se ordenaba el archivo definitivo de la carpeta fiscal que comprendía tanto a la señora Heredia como a los demás investigados.

Sin embargo, el fiscal provisional Rojas impugnó la decisión, apelación que fue declarada infundada. Por ello, Rojas presentó un recurso de agravio (RAC) ante el Tribunal Constitucional, que el TC terminó por aceptar tras una campaña política y mediática que repercutió en el ámbito judicial. De esta manera, Nadine Heredia ha sido investigada desde 2009, y ha sido en mayo de 2019 cuando se ha presentado la acusación.