Al menos seis personas han muerto y más de 30 han resultado heridas durante un operativo policial y militar para facilitar la salida de varios camiones cisternas de una planta de hidrocarburos en El Alto, localidad vecina a La Paz, para trasladar combustible a esta última ciudad. 

Según el medio boliviano La Razón, la última víctima mortal es Clemente Mamani, un joven de 24 años que murió sobre las 23:00 horas a causa de una herida provocada por proyectil de bala en el abdomen, según el informe médico. De acuerdo con un primer balance de la Defensoría del Pueblo boliviana al menos tres personas han muerto "por heridas de arma de fuego" y que "se desconocen las circunstancias" de cómo ocurrieron los hechos.

Este martes, una caravana de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Bolivia, con apoyo de un helicóptero, se dirigió a media mañana hora local a la refinería Senkata, operada por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en esta ciudad del altiplano. Emplearon material antidisturbios como gases lacrimógenos para reprimir a grupos partidarios de Evo Morales, que desde hace unos días bloquean las carreteras de acceso, en las que instalaron barricadas con la quema de neumáticos para exigir la renuncia de la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez.

Según informa Europa Press, manifestantes presentes en la zona denunciaron el uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas bolivianas. "Aquí han venido directamente a bala. Esto no puede quedarse así. ¿Acaso somos perros nosotros? ¿Somos animales? Tenemos derechos", dijo una de las personas presentes en el bloqueo.

Tras el cúmulo denuncias de exceso de fuerza por parte de policías y militares en el manejo de los disturbios y en especial del operativo en El Alto, el ministro interino de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que "de las Fuerzas Armadas no salió un sólo cartucho", reiterando que del Ejército "no salió un solo proyectil". 

El pasado fin de semana, el Gobierno firmó un decreto que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas desplegadas contra las movilizaciones surgidas tras el golpe si actúan "en legítima defensa o en estado de necesidad". La medida desató la alarma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la calificó de "grave" al considerar que va en contra los estándares internacionales de derechos humanos y "por su estilo estimula la represión violenta".

Mientras tanto, La Paz y El Alto sufren con dureza los fuertes racionamientos en la venta de combustibles. La compra de combustible se restringe a un máximo semanal por vehículo de 100 bolivianos, alrededor de 15 dólares, para gasolina y de 300 bolivianos, unos 44 dólares, para diésel, según informa la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La entidad estatal prohibió también la venta de combustible en bidones y otros envases, además de restringir a una bombona por familia la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), un combustible que se usa habitualmente en Bolivia para cocinar.

Una marcha con banderas blancas pidiendo el fin de la violencia recorrió en la noche varias calles de El Alto, después de los disturbios y de que un grupo prendiera fuego a la parte baja de la casa de la alcaldesa, Soledad Chapetón, contraria a Evo Morales.

Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa -del partido de Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS)-, informaba de que este miércoles la cámara va a celebrar una sesión para tratar un anteproyecto de ley para la convocatoria "inmediata" a nuevas elecciones generales, según informa El Deber. Copa ha afirmado que su grupo tiene plena disposición para iniciar el proceso que lleve a nuevos comicios.

Para este martes estaba prevista una sesión de la Asamblea, pero la bancada del MAS decidió suspender la sesión "a efectos de crear y contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la consiguiente pacificación del país".

"Nos sentimos acongojados, muy preocupados por la situación que atraviesa nuestro país en este momento. Pedimos a las Fuerzas militares que se replieguen a sus cuarteles, no queremos más violencia, no queremos más sangre", señaló Copa, según informa el medio Boliviano.

Desde el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, dieron un ultimátum al Legislativo para que en dos días evalúe la convocatoria de elecciones anticipadas, según informa EFE. Si no, harán la convocatoria por decreto.

"Cada día que pasa es un día menos del plazo que tenemos", ha dicho el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, sobre el límite constitucional de 90 días que está establecido para llamar a nuevos comicios. Ha explicado también que si vence el plazo se llamará a elecciones mediante un decreto: "Es una de las probabilidades, pero es la última que estamos manejando (...) queremos seguir esperando la decisión, que esto sea parte de la Asamblea Legislativa".

Si los comicios se convocasen de manera unilateral por el Gobierno de los contrarios a Morales se darían sin llegar a acuerdos fundamentales como una elección consensuada de los órganos electorales. El Tribunal Supremo Electoral es considerado como el cuarto poder del país y en los siguientes procesos estará vigilado con lupa después de las acusaciones de la Organización de Estados Americanos de fraude de las pasadas elecciones de octubre. Según la Constitución, de los siete miembros que integran este órgano electoral, seis son elegidos por la Asamblea Legislativa en la que los partidarios de Evo Morales tienen mayoría, por lo que son indispensables para llegar a un acuerdo.

Los permanentes bloqueos y disturbios en varias ciudades y los fuertes enfrentamientos entre seguidores de Evo Morales y efectivos de la Policía y el Ejército han incendiado más la situación, mientras organismos de derechos humanos locales y extranjeros piden detener la violencia. Por su parte, varias familias lloran por los 27 muertos de un conflicto que se teme pueda convertirse en una guerra civil.

Bolivia atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente, desde que el día siguiente de las elecciones del 20 de octubre comenzaron las denuncias de fraude en los comicios tras los que Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo con margen suficiente para evitar una segunda vuelta. El que fuera presidente del país durante casi 14 años anunció el pasado 10 de noviembre su renuncia tras un golpe de Estado y tres semanas de protestas, a pesar de que escasas horas antes había anunciado una nueva repetición electoral. Horas antes, la Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer un informe en la que evidenció "graves irregularidades" en los comicios.