La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, mostró este miércoles desconfianza hacia el anuncio de Carabineros de suspender de forma temporal el uso de balines y perdigones para reprimir las protestas en Chile, que cumplen más de un mes y dejan 23 fallecidos.
"Es difícil estar tranquilo con una Policía que no sabe qué munición está disparando en contra de la ciudadanía", valoró la defensora de Niñez.
Carabineros suspendió este martes temporalmente el uso de perdigones y balines en protestas en las que no está en riesgo la vida de los agentes, días después de que un informe revelase que los proyectiles usados en el estallido social no son solo de goma, sino que también tienen plomo.
La discrepancia que existe entorno a la composición de la munición utilizada por los agentes en las protestas dejó estas armas antidisturbios no letales fuera de las calles por el momento, excepto en casos de legítima defensa cuando haya peligro inminente de muerte.
Definir si verdaderamente hay peligro de muerte es un "criterio complejo", concluyó la defensora de la Niñez, quien añadió que "el hecho de que se restrinja (el uso de perdigones y balines) no quiere decir que se vaya a utilizar desde un correcto punto de vista".
La institución denunció las actuaciones del personal policial desde el inicio del estallido social y apuntó a un incumplimiento sistemático de los protocolos por parte de las fuerzas de seguridad.
"Ya planteamos al Ministerio de Interior que los protocolos de Carabineros necesitan ajustarse a los estándares internacionales en materia de los derechos humanos", apuntó la defensora.
La Defensoría de la Niñez, ente público pero independiente, registró 327 casos de vulneraciones de los derechos de los menores desde el inicio de las protestas, 11 de los cuales fueron por lesiones de bala y 43 por lesiones de perdigón.
La defensora señaló que los menores heridos no necesariamente estaban participando en manifestaciones sino que varias lesiones se produjeron en contextos de cotidianeidad, lo que hace "aún más grave el comportamiento policial".
Y puso como ejemplo el caso de la detención de cinco menores de entre 10 y 16 años el pasado 14 de noviembre en la región de Valparaíso por "desórdenes públicos" que se saldó con dos adolescentes en control de detención.
Carabineros detuvo a los menores en la vía público y los subió a una furgoneta de la institución, para posteriormente llevarlos a la comisaría. El hecho generó polémica debido a que la legislación en Chile establece que los menores de 14 años no pueden ser detenidos ni imputados.
UNICEF hizo un llamado en sus redes sociales y solicitó la investigación de las circunstancias de este caso "a la luz de los estándares internacionales".
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), determinó que 759 de los más de 6.000 detenidos desde el inicio de las protestas son menores de edad.
La situación social que se vive en Chile desde el inicio del estallido social, el pasado 18 de octubre, ha afectado a cientos de niños, niñas y adolescentes, además de un balance de 2.381 heridos hospitalizados según el último informe del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
