La Defensoría del Pueblo de Ecuador anunció este jueves la conformación de una comisión especializada que investigará las denuncias relativas a posibles vulneraciones de los derechos humanos durante las protestas de octubre en el país.
En un comunicado oficial, la entidad dio a conocer que hoy tomaron posesión del cargo los integrantes de dicha comisión "de verdad y justicia", que tendrá el objetivo de "analizar la información producida en el marco de la investigación defensorial y el proceso de seguimiento realizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, durante las protestas".
El período que será indagado abarca del 3 y al 16 de octubre, precisa el escrito.
Entre los integrantes de la comisión figuran la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, además de Juan Cueva, Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas, en representación de la sociedad civil.
La Defensoría argumentó que la designación de los comisionados es "honorífico, en reconocimiento a su amplia trayectoria en materia de derechos humanos", y que por ello, no percibirán remuneración alguna.
Este órgano contará, además, con el apoyo de una comisión técnica institucional interna para confirmar, obtener o producir nueva información, en cumplimiento de su objetivo propuesto.
Las decisiones que emanen de la comisión se adoptarán por mayoría simple y en la primera sesión plenaria se resolvió la designación de Sybel Martínez como presidenta de la misma.
Por su parte, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, solicitó a las diferentes áreas de la entidad que colaboren y acompañen a la nueva misión de esclarecimiento para "encaminar el trabajo y generar resultados exitosos".
Entre el 3 y 13 de octubre, Ecuador vivió una de las olas de violencia más graves de su historia reciente, que llevó al Gobierno a decretar el estado de excepción y un toque de queda en Quito, entre otras medidas.
En ese contexto de protestas, en reacción a la eliminación del subsidio a los combustibles, medida que fue derogada por el Gobierno para pacificar el país, se produjeron al menos media docena de fallecidos, miles de detenidos y heridos.
También fue incendiado el edificio de la Contraloría General del Estado, y radicales trataron de quemar medios de comunicación, y se reportaron más de 130 agresiones contra periodistas, además de diversos saqueos.
Misiones de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigan asimismo posibles vulneraciones de los derechos humanos, a las que ahora se sumará la de la Defensoría del Pueblo ecuatoriano.