El jefe de la ONU, António Guterres, expresó este jueves su preocupación por la situación en la iglesia nicaragüense de San Miguel Arcángel de Masaya y reclamó "pleno respeto" a los derechos de quienes protestan allí para pedir la liberación de detenidos en las manifestaciones de este año.

El secretario general de Naciones Unidas se sumó de esta forma a los numerosos llamamientos internacionales sobre el asedio policial sobre esa parroquia, donde al menos 11 mujeres están en huelga de hambre.

"Hemos estado siguiendo los acontecimientos en Masaya", aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, que aseguró que el diplomático portugués "está preocupado por la situación".

Según Dujarric, la ONU pide "pleno respeto de los derechos humanos y del derecho a la asamblea pacífica" y hace un llamamiento a la "buena fe y el diálogo".

El portavoz, preguntado durante su conferencia de prensa diaria, aseguró que, como principio, la organización siempre está abierta a apoyar un proceso de diálogo si así se lo solicitan las partes.

Esta semana, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había condenado el maltrato de las fuerzas policiales a los huelguistas encerrados en la catedral de Managua y la iglesia de San Miguel Arcángel de Masaya.

"Cualquier persona debería poder ejercer su derecho a la libre expresión y la reunión pacífica sin miedo a ser atacado", señaló el portavoz de esa oficina, Rupert Colville, quien urgió a las autoridades a que se abstengan de intervenir en estos actos de protesta cortándoles el acceso a comida, agua o asistencia médica.

Trece jóvenes fueron detenidos en Masaya y tres en Managua la madrugada del jueves pasado, mientras intentaban dar agua a las personas que se encuentran dentro de las iglesias.

La presión internacional contra el Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega se ha incrementado en los últimos días, con claras críticas por parte de la Unión Europea (UE) y de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua.

Desde abril de 2018, el país vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651, mientras que el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.