El ex presidente boliviano Evo Morales ha sido acusado formalmente de delitos como terrorismo y sedición por el Gobierno interino de Bolivia. La acusación se sustenta en "pruebas" como el vídeo filtrado por el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, en el que se escucha una voz atribuida a Morales, supuestamente, incitando a bloqueos de ciudades en el país. La denuncia contra Morales, asilado en México, fue presentada en la fiscalía de La Paz por el propio Murillo.
El ministro ha declarado ante los medios que el Gobierno de la presidenta provisional boliviana, Jeanine Áñez, pide las máximas penas por estos delitos. Las penas por terrorismo en Bolivia van de quince a veinte años de prisión y la sedición está penada con de uno a tres años de cárcel.
"Las pruebas están claras", ha defendido Murillo, en referencia a un vídeo en que se escucha una voz asignada a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes. "Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades", ha afirmado el ministro, quién ha denunciado que "esa es la verdadera cara, el verdadero rostro " de Morales.
La denuncia es también contra el que fuera ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido. El titular de Gobierno recordó que Quintana, un ex militar metido en política que representó el núcleo duro de varios gobiernos de Morales, amenazó con que Bolivia se convertiría en "un nuevo Vietnam".
Murillo ha asegurado también que el 70 por ciento de Bolivia no presenta conflictos, pues se localizan especialmente en puntos como el Chapare, una zona cocalera donde se dio a conocer Evo Morales como sindicalista antes de llegar al poder, donde mantiene muchos seguidores. Además de Senkata, un punto de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde afines a Morales protestan frente a una refinería.
El ministro ha afirmado que se intenta "agotar la vía del diálogo" con los manifestantes antes de emplear la fuerza para levantar bloqueos. El Gobierno interino de Áñez no prevé "medias excepcionales" para afrontar las protestas, porque "prácticamente todo está controlado", ha aseverado.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha dicho en una rueda de prensa que el Ministerio Público ya investiga la veracidad del vídeo que se atribuye a Morales. Para ello ha pedido a la Cancillería de Bolivia que contacte con la de México por si necesita su apoyo.
La investigación incluye pruebas periciales para determinar la veracidad de la voz. Además, se ha solicitado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Bolivia que informe si el teléfono desde el que supuestamente habla Evo Morales desde México es del Estado boliviano. Si fuera así, podría incurrir en un uso indebido de bienes del Estado, advirtió Lanchipa.
La Policía Boliviana localizó en la región oriental de Santa Cruz el celular en el que se descubrió el vídeo con la supuesta conversación entre un dirigente cocalero y Evo Morales, recordó el fiscal.
Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del pasado 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
El pasado 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Morales anunció su renuncia, presionado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir asilado hacia México.
La renuncia de Morales ha sido calificada de "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
