El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat al Assad, tío del actual presidente Bashar al Assad, y a otras 13 personas, entre ellas ocho de sus hijos y dos de sus esposas, por pertenencia a una organización criminal que ha podido blanquear en España más de 600 millones de euros procedentes del expolio del Tesoro nacional sirio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acusa a Rifaat al Assad, de 82 años, de ser el líder de un grupo criminal cuyas órdenes eran seguidas por sus esposas, hijos y testaferros y que se ha dedicado desde los años ochenta a ocultar, transformar y blanquear en distintos países europeos fondos "ilícitamente depredados".

Según el auto del magistrado, de 142 páginas, el exvicepresidente se marchó de Siria en 1984 y se concertó con su hermano, el entonces presidente Hafez al Assad, para esquilmar el Tesoro nacional sirio, llevándose consigo 300 millones de dólares, de los cuales un total de 200 millones se habrían incluido en gastos de Presidencia, de los presupuestos oficiales sirios, y los restantes 100 millones los obtuvo aumentando la deuda pública siria mediante un préstamo concedido por Libia, préstamo que se camufló entre las transacciones económicas entre los dos países, aumentando las importaciones desde este país.

Además, en la década de los setenta habría obtenido ingentes recursos ilícitos de múltiples actividades delictivas como la extorsión, amenazas, contrabando, expolio de riquezas arqueológicas que luego vendió por todo el mundo, usurpación de inmuebles y tráfico de drogas. Todas estas actividades continuaron incluso durante los años de su exilio, utilizando personas afines que habrían permitido que se siguiera enriqueciendo con el monopolio de diversos ilícitos en Siria.

Prueba de ello, destaca De la Mata, era el puerto que controlaba en Latakia, que utilizaba para sacar de contrabando, junto a distintas mercancías, las riquezas arqueológicas de las que se apropiaba, y el cual no fue destruido por el régimen de Hafez al Assad hasta el año 1999.

También se le relación con al menos un caso de usurpación de un edificio en el centro de Damasco mediante amenazas, secuestros y extorsiones. Asimismo, poseía el máximo control sobre los grupos paramilitares denominados 'shabihas', ya que fueron creados por él mismo y estaban formados por "personas que cometían todo tipo de ilícitos penales contra las personas y el patrimonio en Siria bajo sus órdenes, siendo prácticamente inviolable tanto él como sus secuaces", explica el juez.

Rifaat al Assad, que vive entre Francia y Reino Unido y a quien el instructor ha tomado declaración en territorio galo en varias ocasiones, también está procesado en Francia por delitos económicos y desde 2013 se le investiga en Suiza por lesa humanidad por crímenes de guerra cometidos por el "régimen totalitario" de Siria en los ochenta, "especialmente las masacres de la ciudad de Hama y las de la cárcel de Palmira".

Las primeras adquisiciones de los Assad en España datan de 1986, con la compra de 244 plazas de garaje a través de una sociedad gibraltareña. El dinero malversado de Siria, explica el juez, lo fue invirtiendo en inmuebles y negocios en la provincia de Málaga, especialmente en puntos estratégicos de la Costa del Sol. La investigación judicial le atribuye en España 507 propiedades por valor de 695 millones de euros; una de las fincas, en la localidad de Benahavís, tiene 33 millones de metros cuadrados.

Según De la Mata, Al Assad puso en marcha una estrategia de ocultación, transformación y blanqueo de todos esos capitales ilícitos en distintos países europeos. En el caso de España, ha ocultado su importante patrimonio a nombre de diferentes sociedades administradas por sus ocho hijos y por dos de sus esposas.

El auto del juez detalla el rol de cada una de estas personas dentro de la organización criminal, donde destaca el papel de los hijos y también "el apoyo determinante de legiones de asesores en todas las fases de su implementación para la ocultación, transformación y blanqueo de todos esos capitales".

La clave del éxito durante tantos años de su estrategia criminal, según el magistrado, "ha sido precisamente el reparto de tareas y la perfecta coordinación entre todos los miembros de la organización: el padre y líder, Rifaat al Assad, parapetado tras todos los demás"; esposa e hijos al frente de las sociedades y los testaferros que eran "personal de la casa" y de la máxima confianza de la familia.

Después de analizar el papel de cada uno de los investigados, De la Mata concluye que reúnen los requisitos de integrantes de una organización criminal, con carácter estable en el tiempo, que se ha servido de paraísos fiscales, de instrumentos societarios y de "cientos de sociedades en cascada" administrados por la familia y testaferros hasta que se ha producido el bloqueo de su actividad, tanto en España como en otros países europeos.

El instructor considera que las inversiones multimillonarias realizadas en España por el grupo de Al Assad carecen de justificación, con operativas presididas por la más absoluta opacidad y con una estructura de cientos de sociedades pantalla que tiene como única finalidad facilitar el blanqueo de capitales.

La familia trató de justificar ante el juez que los bienes proceden de regalos de la familia real de Arabia Saudí, pero el juez desdeña este argumento, ya que la investigación ha acreditado que las adquisiciones inmobiliarias de los Al Assad no proceden de donaciones saudíes.

En el prolijo auto de De la Mata se incluyen otras jurisdicciones como Gibraltar, Suiza, Panamá, Jersey o Guernsey, entre otras, donde existen múltiples indicios de que también posee patrimonio. En Reino Unido tiene, entre otras propiedades, la residencia privada más grande después del Palacio de Buckingham.

Además, el instructor menciona tres embarcaciones vinculadas a la familia Al Assad, la compra de un avión privado Boeing 727 propiedad de Rifaat, así como varios vehículos blindados y otros de alta gama, todas ellas propiedades de lujo fuera del alcance económico incluso de personas con alto poder adquisitivo, "únicamente disponibles a personas multimillonarias".

Una vez notificado este auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, en el que el magistrado propone juzgar a las 14 personas presuntamente implicadas en esta organización, a partir de ahora el fiscal dispone de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.