La Policía de Nicaragua evitó este viernes que opositores al Gobierno de Daniel Ortega establecieran un puente humanitario para auxiliar a un grupo de mujeres en huelga de hambre que llevan más de ocho días aisladas en una parroquia en el marco de la crisis sociopolítica local.
La Policía nicaragüense impidió hoy un segundo intento de grupos civiles por llevar agua, suero, insulina y alimentos a la parroquia San Miguel Arcángel, de la ciudad de Masaya (Pacífico), a la que el Gobierno cortó el suministro de agua y energía desde el primer día de huelga.
Además de las huelguistas, cuatro personas sufren ayuno forzoso, incluyendo el párroco diabético Edwin Román, ya que se quedaron encerradas cuando el templo fue cercado.
Las mujeres en huelga, unas 11 madres, decidieron abstenerse de ingerir alimentos para que Ortega ordene liberar a más de 160 "presos políticos", pero su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha dicho que tienen "oídos de pescado" ante las peticiones.
"Teníamos el objetivo de tratar de abrir un canal humanitario, lamentamos y nos indigna que no hayan permitido llevar agua, medicinas, suero, a las madres (en huelga), es una barbaridad, un sadismo, no tiene nombre", dijo la líder de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera, una de las personas que llevaba ayuda a la parroquia.
"Nos cortaron el paso, chocaron el vehículo, nos llevaron a la delegación de Policía de Masaya y nos quitaron el agua", denunció Dulce Briceño, quien a inicios de la semana debió interrumpir una huelga de hambre por la libertad de los "presos políticos" debido a un ataque de las "turbas sandinistas".
El grupo de civiles, compuesto por 10 familiares de "presos políticos" y dos líderes opositores, llevaban 60 botellas y 20 galones de agua, detalló Mario Hurtado, hermano de la "presa política" Olama Hurtado, capturada la semana pasada, con otras 15 personas, por intentar llevar agua a las huelguistas.
"La dictadura continúa cerrando espacios (para la ayuda humanitaria), hacemos un llamado a todos los municipios del país a que se solidaricen, es muy importante tratar de mantener la movilización", sostuvo el dirigente de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.
La mamá de la estudiante belga nicaragüense Amaya Coppen, Tamara Zamora, advirtió al Gobierno que "si algo de gravedad le pasa a la gente que está en huelga de hambre va a su responsabilidad, es un crimen más".
Durante la detención en Masaya y traslado a Managua, tres equipos periodísticos de medios independientes fueron retenidos y amenazados por patrullas policiales.
Chamorro recordó que la repetición de acciones como estas hace del de Ortega un Gobierno ilegítimo, porque "aquí en Nicaragua se rompió el orden constitucional".
Zamora reiteró su llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y al cardenal Leopoldo Brenes, a que intercedan por las personas en la parroquia.
En 19 meses de crisis han muerto unas 328 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organizaciones humanitarias locales reportan hasta 651 víctimas mortales. El Gobierno admite 200.
Adicionalmente, cientos de nicaragüenses han sido arrestados o desaparecieron en manos de policías y paramilitares, miles han resultado heridas, y decenas de miles decidieron partir al exilio.
Ortega, cuyo Gobierno es señalado por cometer crímenes "de lesa humanidad", insiste en que se defiende de un supuesto "golpe de Estado fallido".
Diversos países y organizaciones humanitarias internacionales han pedido a Ortega que cambie su política interna y restablezca las libertades constitucionales, hasta ahora sin éxito.
