"Nuestro presidente ostenta la mayor confianza pública. Cuando traiciona esa confianza y se pone por delante del país, pone en peligro la Constitución, pone en peligro nuestra democracia y nuestra seguridad nacional". Así justificaba Jerry Nadler, el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, los dos cargos para un juicio político al mandatario Donald Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Sin embargo, y a pesar del hito que representa el anuncio de los cargos, que deberán ser aprobados por ese Comité y el pleno de la Cámara de Representantes, esta historia está lejos de acabar y previsiblemente queden semanas para que se escriba su último capitulo, que probablemente sea sobre la absolución de Trump en el Senado.

Se espera que el Comité Judicial de la Cámara Baja, que ha llevado a cabo la investigación de juicio político junto a otras cinco comisiones del Congreso, vote los cargos anunciados en algún momento de esta semana.

Después, el caso se trasladará al pleno de la Cámara de Representantes, donde se espera que, gracias a la mayoría demócrata que ocupa 235 escaños frente a los 198 en manos de los republicanos, salga adelante el voto a favor de imputar políticamente a Trump. Esta votación no tiene todavía fecha, aunque se espera que se produzca antes de que termine 2019.

Tras su aprobación en la Cámara Baja, el proceso pasará al Senado, donde es posible que en enero tenga lugar el juicio político propiamente dicho.

Tal y como establece la Constitución, durante el juicio político el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, delegará su cargo como jefe de la Cámara Alta en el presidente del Tribunal Supremo John Roberts.

Durante el proceso, los senadores actúan como jurado y tienen que decidir si el presidente es "condenado" o "absuelto".

Para destituir al mandatario es necesario que dos terceras partes de los senadores voten a favor de condenar a Trump, lo que se antoja poco probable en una cámara donde los republicanos tienen la mayoría con 53 legisladores, frente a 45 demócratas y dos independientes.

Existe además la opción de que los miembros del Senado envíen, antes de la conclusión del juicio político, una moción para desestimar los cargos contra el presidente, que tendrían que aprobarse con mayoría simple.

Cabe la posibilidad de que el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, bloquee el proceso y se niegue a celebrar un juicio político en la cámara -en 2016 ya rechazó acoger las vistas para confirmar un nominado a ocupar un puesto en el Supremo.

Sin embargo, esto no parece plausible, pues él mismo ha afirmado en diversas ocasiones que no lo hará: "Bajo las reglas del juicio político en el Senado, trataremos este asunto", adelantó en octubre.

A la luz de estas declaraciones, casi con toda seguridad Trump se convertirá en el tercer presidente de Estados Unidos en enfrentarse a un juicio político en el Senado y el primero del siglo XXI; aunque con el anuncio de hoy es el cuarto encarar cargos de este tipo.

Trump engrosará así una lista en la que están Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Johnson (1865-1869), aunque ambos fueron absueltos por la Cámara Alta.

Clinton hizo frente a la acusaciones de obstrucción a la justicia y perjurio a raíz de la relación que mantuvo con la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky; mientras que Johnson fue imputado con once cargos por "graves delitos y mala conducta".

No fue enjuiciado políticamente el presidente Richard Nixon (1969-1974), quien dimitió antes de que se iniciara su juicio político por el "Caso Watergate", uno de los escándalos políticos más sonados de la historia estadounidense.

En el hipotético y poco probable caso de que Trump fuera destituido en el juicio político el vicepresidente Mike Pence tendría que asumir la jefatura de Estado hasta el término del mandato del presidente, que expira en enero de 2021.