La investigación de eldiario.es junto a Lighthouse Reports sobre las exportaciones de armamento español, publicada el pasado noviembre, ha llegado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Una red internacional de abogados y ONG acusa a diversas empresas armamentísticas europeas así como a los gobiernos que han autorizado las exportaciones de vender material bélico a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes con el que se cometen crímenes de guerra. 

La acusación, de más de 360 páginas (y 700 más de anexos con imágenes y documentos) ha sido presentada este jueves en La Haya y muestra con sumo detalle qué armas, aviones o material militar se usó para bombardear posiciones civiles como colegios, hospitales y edificios con valor histórico.

En el caso de España, buena parte de las acusaciones están directamente relacionadas con las revelaciones de eldiario.es. El informe acusa a España de vender componentes para la fabricación del caza Eurofighter con el que se han cometido crímenes de guerra. Precisa que la empresa española ITP Aero -presidida por el exministro Josep Piqué- produce buena parte de los motores EJ200 de estos aviones tal y como publicó este periódico. 

El mismo documento también menciona la venta de los aviones cisterna A330 MRTT al régimen saudí y las tareas de mantenimiento que Airbus e Iberia llevan a cabo en Barajas, también desveladas por eldiario.es gracias a una investigación realizada con fuentes de código abierto en la que se demostró que estas naves visitaban regularmente la planta de La Muñoza en Madrid. Estos aviones cisterna se utilizan para reabastecer en el aire a los mencionados bombarderos Eurofighter.

Lo que se ha presentado este jueves en La Haya es técnicamente una comunicación, que vendría a ser como una denuncia ante el fiscal de la CPI para que investigue el caso. Ha sido coordinada por el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (EHCCR, en sus siglas en inglés), con sede en Berlín, y también han participado entidades como Amnistía Internacional, el Centre Delàs per la Pau y la entidad pro derechos humanos yemení Mwatana, entre otras.

Más allá de la responsabilidad de los Gobiernos por haber autorizado las exportaciones, el informe acusa a una decena de empresas, entre ellas la división española de Airbus, de exportar armas sabiendo que había altas posibilidades de que fueran usadas para cometer crímenes de guerra. Según la legislación europea y española de exportación de armamento, estas exportaciones no deberían haber sido autorizadas. 

La guerra del Yemen ha desembocado en la mayor crisis humanitaria de la actualidad según la ONU. Según este organismo han fallecido ya más de 8.000 personas aunque diversas organizaciones humanitarias calculan que la cifra de fallecidos asciende decenas de miles. 

Quien toma la decisión en España sobre a qué lugares se pueden exportar armas es un organismo llamado Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), integrada por representantes de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, de Economía y Hacienda y de Interior. Las reuniones son a puerta cerrada y las actas son secretas e inaccesibles.

La Secretaría de Estado de Comercio, de quien depende la JIMMDU, ha respondido a este periódico que España cuenta con uno de los "sistemas de control de comercio de material de defensa más robustos" y recalcan que el Gobierno está "firmemente comprometido" con la normativa "nacional e internacional" de exportaciones de armas. Aseguran, a su vez, que el Ejecutivo está trabajando en la creación de un nuevo instrumento de verificación que "permitirá controlar más exhaustivamente el empleo de material exportado".

Es la primera vez que un grupo de ONG y abogados presentan una comunicación de este tipo ante la CPI, en la que acusan tanto a los gobiernos como a las empresas implicadas. Los impulsores de la denuncia la definen como una "nueva vía" para lograr que se corresponsabilicen de los crímenes de guerra que se cometen en Yemen.

"Las empresas y los gobiernos europeos se están beneficiando de exportar estos materiales", señalan desde EHCCR a la vez que denuncian que, hasta la fecha, las autoridades judiciales no están haciendo nada -ni a nivel internacional ni nacional- para que se cumpla la legislación sobre exportaciones de armamento y componentes bélicos. "Es hora de que la posible responsabilidad penal de los directivos de las empresas armamentísticas que contribuyen a la comisión de crímenes de guerra se investigue", remachan. 

Desde el mismo organismo precisan que la CPI no tiene jurisdicción sobre las compañías, pero sí sobre las personas físicas que las dirigen. También aseguran que el hecho de que las exportaciones fueran autorizadas por los gobiernos no exime a estas compañías de la necesidad de evaluar el riesgo de que las armas entregadas se utilicen en la comisión de crímenes internacionales.