Fue en la madrugada del 28 de junio de 2009 cuando un comando de las Fuerzas Armadas de Honduras irrumpió en la casa del presidente Manuel Zelaya para sacarlo a la fuerza del Gobierno y trasladarlo en un avión militar a Costa Rica, donde pasaría parte de su exilio.

El derrocamiento de Zelaya, un terrateniente que pertenecía al Partido Liberal de centroderecha y que con el tiempo se fue inclinando hacia el lado del chavismo venezolano, se produjo después de que convocara una consulta informal sobre una reforma de la Constitución que le permitiera la reelección, pese a que tanto el Parlamento como el Tribunal Supremo le habían advertido que era ilegal.

El día antes de que se celebrara esa consulta, que suponía una ruptura institucional, fue cuando los militares secuestraron a Zelaya en pijama a punta de pistola, dando así un golpe de Estado. Zelaya regresaría a Honduras dos años después, en 2011, pero no volvió a ser presidente.

A diferencia de lo ocurrido con Evo Morales en Bolivia el pasado 10 de noviembre, cuando se vio obligado a renunciar a su cargo de presidente después de que el Ejército así se lo "recomendara", en 2009 los militares hondureños recurrieron directamente a la violencia para interrumpir de manera inconstitucional el Gobierno.

No obstante, independientemente de ese factor, en una entrevista con eldiario.es el propio Zelaya considera que la renuncia de Morales fue "un golpe de Estado provocado por las insinuaciones de la OEA (Organización de los Estados Americanos)" a raíz de que ese mismo 10 de noviembre difundiera un informe preliminar en el que concluyó que hubo "irregularidades" en las elecciones bolivianas del 20 del octubre, al tiempo que el organismo internacional recomendó la repetición de los comicios.

Después de ese informe, Evo Morales aceptó repetir las elecciones, pero ya en días anteriores las protestas por las sospechas de fraude electoral se habían agravado hasta el punto de que algunas unidades de la policía se rebelaron contra el líder indígena. Fue entonces cuando la cúpula militar "sugirió" a Morales que abandonara el poder y todo se precipitó: Morales pidió asilo político en México y el país se lo concedió.

"La OEA se adelantó diciendo en su informe que había indicios de fraude. La policía y las Fuerzas Armadas se rebelaron contra el presidente y eso es un golpe de Estado aquí y en Roma", afirma Zelaya a eldiario.es. "Cuando un subalterno del presidente, como son las Fuerzas Armadas o la policía, que tienen el monopolio de las armas, se rebela en su contra ya hay un golpe de Estado porque hay un quiebre del orden constitucional. Quien discuta lo contrario es simplemente alguien que ignora lo que significa un Estado de derecho", añade.

El 4 de diciembre la OEA publicó su análisis final sobre las elecciones bolivianas y en él concluyó que hubo "una serie de manipulaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas". En esa auditoría, la organización internacional señaló que se alteraron las actas electorales y que se redireccionaron votos a servidores ocultos, además de que se falsificaron las firmas de los jurados de mesas, entre otras irregularidades.

Sin embargo, para Zelaya las palabras de la OEA dejaron de tener valor hace tiempo y en este caso asegura que el organismo se unió con la derecha boliviana para sacar a un presidente legítimo como Morales.

"La OEA ha perdido credibilidad en manos del señor (Luis) Almagro. La organización también supervisó las elecciones en Honduras en 2017 y en un informe bastante duro constató que hubo manipulación y recomendó repetir los comicios, pero no pasó absolutamente nada. Las declaraciones de la OEA no tienen ninguna credibilidad para los latinoamericanos", insiste Zelaya.

La OEA recomendó repetir las elecciones en Honduras tras detectar irregularidades como "intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales y valijas de votos abiertas o sin actas", que se sumaron a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados: el oficialista Juan Orlando Hernández y el opositor Salvador Nasralla. Sin embargo, unos días después de los comicios, Hernández fue reconocido como presidente, comenzando así su segundo mandato consecutivo pese a que la Constitución prohíbe la reelección.

Almagro, excanciller uruguayo y secretario general de la OEA desde 2015, buscará en marzo de 2020 su reelección en el cargo. Sin embargo, su gestión ha sido muy criticada tanto dentro de su propio país como fuera, pues son muchas las voces que consideran que se ha excedido en sus funciones al tomar decisiones en nombre del organismo sin tener en cuenta la voluntad de los países miembros de la OEA.

Haberse alineado con la retórica agresiva de EEUU en relación a Venezuela también ha generado rechazo, hasta el punto de que la coalición izquierdista uruguaya del Frente Amplio, partido que gobernó el país en los últimos 15 años, expulsó a Almagro de sus filas en diciembre de 2018 por esa postura extrema en torno al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

El golpe de Estado contra Zelaya en 2009 desencadenó una fuerte crisis en el país centroamericano de la que aún no se ha recuperado. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2018 casi el 62% de los hogares hondureños vivía por debajo de la línea de pobreza y un 38,7% en pobreza extrema. Además, los más de 41 homicidios por cada 100.00 habitantes lo sitúan como uno de los países más violentos del mundo.

"Un golpe de Estado es una tragedia, no solo por el hecho del golpe, sino porque se monta una dictadura y vienen años de represión como la que estamos sufriendo en Honduras. Desde hace diez años tenemos un Gobierno fascista, dictatorial y apoyado por EEUU", indica el exmandatario. "Este país está en ruinas, hay miles de muertos, masacres, escuadrones de la muerte y un empobrecimiento brutal de la sociedad. A esto se suma una élite racista, antidemocrática y con altos niveles de criminalidad que ha tomado el control del país", sostiene.

Zelaya asegura que desde su derrocamiento en 2009, en América Latina comenzó un proceso de "restauración conservadora" en el que "se ha utilizado todo tipo de mecanismos, como medios de comunicación, propaganda, militares, fraudes o incluso la justicia" para perseguir a personas como los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Brasil, o el paraguayo Fernando Lugo. Tanto Rousseff como Lugo fueron destituidos después de afrontar un juicio político, si bien son muchas las voces críticas que consideran ambos casos un golpe de Estado blando.

Asimismo Zelaya considera que los últimos estallidos sociales en países como Chile o Colombia, con Gobiernos de derecha, evidencian que "ese sistema ha fracasado y que el modelo neoliberal ya no funciona", pues la ciudadanía reclama derechos, más igualdad y una mayor democracia.

El expresidente hondureño confía en que Evo Morales pueda volver a Bolivia con todas las garantías y que el orden democrático regrese pronto al país andino."El futuro de América Latina, aunque no le guste a (Donald) Trump, es para partidos y Gobiernos progresistas que privilegien los derechos humanos antes que los derechos comerciales de las transnacionales", concluye.