“Murió impune”. Es la frase que suena y resuena en Río Tercero, una rica ciudad agroindustrial ubicada a sólo 100 kilómetros al sur de Córdoba capital. Hablan de Carlos Saúl Menem, el senador nacional y ex Presidente, quien desde el próximo miércoles 24 de febrero iba a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Córdoba, imputado por la voladura intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT) ocurrida la mañana del 3 de noviembre de 1995, donde murieron siete vecinos –entre ellos una chica de 15 años-; sufrieron heridas más de 300 personas, otras miles padecieron daños psicológicos y hubo pérdidas materiales millonarias.

Alberto Fernández la saludó como si se tratara de la única heredera de Carlos Menem. “Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran”, tuiteó el presidente, tras ensayar un balance neutro sobre el riojano. Menem, el primer caudillo popular post-Perón y tal vez el último. Ese es el desafío peronista de la hora: mostrarse cálido y democrático, sin pasar al expresidente por la guillotina de la historia, ni hacer una apología del gobierno que se convirtió en una fábrica de pobres en la segunda mitad de los noventa.

Murió Carlos Saúl Menem, actual senador y dos veces presidente de la Argentina. Tenía 90 años. Estaba internado desde el 15 de diciembre del año pasado en el sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires, por una infección urinaria, que empeoró con una arritmia y después se complicó con una falla renal, tras lo cual fue inducido a un coma farmacológico. El 8 de enero salió de ese coma y su estado parecía mejorar. El año pasado había sido ingresado otras dos veces. La primera vez fue el 13 de junio, por una neumonía severa.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido absuelto este sábado por el Senado, bajo control demócrata, de cualquier culpa en el asalto al Capitolio del 6 de enero, una de las jornadas más convulsas de la historia del país y en la que murieron cinco personas.

Los votos republicanos del Senado, constituido como jurado en este juicio político ('impeachment'), salvaron a Trump e impidieron que los demócratas se hicieran con suficientes apoyos para condenarle.

Solo siete republicanos votaron a favor de condenar al expresidente por "incitar a la insurrección": Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, Bill Cassidy, Pat Toomey y Richard Burr.

Cenar en un iglú de plástico o en una cabaña de plexiglás y madera en medio de la acera mientras que las calles de Nueva York están recubiertas de nieve es parte de la nueva realidad de la ciudad. Tras meses de cierre, los espacios interiores acaban de reabrir con un máximo de aforo del 25%, pero los exteriores siguen siendo el principal espacio para comer y beber en la ciudad.

“Queríamos crear un oasis para que los neoyorquinos, que han sufrido y luchado durante la pandemia, puedan escapar a unas pequeñas vacaciones y sentirse como si hubieran sido trasportados al Mediterráneo, específicamente a Egipto”, dice el dueño de Casa le femme, Medhat Ibrahim, quien ha recubierto la terraza de su local de plantas, lámparas de papel, guirnaldas de luces y calefactores.

El Senado de EE.UU. ha aprobado este sábado citar a testigos durante el 'impeachment' contra el expresidente Donald Trump por el asalto al Capitolio el 6 de enero, un movimiento inesperado que podría alargar y cambiar el rumbo de este procedimiento.

De los cien senadores, 55 han votado a favor de citar testigos, todos ellos demócratas y a los que se han unido cinco republicanos: Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, y Lindsey Graham, que al principio se posicionó en contra, pero ha cambiado su voto en el último momento.

En otro movimiento inesperado, los demócratas que actúan como "fiscales" en el juicio político a Donald Trump llegaron a un acuerdo con la defensa del exmandatario para finalmente no citar a ningún testigo, lo que pone fin al drama desatado por la mañana y significa que el proceso podría acabar hoy.

Las dos partes acordaron que se admitirá como prueba un comunicado que publicó anoche la congresista republicana Jaime Herrera Beutler, de línea moderada y que fue una de los 10 congresistas republicanos que votó en la Cámara Baja de EEUU a favor del juicio político ("impeachment").

Disponer de nuevas vacunas contra la COVID-19 significará poco si la gente de todo el mundo no puede vacunarse a tiempo. Es la principal conclusión a la que llega un artículo publicado este sábado en la revista científica The Lancet elaborado por siete destacados expertos en inmunización, política sanitaria y enfermedades infecciosas.

Los autores defienden que las vacunas deben ser asequibles y estar disponibles para los países de todo el mundo, y que los gobiernos tengan la capacidad administrativa y política para distribuirlas localmente para garantizar una estrategia eficaz de inmunización mundial.

En la cocina de Pernille Rask se aprovecha todo y no se tira nada. Cada lunes ella y una decena de voluntarios preparan 30 comidas calientes y una bolsa de frutas y verduras que reparten entre los vecinos más necesitados del municipio de Hørsholm, al norte de la capital danesa.

Las patatas, los pimientos rojos, el pan para hacer picatostes y las salchichas que usan para el menú de hoy, todos ellos en perfecto estado para el consumo, habrían terminado a la basura si no fuera por iniciativas como Mad med Hjertet ("comida con el corazón").

¿Deberían las personas vacunadas contra la COVID-19 tener menos restricciones para viajar o para poder entrar en determinados locales? ¿Es un pasaporte de vacunas una vía para volver a abrir la economía y el turismo? Algunos países, entre ellos Islandia, Suecia, Dinamarca e Israel, han anunciado planes para crear certificados que verifiquen que una persona ha sido inoculada con la intención de utilizarlos para la reapertura de las fronteras o las actividades económicas. En la Unión Europea, la propuesta de un documento armonizado ha cobrado fuerza, pero de momento no hay una posición común y se acotará a un certificado con "fines médicos".