Desde el shock de la COVID en 2020, una de las principales cuestiones económicas ha sido cuándo y qué países recuperaban el nivel de PIB (Producto interior bruto) previo a la pandemia. Es decir, cuándo y quién volvía a normalizar la actividad en términos agregados. En esta carrera, apenas se ha atendido a si esa recuperación se distribuía igualmente entre los más ricos y los más pobres o si dañaba más o menos al medioambiente.

No es una sorpresa. El análisis dominante del crecimiento económico nunca se ha detenido en estas cuestiones.

En el sistema capitalista, la economía crece en ciclos: protagoniza periodos de avances y sufre contracciones como consecuencia de los excesos y desequilibrios de esos mismos periodos de expansión (como la burbuja inmobiliaria) o de shock inesperados (como la pandemia). La evolución del PIB lo constata. Cada trimestre, las instituciones estadísticas internacionales y nacionales actualizan los cálculos de esta vara de medir (la principal y la más estandarizada). Recurrentemente, los expertos analizan las cifras y los medios de comunicación las divulgan.

En paralelo, los gobiernos toman sus decisiones para estimular la actividad y, en definitiva y más concretamente, el PIB (respecto al que se valora la capacidad de financiarse de los países, la presión fiscal o se establecen comparaciones), pese a los puntos casi ciegos, o con un conocimiento muy posterior, sobre si su comportamiento se reparte igual entre los más ricos y los más pobres o si daña irremediablemente el entorno. En las mismas condiciones, toman sus decisiones las empresas o las familias.

El estudio que firman los economistas Javier Soria, Enrique Chueca y Berna León se detiene en el caso de España. En nuestro país, "durante las últimas cuatro décadas la mayoría de la población ha experimentado un crecimiento económico muy parecido a la media". En otras palabras, el crecimiento se ha distribuido, aunque con una gran excepción: "La riqueza de los grupos más privilegiados económicamente, como el 0,01% más rico, ha crecido sustancialmente en este mismo periodo de tiempo, casi triplicando el crecimiento económico experimentado por la mayoría de la sociedad", recalcan los expertos del Future Policy Lab.

"Así, mientras que en las últimas décadas del siglo XX todos los percentiles de la distribución disfrutaron de un crecimiento medio positivo, desde los percentiles más bajos hasta el 0,001% más rico, en las dos primeras décadas del siglo XXI la economía española ha evolucionado hacia un nuevo paradigma de crecimiento desigualmente distribuido", prosiguen.

El informe 'Más allá del PIB' incluye algunos datos contundentes, como los extraídos del trabajo de Javier Soria (Intergenerational Mobility, Gender Differences and the Role of Out-Migration: New Evidence from Spain (Soria, 2022). PSE Working Paper), que se observan en el gráfico anterior.

Estas cifras señalan que "entre los hijos que consiguen llegar al 1% más rico, solo el 3,77% de ellos viene de familias del decil más bajo de ingresos [del 10% de hogares más pobres]". Este porcentaje debería ser exactamente de un 10% en una sociedad igualitaria. Por otra parte, entre los hijos que consiguen llegar al 1% más rico, un 40% proviene de padres del decil más alto de ingresos. "Este porcentaje debería ser sólo un 10% en una sociedad igualitaria", repite Soria.

"El objetivo original del PIB no era medir la desigualdad, sino servir como herramienta de medición de la producción económica de Estados Unidos. En el momento de su planteamiento, el crecimiento económico estaba igualitariamente distribuido, de modo que el PIB sí constituía una buena medida del bienestar económico de la mayoría de la sociedad. Sin embargo, desde la década de 1980, el crecimiento del PIB se ha vuelto cada vez más desigual. Por lo tanto, es necesario complementar el PIB con indicadores que midan la distribución del ingreso y la riqueza, así como el bienestar económico en términos de salud, educación, seguridad y felicidad. En el caso de España, el estudio de cómo ha evolucionado la desigualdad en el país es imprescindible para poder proponer medidas para atajarla", explican los tres economistas.

"Medir el crecimiento económico desigual es crucial, ya que la falta de información sobre la distribución de ingresos y riquezas a lo largo del tiempo limita la capacidad de los responsables políticos para diseñar medidas eficaces y ayudar a los grupos de renta más vulnerables. Actualmente, las estadísticas macroeconómicas no están desglosadas por nivel de renta y los datos más precisos y frecuentes se publican anualmente, lo que dificulta el seguimiento y análisis en tiempo real de la desigualdad", incide el informe.

En estos últimos 3 años se ha dado una paradoja. Mientras la cuestión central ha sido, efectivamente, completar la reconstrucción, también es cierto que para ello los distintos bancos centrales y gobiernos del mundo desarrollado permitieron y ejecutaron políticas contracíclicas inéditas (sobre todo por su intensidad, no porque fueran desconocidas).

Unas políticas expansivas que han permitido aumentar el gasto público y el endeudamiento. En el caso concreto de España se ha desplegado un escudo social que ha protegido los ingresos de las familias y medidas que han salvaguardado los beneficios de las empresas (la creación del Ingreso Mínimo Vital, la financiación de los ERTE, los préstamos baratos y, después, la subida de las pensiones según el IPC, entre otras decisiones).

Esta respuesta extraordinaria ha dado dos resultados. El primero, una recuperación rápida, como se buscaba. El segundo, una reconstrucción más repartida. Los autores del informe del Future Policy Lab y el Instituto Español de Analistas lo exponen con los datos recogidos por el indicador 'Real-Time Inequality' (desigualdad en tiempo real, en inglés) de los economistas Gabriel Zucman, Emmanuel Sáez y Thomas Blanchet para Estados Unidos, cuyo trasfondo se puede extender al resto de países desarrollados.

"De manera general, los datos nos muestran que la recuperación de la crisis de la COVID-19 fue mucho más rápida que la recuperación de la Gran Recesión [de 2008] (1 año y medio frente a 4 años, respectivamente). Sin embargo, las estadísticas de esta metodología en tiempo real permiten ir más allá de los índices agregados", observa el informe.

Tras la crisis financiera, "el ingreso del 50% más pobre [de la población en edad de trabajar] tardó casi el doble (96 meses) en recuperar el nivel anterior a la crisis que el ingreso general de las personas adultas. Sin embargo, en cuanto a la crisis de la COVID-19, los ingresos de estos dos grupos recuperaron sus niveles anteriores a la crisis mucho más rápido y la diferencia temporal de recuperación entre ambos grupos fue de apenas unos meses", continúa.

Para los autores, este nivel de evaluación del crecimiento sirve para exponer "la importancia de esta nueva metodología a la hora de analizar la (desigual) evolución de la economía, que podría servir para actuar a tiempo e intentar atenuar los efectos negativos de las crisis sobre la desigualdad y la movilidad social".

"Se necesita un conjunto más completo de indicadores económicos que capturen estas facetas sociales, con el fin de medir el progreso con precisión y poder orientar las decisiones políticas", remata. Además de citar el 'Real-Time Inequality', el informe sugiere usar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para evaluar el impacto del crecimiento económico en el bienestar de la población, así como el Índice de Progreso Genuino (IPG), que mide aspectos más amplios del bienestar humano como la salud, la educación, la igualdad social y la sostenibilidad ambiental.