No pasa una semana sin que la petrolera francesa TotalEnergies, una de las mayores multinacionales del sector, se encuentre en primera línea de la actualidad. Llevada ante los tribunales en múltiples demandas por sus actividades en todo el mundo, la empresa continúa impulsando grandes proyectos de extracción de hidrocarburos al tiempo que busca situarse como actor imprescindible de la transición energética.

Uno de esos proyectos en particular atrae la atención y las críticas de científicos, ecologistas e incluso de las instituciones europeas. Se trata de la construcción en Uganda y Tanzania de un oleoducto que planea transportar petróleo extraído en las inmediaciones del lago Alberto, en el Gran Valle del Rift, hasta un puerto del océano Índico.

Cuatro asociaciones medioambientales (ONG Darwin Clímax Coalitions, Sea Shepherd France, Wild Legal y Stop EACOP-Stop Total) han presentado ante los tribunales franceses una denuncia contra la petrolera por “abstención de lucha contra una catástrofe” y “homicidio involuntario” en África Oriental. Las ONG hablan de un “climaticidio” en curso y piden la suspensión de las obras.

Además, recuerdan una resolución del Parlamento Europeo contra el mismo proyecto por “violaciones de los Derechos Humanos”. Una acusación que se ha repetido esta semana en un informe publicado el jueves por Human Rights Watch (HRW), que acusa a las autoridades ugandesas de acoso, detenciones arbitrarias y palizas a los opositores al proyecto.

Emmanuel Macron, que a lo largo de su mandato no se ha caracterizado por las críticas a las grandes empresas francesas, se ha distanciado del oleoducto. “El Estado no financia este proyecto, ni lo apoya”, se limitó a decir hace unas semanas en una entrevista en la televisión pública.

TotalEnergies, por su parte, afirma que el oleoducto “identifica claramente los riesgos citados en las preocupaciones de las ONG” y que es necesario para responder “a las necesidades energéticas actuales y nos permitirá invertir en el sistema de bajas emisiones del mañana”, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha declarado que no son necesarias nuevas instalaciones para asegurar la demanda.

Se estima que TotalEnergies (heredera de la antigua Compagnie française des pétroles) es responsable del 0,8% de las emisiones mundiales, cifra por encima de las emisiones anuales de Francia. Con presencia en 130 países y 100.000 empleados, se trata de la quinta empresa privada del mundo en emisiones de gases de efecto invernadero, según datos del Climate Accountability Institute.

Su tamaño y la extensión geográfica de sus actividades la sitúan como objetivo de múltiples procesos judiciales. En otro caso reciente, dieciséis entidades municipales (entre ellas las ciudades de París y Nueva York) y seis ONG interpusieron una demanda por incumplimiento de obligaciones en materia de cambio climático: si bien se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en carbono en el horizonte 2050, TotalEnergies planea aumentar su producción de hidrocarburos hasta 2030.

“Aparecidas en Estados Unidos hace unos quince años, estas iniciativas judiciales afectaban principalmente a los gobiernos, pero ahora se dirigen cada vez más a las multinacionales que, por sus actividades y las de sus filiales, son grandes emisoras de gases de efecto invernadero. Su objetivo es claro: obtener órdenes judiciales que les obliguen a reducir sus emisiones”, explica Mathilde Hautereau-Boutonnet, profesora de Derecho en la Universidad de Aix-Marseille (AMU), en un análisis para el diario especializado La Tribune.

Estas acciones judiciales se basan en una decisión histórica en los Países Bajos en 2021, cuando un tribunal ordenó a Shell reducir sus emisiones de CO2 para cumplir el Acuerdo de París. No obstante, el recurso interpuesto en Francia por ONG y autoridades locales fue declarado inadmisible por el Tribunal de París el pasado marzo, al dictaminar que los demandantes no habían cumplido los requisitos de la fase de negociación que requiere la ley (una denuncia anterior para paralizar el proyecto de Uganda recibió una respuesta similar por parte de la justicia francesa).

“Puede parecer que los juicios climáticos son inútiles”, matiza la profesora Hautereau-Boutonnet. “Sin embargo, esto supondría ignorar dos factores decisivos: la capacidad del juez para dictar resoluciones innovadoras y el impacto mediático de estas acciones judiciales”.

Además de Uganda, TotalEnergies (conocido como Total hasta 2021) está vinculado a al menos veintitrés grandes yacimientos de extracción de hidrocarburos por todo el mundo, incluyendo Qatar, Papúa Nueva Guinea, Texas, Mozambique, Kazajstán y el Ártico ruso.

Una estrategia asumida por su actual presidente y consejero delegado, Patrick Pouyanné. En agosto, durante un debate con el climatólogo Jean Jouzel, Pouyanné lo explicaba así: “estoy decidido a seguir invirtiendo en petróleo y gas porque la demanda sigue creciendo. Respeto la opinión de los científicos, pero hay una cosa que se llama la vida real”.

A sus 60 años, Patrick Pouyanné se ha convertido en una figura pública visible en la actualidad francesa. A la cabeza de la cuarta petrolera en el mundo desde hace casi diez años, Pouyanné no se esconde detrás de comunicados de prensa y responde en primera persona a todo lo que tiene que ver con la multinacional, desde la geopolítica internacional hasta los fichajes del equipo ciclista que patrocina.

En marzo acudió a los micrófonos de la matinal de la radio RTL apenas unas horas después de que Yannick Jadot, candidato ecologista a la elección presidencial arremetiera contra el grupo petrolero, por ser accionista en varias empresas rusas. “Cuando el señor Jadot acusa a los 100.000 empleados de TotalEnergies de ser cómplices de crímenes de guerra, es extremadamente grave. ¿Acaso cree que no somos seres humanos?”, declaró.

Pouyanné defendió entonces la imposibilidad de cortar completamente vínculos con Rusia, aunque unas semanas después la empresa acabó por anunciar una retirada progresiva de sus actividades en ese país, entre múltiples críticas por retrasar los plazos (como ya había ocurrido en Myanmar en los meses posteriores al golpe de Estado militar).

En el caso de Rusia, las operaciones de TotalEnergies le valieron una nueva denuncia por “complicidad en crímenes de guerra” en Ucrania “al contribuir a proporcionar al gobierno ruso los medios necesarios para cometer crímenes de guerra”. La demanda, consultada por AFP, explicaba que TotalEnergies poseía el 49% de la empresa Terneftegaz, que explota el yacimiento de Termokarstovoye, hasta septiembre de 2022. Fue sobreseída por la fiscalía antiterrorista a principios de este año.

Según una investigación de Le Monde, este yacimiento suministraba condensado de gas a una refinería que lo utilizaba para producir combustible destinado a aviones rusos implicados en el conflicto de Ucrania, al menos hasta julio de 2022. Acusaciones que TotalEnergies tachó de “escandalosas”, “difamatorias” e “infundadas”.

Además de lidiar con la sucesión de polémicas en las que se ha visto envuelta la empresa, que en 2024 cumplirá cien años, Pouyanné espera mover TotalEnergies hacia la nueva economía, alejada del petróleo. Aunque parezca contradictorio, el director general quiere asegurar que TotalEnergies es también uno de los protagonistas de la transición energética.

Estar en la vanguardia de esa transición asegura ser un actor imprescindible y proporciona un escudo ante las posibles sanciones financieras, que irían en detrimento de la inversión en energías verdes. La multinacional, con entre 4.000 y 6.000 millones de euros anuales, afirma ser “el primer inversor francés en energías renovables y uno de los cinco mayores del mundo en este campo”.

“A medio camino entre el oportunismo comercial y el auténtico cambio industrial, la petrolera francesa cultiva una forma de paradoja sobre sus verdaderas intenciones, marcada por la diferencia de trato entre sus objetivos ecológicos europeos (sujetos a limitaciones reglamentarias) y sus actividades en los países del Sur.”, explica Sylvain Roche, profesor e investigador sobre transición energética en la Universidad de Sciences Po Burdeos, en un artículo dedicado a TotalEnergies en The Conversation.

“El poder financiero de las grandes petroleras les brinda la oportunidad de impulsar la transición energética”, añade Roche. “Por sus actividades contaminantes y su capital, tienen el control del acelerador y de la agenda”. De hecho la campaña publicitaria le ha valido otra denuncia en Francia por “prácticas comerciales engañosas”.

Los beneficios y la capacidad económica de la multinacional estuvieron en el centro de una de las grandes crisis del año pasado. En otoño de 2022, las huelgas en las refinerías por un bloqueo en la negociación salarial entre la dirección de la empresa y la Confédération Générale du Travail (sindicato mayoritario en el sector) llevaron a paros entre el personal que provocaron escasez en las gasolineras de gran parte del país.

Los sindicatos esgrimieron entonces, como argumento de negociación, los enormes beneficios de TotalEnergies. En 2022 la multinacional cerró con un beneficio neto de 20.500 millones de dólares. Otra cifra fue repetida y retomada por el debate político: los casi 17.000 millones de euros que recibieron los accionistas, en forma de dividendos y recompra de acciones.

“La cuestión de los dividendos siempre ha sido muy debatido en Francia, ya que una (muy) pequeña minoría de franceses posee acciones, a diferencia de las poblaciones de muchos otros países (Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, etc.), para quienes es la principal fuente de ahorro, sobre todo para la jubilación”, explica la economista Valérie Mignon en una nota informativa del Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII).

En un contexto de aumento de los precios del combustible, la cuestión de los beneficios millonarios distribuidos entre los accionistas -o invertidos en proyectos de extracción de hidrocarburos- saltaron rápidamente al terreno político. De hecho, los partidos progresistas de la Nupes trataron de crear una ley para aumentar la fiscalidad de los superbeneficios, bloqueada por la mayoría parlamentaria de Emmanuel Macron y por el voto en contra de la derecha tradicional.

Especialmente reacios a nuevos impuestos, el presidente y el Ministro de Economía, Bruno Le Maire, han señalado en varias ocasiones que las multinacionales se organizan a menudo de manera que obtienen pocos beneficios, o incluso pérdidas, en Francia, donde registran la mayor parte de los costes de explotación.

Tanto el presidente como el ministro defienden una línea de colaboración a partir de iniciativas voluntarias por parte de las propias empresas. “Esperamos propuestas concretas que mejoren directamente el poder adquisitivo de los franceses”, afirmó entonces el ministro de Economía, que ha adoptado una estrategia similar con las grandes distribuidoras del sector de la alimentación.

Para facilitar esas ayudas la primera ministra, Élisabeth Borne, aprobó el pasado mes de septiembre una ley para permitir la venta a pérdida en las gasolineras (prohibida por la ley francesa para proteger a las pequeñas empresas). Una invitación de la primera ministra para que los distribuidores que obtienen beneficios netos en el conjunto de sus actividades, apliquen reducciones por debajo de los costes a los consumidores.

“La política de TotalEnergies es que 1,99 euros es el límite, no vamos a bajar más. Ya estamos haciendo un esfuerzo importante”, zanjó Patrick Pouyanné, ante la pregunta de un periodista a la salida de la reunión en el ministerio de Economía. “¿Usted vende a menudo productos a pérdida? Tengamos un poco de sentido común”.