El aumento del precio de los alimentos, y en concreto del aceite de oliva, ha centrado gran parte de las conversaciones desde hace más de un año. Sin embargo, en Cáritas subrayan que hay dos grupos de personas: los que, tras el susto al ver el precio, introducen la botella en la cesta de la compra y aquellos que vuelven a dejarla en el estante del supermercado. Ocurre con el aceite, con la fruta, con la carne o el pescado y otros bienes básicos de primera necesidad.

El estudio ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’, ha sido presentado este martes por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación FOESSA, especializada en pobreza y desigualdad.

Al igual que hacía hace unas semanas la EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, Cáritas ha puesto el foco especialmente en el gasto en vivienda "que asfixia" a miles de hogares, especialmente a los más pobres. Las personas en el 20% con menos ingresos en España gastan el 42,6% de sus ingresos en poder cubrir sus gastos de vivienda, energía y agua, una cuantía que es del 27% en el quintil de la sociedad más rica. En total, los gastos de vivienda y alimentación se llevan "6 de cada 10 euros" de las familias más humildes.

"La vivienda es un gasto fijo y rígido que no se puede modular. Se convierte en un todo o nada", advertía este martes Daniel Rodríguez. En un "pozo sin fondo", llegan a calificar en el estudio, ante los aumentos continuados del precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler.

En algunos casos, las familias se ven obligadas a compartir viviendas y espacios, "lo que ha dado lugar a un preocupante aumento de situaciones de hacinamiento", indica el informe, pasando del 5,1% de los hogares en 2017 al 6,6% en 2022, según datos del INE.

Las familias, ahogadas por el gasto excesivo en vivienda (más del 40% de su renta), hacen malabares para cuadrar sus cuentas familiares. Como única solución, en muchas ocasiones acaban reduciendo su gasto en alimentación, comprando productos más baratos o, a veces, dejando de comer algunos alimentos. "Según datos de la EINSFOESSA, en 2021 el 23% de la población se vio obligada a reducir sus gastos en alimentación. Una situación que se agrava aún más entre las personas en situación de exclusión, afectando al 59%", recoge el estudio.

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE refleja que el 5,4% de las familias en España en 2022 no podía permitirse una comida que incluya carne, pollo o pescado (o su sustitutivo vegetariano) al menos cada dos días. "Esto significa que más de un millón de hogares en nuestro país viven estas restricciones en su dieta, pero es aún más preocupante que este porcentaje ha experimentado un aumento constante desde que se iniciaron los registros en 2004", destaca el estudio.

La ONG recuerda que reducir el presupuesto destinado a alimentos puede tener "consecuencias graves para la salud y el bienestar de estas personas", especialmente para aquellos que ya están en una posición de desventaja y vulnerabilidad social.

En concreto, se menciona el impacto en la salud mental. "La incertidumbre que supone no saber si vas a poder proveer tu hogar de alimentos suficientes en cantidad y calidad es una carga que mina el bienestar emocional de padres y madres de familia y que, en los casos extremos, estigmatiza al conjunto del hogar", contempla el estudio.

Otra de las "estrategias" para llegar a fin de mes, acentuada por la gran escalada de precios de la energía, pasa por no encender la calefacción cuando hace frío o no poner el aire o ventiladores cuando hace calor. Es decir, por la pobreza energética, que sumó un nuevo récord en 2022, frente al descenso medio de la pobreza, con un máximo histórico del 17% de la población.

"Significa que más de 3,2 millones de familias no consiguen mantener un confort térmico pasando frio en invierno y/o calor en verano. Una vulnerabilidad que en el medio y largo plazo termina teniendo implicaciones en la salud física de los residentes", destaca el informe.

Con la Constitución como respaldo, la ONG ha recordado que la vivienda debería ser un derecho en España, aunque hoy es "inexistente" para muchas personas, ha afirmado Natalia Peiro. La secretaria general de Cáritas ha afirmado que esto provoca que aumenten los hogares que acuden a su organización y otras entidades sociales para poder satisfacer sus necesidades más básicas, con un gastos de unos "46 millones de euros en vivienda y unos 10 en suministros"

Por ello, Cáritas ha reclamado políticas redistributivas para apoyar especialmente a los hogares con menos renta, reforzando políticas del lado de los ingresos –como el ingreso mínimo vital, con alcance a más población y mayor cuantía–, pero también con medidas que incidan en el lado de los gastos del hogar, sobre todo, en la vivienda.