El que fuera ministro de Industria durante el tarifazo eléctrico de 2013, José Manuel Soria, compareció este miércoles como testigo en el juicio al que se enfrenta Iberdrola en la Audiencia Nacional. En su intervención, reconoció que desde principios de diciembre de ese año —y coincidiendo con las semanas previas a la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre— los técnicos del ministerio comenzaron a detectar una “evolución inusual” en el precio de la energía.

En un primer informe, del 20 de diciembre, ese organismo acabó suspendiendo la subasta “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”. A preguntas del abogado de una de las acusaciones, Soria respondió que se había basado en las conclusiones de de ese proceso de información previa para afirmar, en su día, que había habido manipulación del mercado. “Eso lo que me debió de venir a mi cuando me preguntan [en una entrevista en ABC] si creo que ha habido manipulación y yo digo que creo que sí, que no lo puedo demostrar pero creo que sí”, sostuvo este miércoles ante la sala. 

Dos años después, en noviembre de 2015, el regulador determinó que la eléctrica había manipulado el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros. Las conclusiones de ese informe sustentan parte de la acusación contra Iberdrola por un presunto delito contra el mercado y los consumidores por el que, una década después, se sientan en el banquillo una de las antiguas filiales del grupo Iberdrola, Iberdrola Generación, y cuatro de sus altos cargos. La sanción, que está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal, fue por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador.

La vista está centrada en las causas que motivaron esa subida de los precios, que las acusaciones consideran injustificado. Ese incremento se produjo a partir de finales de noviembre de 2013, después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la citada subasta de electricidad con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esas subastas fueron sustituidas por el sistema actual, basado en el precio horario del mercado.

Durante el interrogatorio a Soria, sobrevoló la posible vinculación entre esa escalada de precios y la decisión que entonces tomó el Gobierno de Mariano Rajoy de no cubrir con un crédito extraordinario el millonario déficit de tarifa. Fue una decisión que, según explicó, “no gustó al sector y dio lugar a controversia”. “La relación con las compañías era muy fluida, pero basada casi siempre en la discrepancia. Particularmente, con las integradas en [la patronal] Unesa, que recurrían prácticamente todas las disposiciones del Ministerio de Industria”, sostuvo el exministro.

No obstante, rechazó aludir a enfrentamientos con directivos concretos. Y, en este punto, dijo que no recordaba haber pedido “contención” al presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, tal y como publicó El Mundo. “Me sorprendería mucho yo le llamara la atención”, aunque sí reconoció que era habitual que hubiera “pareceres distintos” entre el Ministerio y las grandes eléctricas. 

La tesis del Ministerio Público es que Iberdrola “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Y que fueron los directivos implicados los encargados de su “ejecución”. Esa supuesta maniobra consistió en subir de manera artificial los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas. 

La “consecuencia” de este “artificio”, según el Ministerio Público, es que el precio de la energía se encareció en 7,2 euros el megavatio hora, lo que supuso para la “compañía” un beneficio de 21,2 millones de euros. Por estos hechos Anticorrupción solicita una multa de 84,9 millones para Iberdrola Generación, así como dos años de prisión e inhabilitación y una multa de casi 150.000 euros para cada uno de los directivos.  

Frente a esta argumentación, los acusados se esforzaron durante sus interrogatorios en acotar la incidencia del factor humano en el sistema de fijación de precios. Lo hicieron con alusiones a complejos “modelos matemáticos” y “protocolos de actuación” que tienen en cuenta una diversidad de variables y previsiones meteorológicas. Y tanto ellos como los directivos que comparecieron como testigos evitaron señalar a ningún alto cargo en concreto como el responsable último de dar el ‘sí’ definitivo a las ofertas. Mucho menos a la cúpula de la compañía, a la que situaron al margen de las decisiones “ejecutivas”. 

También los responsables de varias compañías comercializadoras de energía justificaron un aumento de los precios que atribuyeron a factores como la escasa producción eólica, centrales nucleares “indisponibles”, aumento del precio del gas y en general una bajada de las temperaturas que provocó un aumento de la demanda, informa Europa Press. 

En la sesión de este miércoles también compareció como testigo el ingeniero Jorge Morales de Labra, director de Geoatlanter, una empresa minorista de energía que ejerce la acusación particular. Según sus cálculos, la actuación de Iberdrola generó a su compañía un perjuicio de 902.000 euros. A preguntas de fiscal, Morales de Labra afirmó que el período analizado se dieron circunstancias como una situación metereológicamente adversa o el aumento de precio del gas natural, pero sostuvo que "todo aquello no explicaba por sí solo el súbito incremento de precio". Morales de Labra dijo, además, que en enero de 2014, como se había guardado "tanta agua" en diciembre, hubo que "desembalsar" agua de los embalses que utilizan las compañías para producir energía hidroeléctrica.