Con los actuales presupuestos y sin cambios en la política económica, España se aleja del cumplimiento de los objetivos de déficit en los próximos años, cuando estar por debajo del 3% podría ser de nuevo obligatorio tras la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que lleva suspendido desde la pandemia. Es una de las conclusiones del informe de previsiones económicas sobre España elaborado por la Comisión Europea, que estima que el déficit será este año del 4,1%, bajará al 3,2% en 2024 y rebotará al 3,4% en 2025.
La Comisión Europea prevé que la reducción del déficit se ralentice este año respecto a los dos anteriores. "Tras varios trimestres de fuerte crecimiento, los ingresos tributarios muestran signos de moderación, a pesar de la solidez de la recaudación del IRPF. El principal motor de la moderación prevista en 2023 es el crecimiento inferior al previsto de los ingresos por impuestos indirectos, reflejo de la desaceleración de la inflación de los bienes importados", señala el informe. En el lado de los gastos, apunta al "creciente coste" de las pensiones por su actualización conforme al IPC así como al paquete de medidas extraordinarias como la bajada del IVA a los alimentos básicos valorado en 2.700 millones de euros (un 0,2% del PIB).
En un escenario sin cambios en las políticas de ingresos y gastos por la falta de proyecto presupuestario, el cálculo es que el déficit caiga al 3,2% en 2024 debido fundamentalmente a la desaparición del paquete anticrisis que Bruselas da por hecho, a excepción del impuesto a las energéticas, mientras que Pedro Sánchez ha anunciado la prórroga de algunas medidas en el marco de la investidura.
A partir de ahí, el informe de la Comisión Europea recoge, como único cambio en la política económica, que "el impacto presupuestario de medidas de ingresos, como la tasa sobre las instituciones financieras o el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio, expirará a finales de 2024" para continuar: "Se prevé que el déficit aumente hasta el 3,4%".
El análisis de la Comisión Europea da, por tanto, pistas al Gobierno español de las consecuencias que tendría el fin de esos dos impuestos que nacieron, en principio, con carácter extraordinario y temporal. Bruselas no entra en qué figuras concretas debe poner en marcha cada estado miembro. Pero para reducir el déficit, las autoridades tienen que jugar con el esquema de ingresos y gastos. Si disminuyen los primeros, se hace necesario buscar nuevas formas de financiación o reducir los gastos, es decir, hacer recortes.
Cumplir con el objetivo de déficit del 3%, que es el compromiso de Hacienda con Bruselas para 2024, se torna una necesidad imperiosa a partir del próximo año, cuando volverá a estar vigente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los 27 están inmersos en este momento en la negociación de las nuevas reglas fiscales para llegar al 3% del déficit y el 60% de deuda pública respecto al PIB. La intención es que haya una mayor flexibilidad para los estados miembros a la hora de establecer las hojas de ruta de sus correspondientes corsés fiscales. A cambio, será más fácil que se inicien los procedimientos de déficit excesivo con las correspondientes sanciones, que serán más asumibles que las del sistema actual, que nunca han llegado a imponerse por su dureza.
Los puntos de partida de la negociación son muy distantes y el asunto se le ha atragantado más de lo inicialmente esperado a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que se comprometió a tener una propuesta de texto legal en octubre y después para la reunión con sus homólogos de la pasada semana, pero no fue posible.
Tras la última cita, en la que se sortearon las reticencias de Alemania, Calviño aseguró que había "acuerdo en los elementos esenciales” y prometió enviar un texto "en los próximos días" para pegar un acelerón, con reuniones extraordinarias de los ministros de Economía, para que al menos la posición de los 27 se cierre en la presidencia española aunque el acuerdo con el Parlamento y la Comisión llegue bajo la batuta de Bélgica a comienzos del próximo año.
