Quita o condonación son dos palabras que se van a escuchar mucho durante los próximos meses. La deuda autonómica protagoniza uno de los grandes asuntos de la legislatura que acaba de empezar a andar. Diez años después de que se crearan los fondos de Hacienda para dar liquidez a los gobiernos autonómicos, las comunidades afrontan una vía que puede aligerar una carga que se disparó a partir de 2008 y que todavía sigue pesando mucho en sus cuentas. Estos territorios que vieron en apenas cinco años cómo se quintuplicó en algunos casos su deuda, ahora se encuentran a la espera de conocer el tamaño de este alivio.

El tema se puso en la mesa durante las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas el pasado verano. Pero tomó una forma concreta cuando hace unas semanas se publicó el acuerdo de los socialistas con ERC. Una quita de 15.000 millones para la deuda de la Generalitat con el Estado. El compromiso, eso sí, incluía la vía para aplicarla a todas las comunidades con un método de cálculo similar, que todavía está pendiente de publicarse por parte del Gobierno. Incluso se abrió la puerta para que regiones como Madrid, que no tienen deudas con Hacienda, se pudieran beneficiar de alguna manera.

La respuesta inicial a este acuerdo fueron las críticas. "Desigualdad" o "humillación moral" fueron algunos de los términos que se utilizaron desde el PP para responder a este planteamiento para aliviar a las comunidades. Y eso pese a que es una idea que se ha planteado otras veces en el pasado, como hiciera el propio Cristóbal Montoro cuando todavía era ministro de Hacienda en un Gobierno dirigido por Mariano Rajoy.

Pero, ¿de dónde viene esta deuda? Hay que remontarse a los años siguientes al estallido de la crisis de 2008 y, especialmente, a partir de 2011. Las comunidades se vieron con una fuerte caída de ingresos y, por tanto, menos recursos para garantizar servicios públicos como la sanidad y la educación, que dependen de ellas. A ello se sumaba un fuerte desequilibrio en algunas de ellas que impedía que pudieran financiarse en los mercados a precios razonables. El Gobierno central, ya en manos del PP, creó en 2012 un nuevo mecanismo, conocido como Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que siguieron otros, para dotar de ese dinero necesario con préstamos en mejores condiciones para los territorios.

Sin embargo, la mezcla de esos desequilibrios y esta vía de dotación de liquidez provocaron que las comunidades vieran en pocos años cómo su deuda se disparó. En el plano general, si en 2008 los gobiernos regionales tenían una deuda sobre PIB del 6,7%, en 2014, tras los primeros tres FLA, se había aumentado hasta el 23%. En algunos casos, es todavía más llamativa y el nivel de deuda alcanzó en ese periodo por encima del 30%, como la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha o Catalunya. Un nivel que casi una década más tarde, con pandemia mediante, no han logrado reducir.

Aquí se encuentra el problema y es que muchas de ellas mantienen a día de hoy, el mismo nivel, o incluso mayor, al que tenían en 2014. Tras ese año siguieron otros programas de liquidez, menos ambiciosos que los anteriores a medida que la economía mejoraba. A ello se sumó la pandemia, un bache en la deuda que todas han solucionado, gracias especialmente al impacto que ha tenido el aumento de recursos con la subida de la recaudación.

El hecho de que el FLA y otros fondos aportados por Hacienda fueran tan intensos durante esos años hizo que se convirtiera en el principal acreedor de la deuda autonómica. En apenas dos años pasó de tener el 0,6% del total, a más del 30% y la cifra no ha dejado de subir desde entonces. Esto hace que buena parte de la deuda de las comunidades dependa, en realidad, del Estado central. Además, el tamaño enorme de esta deuda hace muy complicado que las comunidades puedan volver a emitir deuda en el mercado a unos precios razonables.

El Gobierno ha dado ahora por seguro que habrá una quita. Así se ha comprometido. La norma deja la puerta abierta para el caso de la deuda del FLA, pero tendrá que hacer cambios normativos para la que corresponda a terceros. Sin embargo, queda por ver la letra pequeña de este sistema. Se conoce cuánto se va a condonar a Catalunya, que es la comunidad que acudió más intensamente al FLA. Serán 15.000 millones de euros, el 20% de lo que debe al Estado. Pero se desconoce cuánto se quitará a la deuda de otras regiones, algunas de ellas como Comunitat Valenciana y Andalucía, con mucho en juego en estas quitas.

Con el tiempo, el FLA y los otros fondos que se crearon para dar liquidez a las autonomías se fusionaron. Así es desde 2015 bajo el paraguas del llamado Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. Estos créditos hacen que el Estado cobre a las comunidades cada año por los intereses más de 960 millones, según figura en las cuentas del pasado ejercicio, aunque en algunos cursos esta cifra ha superado los 1.000 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda explicó que se aprobaría un sistema de cálculo objetivo para calcular cuánto perdonará a cada territorio. De hecho, ha dejado claro que el 20% no será para todos, sino que cada uno tendrá un resultado distinto en función de cómo se haya endeudado en el pasado. Por tanto, este proceso está a la espera de conocerse qué fórmula se utilizará por parte del Ministerio.

Por otro lado, no toda la deuda es susceptible de quitas. Según plantean tanto el acuerdo con ERC como las declaraciones de la propia ministra de Hacienda, habrá una acotación. Según aquel documento, se refiere a la deuda "originada por el impacto negativo del ciclo". Para ello, se determinará "qué parte del incremento de la deuda obedece a este impacto". Sin embargo, la ministra Montero acudió esta semana a una declaración más política, al hacer alusión al endeudamiento "durante el Gobierno del PP". De hecho, acusó a la falta de recursos transferidos desde el Estado como responsable de este sobreendeudamiento de las comunidades. Para las comunidades que no acudieron al FLA, como Madrid, se contempla un sistema de "transferencias para la cancelación de deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos al Estado".

El objetivo último de este movimiento, además de conseguir los votos de ERC o el BNG, con quien también se trató este asunto, es que las comunidades puedan acercarse a la posibilidad de poder financiarse ellas mismas en los mercados.

Estos son los detalles que están pendientes de concretarse sobre el futuro de estas quitas de deuda. Hay que tener en cuenta que establecer un método de cálculo común para todas las regiones es una tarea más que complicada. Durante la última década, ha sido precisamente la fórmula para el reparto de la recaudación entre los territorios la que ha complicado la reforma de la financiación autonómica. En este caso no hay bandos partidistas, sino alianzas entre comunidades con situaciones similares.

Mientras esa concreción llega, se comienzan a ver estimaciones de cuánto supondrá esta quita. Esta semana, el centro de estudios Fedea publicaba un documento en el que calculaban el impacto de la condonación de deuda en función de las cifras acordadas para Catalunya, tomando como referencia la quita por habitante. Con ello, estimaban que rondaría los 88.000 millones de euros, para una deuda acumulada de las comunidades de más de 322.000 millones. Andalucía, Madrid y Valencia serían las regiones más beneficiadas, según estas estimaciones. Esta organización pedía, eso sí, que esta quita viniera acompañada de condicionantes para las comunidades.

El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha realizado esta semana otra estimación algo más conservadora. Según su cálculos, se perdonarían 58.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Comunitat Valenciana, Catalunya y, en menor medida, Andalucía, serían las comunidades más beneficiadas en el cálculo de Gestha.

Además, mientras se concreta la vía para el cálculo de las quitas de deuda, los territorios han comenzado a lanzar sus estimaciones. Por ejemplo, Andalucía cargó contra el pacto entre PSOE y ERC, pero reclamó 17.800 millones, algo más de lo calculado por Fedea. En la Comunitat Valenciana, la región más endeudada, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) planteaba una quita de 27.500 millones. Sin embargo, Compromís, miembro de Sumar, reclamaba para apoyar los presupuestos una condonación de 42.000 millones de euros. Es decir, más del 70% de su deuda.

Sea cual sea finalmente el importe total de las quitas de deuda autonómica, en lo que coinciden todos los expertos es que se trata de una medida parcial y que no soluciona por completo la situación de las autonomías. Esta medida, apuntan, tiene que ir acompañada de la tan enquistada reforma de la financiación autonómica. Una mejora de los ingresos de las comunidades para financiar sus servicios y un cumplimiento de las normas fiscales, permitiría un menor endeudamiento y, por tanto, un menor coste financiero para los territorios. Esta reforma es el gran reto de esta legislatura para el Ministerio de Hacienda y camina en paralelo con la deuda.