El Partido Popular no obtuvo el Gobierno tras las elecciones del 23J pese a que la mayoría de encuestas así lo apuntaban. Sin embargo, sí alcanzó un pequeño pero simbólico premio: la mayoría absoluta en el Senado. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo sabe que con este poder institucional puede trabar la acción del Gobierno o, incluso, imponer determinados debates. En este sentido, la política fiscal apunta a ser durante la legislatura uno de los campos en los que el PP pretende usar el Senado para obligar al Ejecutivo a afrontar el debate de determinadas propuestas.

Así lo muestran los primeros meses de esta legislatura. Aunque el Gobierno echó a andar hace apenas dos semanas, la Cámara Alta ya ha abordado distintos debates legislativos que afectan a potestades del Ejecutivo, como es la política fiscal y presupuestaria. En este sentido, el Senado aprobó hace unas semanas la primera proposición de ley para rebajar el IVA de las peluquerías del 21% al 10%. Además, tiene pendiente de votación en el Pleno una segunda iniciativa del mismo tipo que plantea la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Son dos propuestas recurrentes del PP, que ahora reciben el respaldo de su mayoría absoluta en una de las dos cámaras, además del voto favorable de los socios del Gobierno de coalición en el caso del IVA de las peluquerías. La derecha puso durante la pasada legislatura parte de su discusión con el Gobierno en el plano fiscal. Entre otras cosas, han abogado por rebajas de impuestos generalizadas, en muchos casos con medidas que benefician más a quien más gana, y han llegado a acusar al Ejecutivo de "forrarse" con el aumento de la recaudación.

Aunque durante los últimos cuatro años han planteado estas propuestas en el Congreso, ahora cuentan con el respaldo de una de las dos cámaras.

El poder del Senado es limitado. Aunque lo habitual es que las tramitaciones parlamentarias se inicien en el Congreso, también pueden hacerlo en la Cámara Alta, pero lo que esta aprueba no entra en vigor directamente, sino que tiene que pasar una votación definitiva en la Cámara Baja, donde el PP ya no tiene la mayoría. Ni el Gobierno. Está por ver cómo negocia el PSOE con sus socios para evitar que los de Feijóo le impongan alguna de estas leyes.

Más allá de cómo termine la tramitación, el PP confirma que tiene una herramienta para, cuando menos, hacer más trabada la vida del Gobierno de coalición. Además de hacer propuestas y forzar debates y votaciones, puede aplicar retrasos en la tramitación de leyes que se impulsen en el Congreso o desde el Ejecutivo (como ya está haciendo con la amnistía), usar ciertos vetos o abrir comisiones de investigación, entre otras.

Próximamente se van a comenzar a tramitar los Presupuestos Generales y el Gobierno necesita que el Senado apruebe la senda de estabilidad, lo que incluye los objetivos de déficit y de deuda. El PP ya ha advertido de que usará su mayoría para forzar a una negociación que les permitirá incidir en la política económica de Pedro Sánchez. Los de Feijóo apuntan a un recorte del gasto del Estado con la excusa del final de la política de estímulos de la Unión Europea.

La primera de las propuestas aprobada por el Senado supone rebajar el IVA que se paga en las peluquerías, del 21% al 10%. Esta es una reclamación histórica del sector contra una subida aprobada, en su día, por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, que lo pasó del 8% al 21%.

Ahora el partido la ha tomado como propuesta propia. Y no es la primera vez que lo lleva al pleno del Senado. De hecho la medida tiene un cierto componente simbólico ya que en la pasada legislatura provocó una fuerte polémica. La Cámara Alta aprobó una enmienda a los presupuestos de 2022, apoyada por casi todos los partidos salvo el PSOE, que planteaba esta rebaja. Sin embargo, fue retirada por la entonces presidenta de la Cámara Alta, la socialista Pilar Llop, al defender que afectaba a la política presupuestaria, que es una prerrogativa del Gobierno, y después de que este hubiera pedido su anulación formalmente a través de lo que se conoce como una "disconformidad".

Llop ya retiró una enmienda similar en 2021 antes de que se llegara a votar, decisión que ahora ha anulado el Constitucional. La propuesta ha vuelto a salir adelante, en esta ocasión con 88 votos en contra, los del PSOE y como proposición de ley.

Esta vez, el Gobierno también ha mostrado su "disconformidad". En un documento que presentó tras el registro de la proposición de ley, el Ejecutivo, entonces todavía en funciones, cargaba contra la propuesta y defendía que suponía afectar a su ámbito competencial al tratarse de una propuesta que afectaba a la política presupuestaria. A diferencia de lo ocurrido en las dos ocasiones anteriores, la medida llegó para la votación en el pleno.

El PP trató de evitar este embrollo competencial con una propuesta que se aplicaría el año que viene y, por tanto, no afectaría a los presupuestos que están en vigor. Además, defendía en la justificación de la proposición de ley en que sirva "por un lado, a hacer económicamente viable su negocio, y por otro, para eliminar bolsas de fraude". Cifraba el impacto económico de la medida en un incremento de recaudación de 140 millones, aludiendo a un supuesto aumento de consumo de estos servicios con la rebaja y la eliminación de economía sumergida. Por contra, el Ejecutivo aseguraba, en el documento en el que se posicionó en contra, que esta medida acarrearía la pérdida de 372 millones en ingresos.

La iniciativa ha entrado esta semana en el Congreso y será abordada por la Comisión de Hacienda.

Mucho más peso político que la rebaja del IVA a las peluquerías tiene la otra medida fiscal que ha planteado el PP en el Senado y que está pendiente de votarse: eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta es una de las grandes batallas fiscales del PP allí donde gobierna y así se está confirmando tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Los territorios son libres para aplicar las reducciones que consideren para este impuesto, pero su normativa es estatal y su eliminación, por tanto, depende del Gobierno central.

El PP justifica en su proposición que el Estado "no puede ser insensible ante la problemática que supone para la mayoría de las familias, tener que plantearse si aceptan o no una herencia porque no tienen dinero para el pago del tributo". Este argumento ha sido repetido por la derecha española los últimos años, pero no encaja con la experiencia y con las estadísticas. Son otras causas como la existencia de deudas y no el impuesto la que fuerza la renuncia de herencias. La propuesta del PP incluye también la eliminación en el IRPF o en el impuesto de plusvalía el cobro cuando sea por rentas producidas por una herencia.

Este impuesto aporta 3.200 millones a las comunidades autónomas pese a que ya se encuentra muy limitado. Por ello, el PP, a la vez que plantea en su proposición la eliminación del tributo, pide que se articule un mecanismo de compensación por la pérdida de estos ingresos a las arcas autonómicas.

El partido también ha abogado públicamente por la eliminación del Impuesto de Patrimonio. Ambos serán, sin duda, abordados cuando se inicie una revisión del modelo actual de financiación autonómica. En frente, PSOE y Sumar, abogan por mantenerlos. En la pasada legislatura ya se aprobó un impuesto estatal a las grandes fortunas precisamente para sortear las bonificaciones aplicadas por las Autonomías gobernadas por el PP a los más ricos. El Tribunal Constitucional lo ha avalado.

Tanto la rebaja del IVA de las peluquerías como la eliminación del impuesto de Sucesiones están desaconsejadas por la OCDE. El organismo que engloba a las economías desarrolladas del mundo ha mostrado su inclinación por mantener el impuesto que grava las herencias por considerarlo un mecanismo frente a la desigualdad, ya que pagan más quienes más heredan. Por otro lado, en unas recientes recomendaciones a España, el organismo ha solicitado una subida del IVA mediante la eliminación de tipos reducidos, una idea similar a la ya planteada por el comité de expertos de la reforma fiscal o por el Banco de España.

Además de estas dos proposiciones de ley sobre la mesa y las que puedan llegar en el futuro, de manera inminente el PP tiene el poder con su mayoría absoluta de complicar las cosas al Gobierno en la elaboración de los Presupuestos Generales, cuya elaboración ya ha comenzado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ley de estabilidad aprobada en 2012 por el PP marca que, en uno de los primeros pasos del proceso, el Ejecutivo presenta a las dos cámaras su senda presupuestaria, esto incluye los objetivos de déficit y de deuda —en línea también con lo que marquen en cada momento las normas europeas— o el techo de gasto, aunque este último punto no se vota, solo se informa de él.

Si una de las dos cámaras, en este caso el Senado, lo rechaza, el Gobierno tendrá que presentar una nueva propuesta en el plazo de un mes.

Al afectar esta senda de estabilidad no solo a los Presupuestos del Estado, sino a las comunidades autónomas para la elaboración de sus propias cuentas, el PP no puede simplemente bloquearlo y tendrá que valorar el interés de sus propios gobiernos regionales. Lo que es seguro es que la derecha forzará una negociación e intentará anotarse una victoria política.

La última vez que esto ocurrió fue en 2018, tras la moción de censura, cuando el PP rechazó precisamente en la Cámara Alta el techo de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez para el año de 2019. Aquella vez, el Ejecutivo decidió valerse de la anterior referencia de déficit y deuda para presentar el proyecto presupuestario. No sirvió de mucho porque el Congreso tumbó aquel proyecto y se convocaron las elecciones de abril de 2019. El PP tiene ahora una nueva oportunidad de agitar la fragilidad parlamentaria de la coalición de PSOE y Sumar.