Obstáculo en la negociación para subir el salario mínimo en 2024. Trabajo está tratando de conseguir un acuerdo social para aumentar el SMI un 4%, hasta los 1.123 euros brutos al mes, una cifra a medio camino entre las peticiones de los sindicatos y los empresarios. Sin embargo, la patronal exige además como condición indispensable poder vincular los contratos públicos a esta subida, una reclamación que apoyan los sindicatos, pero que ya ha rechazado Hacienda y a la que se opone también Economía, confirman fuentes de este Ministerio a elDiario.es.

La negociación sobre el salario mínimo, ahora en los 1.080 euros brutos al mes, se centra cada año en la cifra de aumento, pero en esta ocasión ha entrado con fuerza en el debate acabar con la desindexación de contratos públicos. Se trata de una limitación que impide repercutir aumentos salariales a las licitaciones de contratos públicos, fruto de dos leyes del Gobierno de Mariano Rajoy, y que llevan años denunciando los empresarios, pero también los sindicatos.

Las patronales alegan que muchas empresas no pueden asumir las subidas salariales acordadas por el Gobierno, que en los últimos cinco años ha aumentado casi un 50% el salario mínimo, y demandan que este alza se refleje en las asignaciones presupuestarias para prestar los servicios públicos.

Los sindicatos también rechazan la desindexación, ya que consideran que aboca a la precariedad a miles de trabajadores –sobre todo mujeres– subcontratados por las administraciones públicas. Unas administraciones que adjudican los servicios a las ofertas empresariales más baratas, en muchos casos de compañías que apuran al máximo los costes y que alegan luego que no tienen márgenes para mejorar las condiciones salariales. Un círculo vicioso que se convierte en un "disparate", critican en CCOO, que ancla en la precariedad y los bajos salarios a empleados de servicios públicos como la limpieza de muchas administraciones, por ejemplo.

Tras la reunión de este lunes sobre el SMI, Yolanda Díaz salió con el "compromiso" de plantear la petición de indexación de las contratas públicas a sus socios en el Consejo de Ministros, en concreto a Hacienda y Economía, los ministerios competentes. "Vemos razonables las propuestas que han hecho tanto la patronal como los sindicatos", explican fuentes de Trabajo, que apuntan que hablarán con sus socios de Gobierno.

Sin embargo, la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha enfriado mucho la posibilidad de que prospere un cambio en la desindexación de los contratos públicos. Montero, que celebró las normas de desindexación del Gobierno del PP como un logro "muy importante", sostuvo este lunes que "no tendría ningún sentido que la subida del salario mínimo fuera a costa de que las administraciones públicas tuvieran que hacer frente a un mayor coste por los servicios" que prestan.

"Entonces pagamos nosotros el salario mínimo interprofesional, al menos en parte", rechazó la responsable de Hacienda y nueva vicepresidenta cuarta. Este martes, desde la vicepresidencia económica se remiten a Hacienda sobre su postura en este debate, responden en el Ministerio de Nadia Calviño a elDiario.es.

María Jesús Montero afirmó no obstante que hablaría con Yolanda Díaz, pero destacó que la posición de su departamento "a priori" es que "la subida del SMI no puede ser a costa de la propia recaudación del conjunto de los españoles".

"La negociación está en curso y de momento somos prudentes, aunque muy optimistas", sostienen en Trabajo. De no salir adelante esta indexación de los contratos públicos, hay quien considera que será muy difícil que la patronal entre en el acuerdo sobre el salario mínimo con el Gobierno. CCOO y UGT han precisado que prefieren un pacto a tres bandas, que incluya a la patronal, pero también han advertido de que si los empresarios se descuelgan exigirán al Gobierno una subida "por encima del 4%", ha sostenido Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Los agentes sociales, tanto patronal como sindicatos, han lamentado la postura de Montero. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido que la indexación es "de justicia". "Sé que ayer la ministra de Hacienda ha debido decir: no, es que esto si no lo pagan los españoles... También muchas cosas. Y también somos los españoles, en este caso las empresas de este país, los empresarios, los autónomos, los que pagamos muchísimos impuestos (...). Por tanto, yo creo que es algo de justicia", ha recriminado el líder de la patronal.

Las críticas también han llegado desde los sindicatos. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha sostenido que Montero "no tiene razón". "No es posible que firme un contrato hoy con una Administración y pase lo que pase en cuatro años no tenga la posibilidad de indexarse lo que ha ocurrido", ha considerado Álvarez.

Fernando Luján, vicesecretario general del sindicato, ha cuestionado también la oposición de Hacienda a que se asuma con dinero público el aumento del SMI. "¿Se puede pagar con dinero público un SMI de 1.080 euros, pero no uno de 1.120?", destaca a este medio. "La Administración debe pagar salarios dignos, al igual que todos pagamos los salarios de los funcionarios y los empleados públicos", añade Luján.

Junto al salario mínimo, en CCOO advierten de que esta postura de las administraciones públicas también "pervierte la negociación colectiva", ya que las empresas rechazan acordar mejoras que sostienen que no pueden asumir ni repercutir a sus presupuestos.

Además, en el sindicato dirigido por Unai Sordo subrayan que la solución de Hacienda, de que asuman los empresarios los aumentos salariales, hay que enmarcarla en el contexto de subcontratación que propicia el propio sector público, que asigna los servicios basándose "en precios y bajas temerarias, porque no se computa la calidad". Así, muchas empresas piratas y con escasos márgenes son las que consiguen hacerse con las contratas y luego no pueden asumir aumentos de costes.

Los sindicatos consideran que hay garantías que pueden negociar las administraciones públicas para que no haya abusos en la repercusión de costes salariales. Por ejemplo, fijar algunas bandas o referencias que puedan limitar la indexación, para evitar casos extremos que desvíen mucho los presupuestos públicos. O controlar que todo el aumento del coste vaya "al salario de las personas trabajadoras, que no se vaya ni un euro a otra cosa", sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de UGT.