"Si bien las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) deben hacer cumplir la sostenibilidad de la deuda, cualquier requisito adicional a que el ratio de deuda [frente al PIB] realmente disminuya en un horizonte limitado probablemente no será factible [...] y será infringido, a costa de la credibilidad de las propias normas, o conducirá a resultados económicos y políticos catastróficos, por no mencionar una posible restricción de la tan necesaria inversión pública verde", señaló recientemente Olivier Blanchard, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2008 y 2015, en los años de la gran crisis financiera y del austericidio y de los recortes al gasto público para priorizar el pago de la deuda y la reducción de los desequilibrios presupuestarios tras los rescates bancarios.

El francés es hoy uno de los académicos más citados de la disciplina. Su visión, como la de otros muchos expertos, ha cambiado respecto a aquella etapa en la que se puso en jaque el estado del bienestar de los países desarrollados. Su posición sobre el debate que se está produciendo en la UE sobre las nuevas reglas fiscales, que se activarán en 2024, después de ser suspendidas las anteriores por la pandemia, se asienta en las consecuencias de aquella experiencia y está contrastada por numerosas investigaciones. Incluso por el propio FMI, que 15 años después admitió que, históricamente, los recortes en el gasto público no han reducido el peso de la deuda respecto al PIB de las economías avanzadas.

Entre las distintas investigaciones, el estudio de las etapas de recortes del gasto público (consolidaciones fiscales, según la jerga financiera) de 17 países de la OCDE (entre ellos España) entre 1980 y 2014 que realizó el economista Olivier Jacques, de la Universidad de Canadá (publicado en la Journal of European Public Policy). En este informe advierte de un daño crítico a las inversiones dirigidas a los más jóvenes, además de las relacionadas con el futuro, la transición verde y la innovación, y con las condiciones y las infraestructuras necesarias para que se desarrollen.

Pese a estas evidencias científicas –junto a otras como que la austeridad reduce la participación electoral y favoreció el último ascenso de los partidos políticos extremistas en toda Europa–, Alemania y otros socios guardianes de la ortodoxia económica (Países Bajos, Austria...) están impidiendo que se consensúe un marco fiscal flexible para los países de la UE, después del sobreendeudamiento que todos han tenido que asumir para responder al shock inédito y extraordinario de la COVID y a la crisis de inflación exacerbada por la invasión rusa de Ucrania.

A partir de enero, se deberían estrenar estas nuevas reglas fiscales. Un corsé que irremediablemente seguirá marcado por los objetivos del 3% del PIB para el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos) y del 60% del endeudamiento, por la dificultad política para modificar el Tratado de Maastricht en los que están incluidos. Aunque se convertirán en metas de medio plazo y con exigencias diferenciadas entre los países con más desequilibrios y los que tienen menos. Quedando como verdadera obligación la de avanzar hacia ellas, según la propuesta sobre la que los socios comunitarios están discutiendo.

El desacuerdo entre las posturas ortodoxas y las más flexibles, como las de España, Francia o Italia, está en el ritmo que se imponga para reducir el endeudamiento y el déficit. La última propuesta que España puso sobre la mesa estaba plagada de concesiones a Alemania, lo que provocó reticencias de países como Francia, Italia o Portugal, que demandan una mayor flexibilidad, pero las cerca de ocho horas de reunión de los ministros, a las que se suman decenas de reuniones a nivel técnico, no lograron desencallar del todo la negociación.

Posteriormente, el Parlamento Europeo abogó por una mayor flexibilidad en esa futura norma frente a las imposiciones de Alemania y los ‘halcones’, al plantear que un periodo de cómputo para la reducción de la deuda de diez años respecto al que plantean los 27.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, ha avisado este miércoles desde Bruselas que la señal que darían los Estados miembro a los mercados y, sobre todo, a los ciudadanos "sería pésima" si no consiguen alcanzar un acuerdo para la reforma de reglas fiscales europeas. "Es imposible que no lleguemos a un acuerdo, porque si no lo hubiera se sentiría como un fracaso entre los 27", ha reconocido la vicepresidenta primera en la sesión plenaria del Comité Económico y Social europeo.

La vicepresidenta ha señalado que "muy probablemente" habrá otro Ecofin la semana que viene, con el objetivo de que haya un nuevo enfoque sobre las nuevas reglas. Calviño ha reconocido así que se trata "de un tema complicadísimo", con distintas ópticas y posiciones de partida. "Lo que sí que tienen claro los 27 Estados miembro es que tenemos que encontrar un buen equilibrio para que la sostenibilidad fiscal y financiera sea un hecho a largo plazo".

Calviño ha insistido en que se debe apostar por ratios de PIB y de deuda, pero manteniendo, al mismo tiempo, las inversiones para el futuro en ámbitos como los aspectos sociales, defensa o transición verde y digital.

“No queremos que a la decena de países a los que se aplicará el procedimiento de déficit excesivo se les impida invertir o llevar a cabo reformas estructurales durante cuatro años. Creo que eso sería totalmente contraproducente y sería, además, un error económico y un error político”, reclamó la semana pasada el ministro francés, Bruno Le Maire, durante las negociaciones. 

Esta denuncia gana peso si se atiende a los argumentos obtenidos por la investigación de Olivier Jacques, quien demostró que la austeridad "está asociada con una disminución en la proporción de inversión pública en investigación y desarrollo y en infraestructuras y con un aumento de las proporciones de los presupuestos correspondientes a la atención sanitaria y las pensiones". Es decir, estas conclusiones no quieren decir que en las etapas de austeridad no se recorte el gasto público en sanidad y en pensiones, sino que, proporcionalmente, el mayor daño lo sufren las partidas con menos rédito electoral a corto plazo, principalmente la inversión en el futuro.

El economista recopiló los datos de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Para realizar su estudio dividió el gasto público en cuatro bloques: ciclo de vida (salud y pensiones), mercado laboral (desempleo, invalidez, asistencia social...), inversión en capital humano (educación, cuidados y políticas activas de empleo) e inversión en capital físico (infraestructuras e investigación y desarrollo o I+D); y despreció el resto (principalmente seguridad, defensa y cultura), por considerarlo irrelevante para la investigación. Los cuatro bloques suponen el 70% del gasto público total, de media, de los 17 Estados seleccionados entre 1980 y 2014.

Con esta materia prima, calculó que, por ejemplo, en 2009, cuando el gasto público sufrió un recorte del 1,5% del PIB en promedio, "los gastos en salud y pensiones aumentaron del 37% del gasto total al 47%. Mientras, en el mercado laboral se mantuvieron estables cerca del 21% (siempre proporcionalmente) y las inversiones en capital humano se redujeron del 24% al 19% del gasto público total. Por último, la inversión pública en investigación y desarrollo y en infraestructuras se contrajo del 17% al 11%.

Ante una posible vuelta de las exigencias de recortes, la investigación de Oliver Jacques remarca que "en condiciones de austeridad, los gobiernos dan prioridad a las políticas que ofrecen beneficios a corto plazo a electores influyentes en detrimento de las políticas [sus conclusiones no diferencian entre gobiernos de derechas o de izquierdas] que producen ganancias a largo plazo, reorientando así el presupuesto hacia las políticas relacionadas con las pensiones o el mercado laboral y alejándolo de la inversión".

"Las políticas que asignan los recursos de hoy en programas cuyos beneficios se desplegarán sólo en el futuro son menos resistentes a la austeridad", dice. "Al aumentar la proporción de gastos asignados a salud y pensiones, las consolidaciones fiscales acentúan las tendencias de algunos estados de bienestar a estar sesgados a favor de los ciudadanos mayores y reducen la proporción de inversiones públicas que beneficiarían generaciones futuras, generando preocupaciones sobre la equidad intergeneracional", incide. "Además, descuidar el mantenimiento de la infraestructura pública implica que las generaciones futuras tendrán que pagar la factura de una infraestructura en deterioro", finaliza.

Estas consecuencias son similares en todos los periodos de austeridad, y especialmente para países como España, donde los recortes fueron especialmente agudos y estuvieron marcados por los rescates bancarios con el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008. Hasta el cierre de 2022, Eurostat cifró en más de 74.000 millones de euros el déficit acumulado por España desde que se empezaron a desplegar los programas de apoyo al sector financiero por la diferencia entre lo que inyectó el Estado en el sector y lo que ha ingresado por ello. Es el mayor desfase absoluto registrado en Europa y el sexto si se pone en relación con el PIB del pasado año.

Este déficit por los rescates bancarios supone alrededor de 6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país. Por su parte, según las previsiones de la OCDE, la deuda pública de España caerá al 106,5% del PIB en 2024, desde el 107,5% en el que terminará 2023, tras dispararse por encima del 120% en 2020 por la pandemia. Para el déficit presupuestario, las previsiones rondan el 3% para el año que viene, también después de una fuerte reducción en esta fase de recuperación económica (los desequilibrios se han rebajado en gran parte por el crecimiento).

Por este motivo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, apuntó esta semana que "las propuestas que están encima de la mesa ahora mismo pueden llevar a Europa a la recesión. La UE no puede volver a repetir los errores que se cometieron en 2010, con las exigencias de reducción drástica de la deuda y déficit que van a llevar a recortes de gasto público incompatibles con la protección social y los recursos necesarios para la transición digital y energética".

"En un momento en que las grandes economías como EEUU y China están destinando enormes cantidades de recursos públicos a las empresas para la transición verde y digital, es un suicidio para Europa recuperar objetivos de deuda y déficit en tiempos e intensidades irreales, que van a llevar al empobrecimiento de las sociedades y la recesión en conjunto de la UE y en concreto a países como España", ha concluido Sordo.

La semana pasada, Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, publicó un artículo en el que destacó precisamente que "la inversión, una de las claves del bienestar de España, arrastra un déficit desde la época de la crisis financiera", aunque su enfoque se amplía a las empresas. Lo cierto es que el Gobierno viene defendiendo que el Plan de Recuperación financiado por la UE está enfocado en paliar este problema, una contradicción con la amenaza que supone la austeridad fiscal y el freno que ya supone la austeridad monetaria por las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE).