A la UE le costó tomar medidas para intervenir el mercado energético en lo peor de la crisis de precios del año pasado. Arrastrando los pies, los 27 acordaron en diciembre de 2022 poner un tope al precio del gas para evitar situaciones como las que atravesó Europa el pasado año. Ahora, un año después, con la mayoría de medidas a punto de caducar pero con los precios estabilizados, sobre todo con un desplome del de la energía, los ministros del área han decidido prorrogar esas medidas.

El acuerdo alcanzado entonces tenía limitaciones específicas que hacían ya de por sí complicada la activación, y que ahora está descartada una vez que los precios han vuelto más o menos a la normalidad. De hecho, nunca ha llegado a ponerse en marcha. El denominado "mecanismo de corrección del mercado" que entró en vigor en febrero de este año contempla una activación automática si el precio mensual adelantado en el Title Transfer Facility (TTF) holandés supera los 180 euros/MWh durante tres días hábiles; y el precio del TTF es 35 euros superior al precio de referencia del gas natural licuado en los mercados internacionales para los mismos tres días hábiles.

La otra medida que se amplía es la regulación para la "solidaridad" entre países en caso de escasez de suministro de gas, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. No obstante, introduce un cambio al eliminar la obligatoriedad de los estados en la participación de la agregación de la demanda para la negociación de las compras conjuntas de gas.

También se prolongará, en este caso hasta junio de 2025, el marco que permite facilitar las ayudas para el despliegue de las energías renovables.

"La prórroga de las tres medidas de emergencia es necesaria para hacer frente a una situación aún frágil en la UE tras la invasión rusa de Ucrania. Nos permitirá garantizar la estabilización de los mercados energéticos, paliar el efecto de la crisis y proteger a los ciudadanos de la UE de unos precios de la energía excesivamente elevados", ha señalado en un comunicado la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien corresponde la presidencia del Consejo de ministros de Energía de la UE hasta final de año.

En el caso del denominado 'mecanismo ibérico', que permite a España y Portugal establecer un tope al precio del gas con el que se produce la electricidad, está vigente hasta finales de este año, a pesar de que la intención de ambos gobiernos era solicitarlo hasta finales de 2024. La Comisión Europea puso como límite diciembre de 2023, que era la fecha en la concluía el conjunto de medidas excepcionales para hacer frente a la crisis energética. Ahora España y Portugal tendrán que solicitar una nueva prórroga si quieren ampliar esa excepción y será Bruselas quien tenga que analizarla bajo el régimen comunitario de ayudas de Estado.