El Gobierno de coalición ha aprobado este miércoles un Real Decreto-Ley anti crisis con dos objetivos: evitar un rebrote de la inflación en los próximos meses y no saltarse el objetivo (y el compromiso con la UE) de dejar el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) en el 3% en 2024.

Con esta doble intención, el coste del último paquete de medidas contra la inflación se ha reducido, previsiblemente, a alrededor de 4.000 millones, repartidos entre descuentos al transporte (cerca de 1.400 millones) y rebajas fiscales (2.500 millones), desde los 15.000 millones de 2023 y los 22.000 de 2022.

En 2021, algunas de las primeras decisiones que el anterior Ejecutivo de coalición tomó para aliviar el daño de la escalada en los precios de la energía a las familias, a las empresas y a la economía en general fueron la reducción del IVA de la electricidad y el gas del 21% al 5%, el recorte del 5,11% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía (IVPE).

Estas han sido algunas de las medidas más caras para la Administración pública. Pero también se sitúan entre las más eficaces para moderar la inflación, junto al mecanismo ibérico (o tope al gas). Entonces, su retirada solo podía ser "progresiva", como la describió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensar posterior al Consejo de Ministros que aprobó el octavo Real Decreto-Ley para combatir la crisis de precios.

El ritmo será el siguiente. El IVA de la luz se elevará al 10%, y ahí se quedará durante todo 2024. El IVA del gas pasará del 5% al 10% en el primer trimestre, y después regresará al 21%. Por su parte, el IEE aumentará al 2,5% en el primer trimestre, luego al 3,8% en el segundo y regresará al 5,11% original a partir del tercer trimestre. Mientras, los escalones para el impuesto a la producción serán del 3,5%, al 5,25% y, por último, 7%, en los mismos periodos.

"Todas estas medidas garantizarán el objetivo de mantener una reducción significativa de la factura de productos energéticos de los hogares, en particular durante el periodo invernal. Lo que se compaginará con la normalización de los precios de mercado, que han experimentado rebajas sustanciales con respecto a los periodos de mayor tensión, como el récord de los precios del mercado mayorista de 2021 y la invasión rusa en Ucrania iniciada en febrero de 2022", explica el Ministerio de Hacienda.

El Real Decreto-Ley mantien hasta junio la rebaja del IVA del 4% al 0% a alimentos de primera necesidad (como la leche, el pan, los huevos, las legumbres o las verduras) y del 10% al 5% para el aceite y las pastas. La inflación de los alimentos es uno de los principales focos de preocupación en esta última fase de la crisis de precios, aunque las reducciones del IVA son medidas que no discriminan a sus beneficiarios según lo que ingresan, favoreciendo más a los que más gastan.

"Estas medidas que buscan seguir abaratando la cesta de la compra continuarán siendo únicamente para el consumidor. Por lo que dicha reducción no podrá dedicarse a incrementar márgenes de beneficios empresariales que puedan llevar a un encarecimiento de la cadena de producción", inciden desde el Ministerio de Hacienda. Los datos de los beneficios empresariales cuentan una historia diferente, en la que los supermercados han exprimido la crisis de precios para mejorar su rentabilidad e incrementar sus ganancias.

Uno de los ejes de la prórroga del plan anticrisis son los descuentos al transporte de los usuarios habituales. Si estos se definieron hace meses como una medida esencial para aliviar el impacto de la inflación de quienes utilizan habitualmente el transporte público, ahora se reconfiguran como un modo para incentivar su uso en detrimento del coche. De hecho, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asegura que, en los últimos meses se percibe un aumento de la demanda del transporte colectivo y una ligera caída del privado.

Los descuentos, como tales, se mantienen como hasta ahora. Es decir, los usuarios habituales de trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia tendrán que solicitar sus abonos gratuitos, al igual que sucede con los títulos multiviaje de las líneas de autobuses de titularidad estatal. Sólo en el último trimestre, Renfe ha emitido más de 2,4 millones de abonos gratuitos.

Ahora queda por saber qué pasará con todos los abonos multiviaje que no dependen del Estado, porque cuelgan de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Ahí, el Gobierno ha mantenido la dotación económica como ha ocurrido en 2023. Es decir, el Estado va a financiar un 30% de descuento en los abonos y títulos multiviaje siempre que las administraciones regionales y locales descuenten otro 20% con cargo a sus propios presupuestos. El objetivo, que ir en transporte público cueste la mitad respecto a lo que sería su precio normal. 

Estos descuentos tienen un coste para el Estado de 1.464 millones de euros, según el Ministerio, y se aplicarían para todo 2024. De esta forma, queda para más adelante, al menos para 2025, la gratuidad del transporte solo para determinados colectivos que prometió Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Ahí mencionó que esta medida estaría enfocada solo a menores, jóvenes y personas en situación desempleo. 

La situación de la vivienda, con los precios tensionados sobre todo en el alquiler, se mantiene como una de las prioridades políticas y vuelve a entrar en el decreto anticrisis aunque solo con un enfoque, el de proteger a aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad y vayan a ser desahuciadas, sin tener una alternativa habitacional.

Se trata de una de las medidas que lleva años en marcha, porque ya entró en el plan para hacer frente a la crisis del coronavirus, pero ahora la situación legislativa es diferente, dado que desde mayo está en vigor la Ley de Vivienda que, por primera vez en la actual democracia la define como un derecho. Una ley que está a la espera de que se defina el índice de precios, con el que se podrán topar los alquileres en las zonas con los precios más disparados.

El plan anticrisis lo que hace es prohibir durante todo 2024 los desahucios de todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, en una medida que el Ejecutivo ha acordado con EH Bildu. No es un proceso automático. Estas deben demostrar que son vulnerables -en base a los ingresos, que determina cada comunidad autónoma- y deben contar con un informe que lo acredite, por parte de los Servicios Sociales, y tiene que estar respaldado por una autoridad judicial. 

Los propietarios de esos inmuebles, además, pueden pedir una compensación, que podrán solicitar hasta el 31 de enero de 2025, en el órgano competente en Vivienda de cada comunidad autónoma, por lo que han dejado de ingresar. Cabe recordar que la Ley de Vivienda ya contempla que los grandes tenedores -con más de 10 casas- no pueden desahuciar a vulnerables cuando no hay una alternativa habitacional.

La prórroga de los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca (por las subidas de los tipos de interés del BCE) y de las energéticas (por la escalda de los precios por la invasión rusa de Ucrania) levantó la principal bronca entre los socios del Gobierno de coalición (PSOE y Sumar).

Incluso, tras ser aprobado el Real Decreto-Ley, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su desacuerdo con la modificación del impuesto a las energéticas para que puedan deducirse inversiones estratégicas, que ha tildado de “rebaja” y “regalo fiscal” para las grandes compañías del sector.

Los grávemenes quedan así. Por un lado, serán integrados en el sistema tributario. Es decir, dejarán de ser temporales. Por otro, "serán concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del Concierto y Convenio en vigor, respectivamente, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Nafarroa”. Un tanto para ambas regiones que se ha apuntado EAJ-PNV. Por último, “la prórroga de los impuestos extraordinarios a las entidades bancarias y las energéticas añade una modificación normativa para que, a partir del 1 de enero, se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde e incluya un compromiso de revisión en el 2024 como figura de carácter permanente”.

El paquete extiende hasta el 30 de junio de 2024 las tres categorías de consumidores vulnerables perceptores del bono social eléctrico y los descuentos del 40% para hogares trabajadores con bajos ingresos, del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos.

También se prorroga el límite al crecimiento de la Tarifa de último Recurso de gas (TUR), limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%, así como la existencia de la TUR vecinal específica para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas natural y el precio máximo de la bombona de butano de 19,55 euros. En beneficio de todos los consumidores, los cargos del sistema eléctrico se mantendrán durante todo 2024 en el mismo nivel que ahora. Es decir, un 55% por debajo de los niveles previos al estallido de la guerra.

Por otro lado, se amplía seis meses más la reducción del 80% de los peajes de la industria electrointensiva, así como la flexibilización para modificar la potencia eléctrica contratada y los contratos de suministro de gas.

Sánchez ha incidido en que, en 2024, se eliminarán “las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad” y en que desaparecen “las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de créditos a tipo variable”.

Además, recientemente, se elevó de 29.000 euros a 38.000 el umbral de renta a partir del cual las familias pueden adherirse a los mecanismos diseñados para aliviar el encarecimiento de las hipotecas. Asimismo, se pactó con la banca ampliar durante una año más, durante todo 2024, la gratuidad que se contemplaba para los clientes con hipotecas variables para las amortizaciones anticipadas o el traspaso de créditos a tipos fijos. También a aquellos productos a tipos mixtos, que han ido ganando peso en los últimos meses y que es una novedad respecto al anterior código de buenas práctica firmado por el sector financiero y el Ejecutivo.

Una de las novedades que ha anunciado Sánchez tras el último Consejo de Ministros de 2023 es la cesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a todas las comunidades autonómas, "si lo solicitan". Hasta ahora, solo Euskadi y Navarra habían conseguido esta transferencia, que "supone que los gobiernos autonómicos se encargan de la tramitación, del reconocimiento y del pago de esta prestación".

"El texto del Real Decreto-Ley refuerza la apuesta del Gobierno por impulsar la rehabilitación energética de viviendas o edificios, al prorrogar las deducciones de IRPF vinculadas a las obras realizadas con ese fin", continúan desde el Ministerio de Hacienda.

"Estas ayudas, vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán deducirse un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades. Unos porcentajes sujetos al tipo de vivienda y a la profundidad de las obras que se realicen para lograr el objetivo de reducir el consumo y obtener los certificados correspondientes que así lo avalen", añaden en Hacienda.

"Junto a lo anterior, hay que destacar la prórroga en la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables", finalizan.

Fuera de las medidas anti crisis, Sánchez ha destacado la revalorización de un 3,8% las pensiones para compensar la inflación, según prevé la última reforma. Además, el Consejo de Ministros ha prorrogado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2023, "durante el periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la Mesa de Diálogo Social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado" entre patronal, sindicatos y Gobierno, según el Ministerio de Trabajo.

Respecto a las medidas de apoyo para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, se prorroga el aplazamiento con condiciones más ventajosas del pago de cuotas a la Seguridad Social. También se ha aprobado la prórroga durante 6 meses de la prestación especial por cese de actividad para los autónomos y se mantiene la exención del 100% en la cotización aplicable a los ERTE por fuerza mayor.

Las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos hasta el próximo 30 de junio. "Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos", según el Ministerio de Trabajo.

El decreto incluye mayor protección a investigadores al permitir la posibilidad de la suscripción de un convenio especial para ampliar, hasta un máximo de 5 años, el cómputo como cotizado de los periodos de formación, entre otras medidas. Además, se incorpora la prórroga de jubilación parcial con contrato de relevo en la industria manufacturera. Este "contrato relevo" es especialmente importan para el sector de la automoción.

El Real Decreto-Ley incorpora medidas para reforzar la cadena de valor de la industria verde europea, modificando los hitos de la tramitación de nuevos proyectos de renovables –se prolonga desde los cinco hasta los ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación- e incluyendo criterios cualitativos en las subastas de renovables.

Se incluye también el almacenamiento de energía en los usos del agua y adapta a esta finalidad las concesiones de las hidroeléctricas de bombeo. La norma avanza en la política de fomento del autoconsumo dando más capacidad de red y facilitando el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación. Al mismo tiempo, se aporta certidumbre a las instalaciones de cogeneración, biomasa y tratamiento de residuos al aprobarse los valores de referencia para calcular los ingresos regulados desde el 1 de enero.

Con relación a la sequía, particularmente notable en las cuencas del sur y el este -como la del Guadalquivir o las internas de Cataluña-, se habilita a las confederaciones hidrográficas a reducir suministros y modificar criterios de prioridad en el uso del agua para distribuir los recursos, a la par que se refuerza el régimen sancionador. Se conceden exenciones del 50% y el 100% en el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua a explotaciones agrarias beneficiarias de obras hidráulicas con reducciones en la dotación de agua.