Carlos Cuerpo es el sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido al hasta ahora secretario general del Tesoro para cubrir la marcha de la vicepresidenta primera a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El perfil del nuevo ministro es técnico y de la casa. Como Nadia Calviño, y como otros tantos cargos españoles en instituciones nacionales e internacionales (Luis de Guindos, Pedro Solbes, Jordi Sevilla...) se sacó la oposición del Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado, en 2008.
Desde 2011, realizó tareas similares para la Comisión Europea, y en 2014 saltó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En esta institución, pasó de junior a ser director de la división de Análisis Económico, en solo 6 años, con José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, como jefe.
En 2020 volvió al Ministerio de Economía como director general de Análisis Macroeconómico, ya en el equipo de Nadia Calviño y recomendado por Escrivá. En 2021 fue nombrado secretario general del Tesoro y Financiación Internacional.
Su carrera cumple el requisito de haber bregado en el ámbito europeo en asuntos cruciales como la emisión de deuda pública o el estudio de las políticas económicas. Al mismo tiempo, su leve carga política deja espacio para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ascienda a vicepresidenta primera.
Eso sí, Carlos Cuerpo se pondrá al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el órgano que los ministros del ramo discuten las principales decisiones de la materia. Oficialmente, la conocida como CDGAE es "un órgano colegiado del Gobierno encargado de garantizar la plena coordinación y coherencia de las políticas de los distintos departamentos ministeriales con los criterios de la política económica". Una comisón clave.
Pedro Sánchez ha descrito al nuevo ministro como "un europeísta convencido", y ha anunciado que desaparece la vicepresidenta cuarta que ocupaba la propia María Jesús Montero. Yolanda Díaz continúa como vicepresidenta segunda y Teresa Ribera como vicepresidenta tercera.
El nuevo ministro hereda una economía que está frenando su crecimiento tras completar la recuperación del shock de la COVID en 2022 y resistir mejor que los principales socios europeos el daño de la inflación desde 2021. El PIB cerrará 2023 con un avance cercano al 2,5%, "cuatro veces más que la media de la eurozona", según destacó el propio Pedro Sánchez este miércoles, en su balance del año, tras el último Consejo de Ministros.
La evolución de la economía de nuestro país ha destacado en la reconstrucción de la pandemia por la inédita respuesta social (financiación de los ERTE, diseño del IMV, revalorización de las pensiones...), y por otras medidas que han favorecido cambios estructurales en el mercado de trabajo (donde se ha alcanzado un récord de 21 millones personas contratadas), en el mayor peso de sectores relacionados con la innovación y la tecnología y en el tirón de las exportaciones de servicios (y no solo turísticos).
Medidas y transformaciones que han protegido las rentas de las familias y los beneficios de las empresas. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o el despliegue del Plan de Recuperación son algunas de las más destacadas.
En 2024, se espera que el PIB crezca un 1,6%, según el Banco de España. Un ritmo inferior al que venía marcando desde 2021 pero que vuelve a destacar en la eurozona. Precisamente, la debilidad del sector exterior (con menos exportaciones y un turismo que ha tocado o está cerca de tocar techo) explica gran parte del frenazo. Mientras, el consumo de los hogares y la inversión de las empresas serán los principales motores.
El nuevo ministro tiene el doble reto de seguir protegiendo a ambos y de cumplir con las reglas fiscales que estrena la UE el próximo año y que obligarán a dejar el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) en el 3% y a reducir el endeudamiento, disparado por la pandemia y por la crisis financiera de hace una década. Pedro Sánchez le ha enseñado el camino con el decreto anti crisis que el Consejo de Ministros aprobó este miércoles, y que ha reducido su coste a 5.300 millones, desde los los 15.000 millones de 2023 y los 22.000 de 2022.
En el largo plazo, tendrá que reducir la desigualdad, afrontar la elevada tasa de paro estructural (seguirá por encima del 11% el año que viene pese al récord de afiliados a la Seguridad Social) y atender a las inversiones necesarias para la transición verde y digital. Para esto último, serán cruciales las decisiones que se tomen en la UE en un contexto de incremento de los costes de financiación, en el que vuelve el corsé fiscal y de graves tensiones geopolíticas, con la invasión rusa de Ucrania y la masacre de Palestina como principales focos de preocupación.
La nueva presidenta del BEI, Nadia Calviño, empezó su carrera a mediados de los 90 en el mismo Ministerio de Economía. En 2006, consiguió su primer trabajo en la Comisión Europea, y en 2014 llegó a directora general de Presupuestos del Ejecutivo comunitario, con el conservador Jean-Claude Juncker como presidente.
En ese cargó permaneció hasta que fue reclamada por Pedro Sánchez en 2018, cuando el PSOE formó su primer Gobierno, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En ese cargo europeo se labró la fama de ostentar una gran proyección en la UE, según sus defensores. Mientras que más a la izquierda la acusaban de tener una visión cómplice de la ortodoxia de Alemania.
Lo cierto es que Nadia Calviño nunca ha rechinado entre los líderes conservadores, europeos o nacionales, y tampoco entre los empresarios ni banqueros, más preocupados por otros cargos del Gobierno de coalición.
El BEI es un organismo desconocido para el gran público, pero apoya proyectos estratégicos para el club comunitario y vehiculará una buena parte de los préstamos del Plan de Recuperación. Desde verano, la propia Calviño destacó su importancia y aseguró que sólo una candidatura con su nombre podía prosperar. Para lograrlo, ha necesitado la confianza de una mayoría de los países de la UE.