La reforma que aumenta el subsidio por desempleo hasta los 570 euros al mes está en el alambre. No solo por Junts, que ha anunciado su intención de tumbar tres decretos clave que vota el Gobierno esta semana, sino también por Podemos. La formación morada baraja no apoyar el decreto a menos que se comprometan cambios en un punto: la reducción de la cotización de los mayores de 52 años, que tachan de "recorte". En el Gobierno justifican la decisión, tanto en el PSOE como en Sumar, dado el gran aumento del salario mínimo en los últimos años.

La advertencia de Podemos llegó el domingo y, ante la ajustada métrica parlamentaria, puede suponer que decaiga la norma sobre la que hubo una intensa pugna entre el Ministerio de Trabajo y Economía a final de año. En los sindicatos mayoritarios, donde tampoco gusta la disminución de la cotización para los mayores de 52 años, piden sin embargo que no se tumbe el decreto por el resto de mejoras que contiene.

A continuación, repasamos algunas claves sobre este conflicto de última hora.

El que recoge cambios en la protección asistencial de desempleo, es decir, en los subsidios de paro, pero que también universaliza el derecho a disfrutar del permiso de lactancia de manera acumulada e incluyó la promesa al PNV de dar prioridad a los convenios autonómicos sobre los estatales.

El Gobierno aprobó la reforma el pasado 19 de diciembre tras un nuevo enfrentamiento entre Trabajo y Economía. El departamento de Nadia Calviño apostaba por un subsidio decreciente, con una reducción en la cuantía de la ayuda a lo largo de los meses de cobro, por debajo de los 480 euros vigentes (80% del IPREM) y más control para el regreso a la actividad de las personas en paro.

En Trabajo salieron en contra de estas propuestas y denunciaron públicamente una serie de "recortes" que Economía había puesto sobre la mesa. Destacaron: reducir la cuantía de la ayuda a 300 euros al mes, recortar la duración del subsidio de un máximo de 30 meses a 12 meses y elevar la edad del subsidio para mayores de 52 años hasta los 60.

El departamento de Yolanda Díaz defendió por su parte un aumento del subsidio a los 660 euros al mes, ampliar los colectivos protegidos (como menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales del campo), así como la posibilidad de compaginar el subsidio con un empleo durante 45 días sin disminuir la ayuda de paro.

El Gobierno de coalición finalmente alcanzó un acuerdo interno y aprobó el decreto con posturas de ambas partes. El subsidio mejoró en su cuantía, aunque no tanto como planteó Trabajo: hasta los 570 euros al mes, y decrecerá con el paso de los meses, pero no por debajo de los 480 euros, como pretendía Economía. Cuando el subsidio se compagine con un empleo, una opción que no existía antes, este sí tendrá un menor importe (como reclamaba Nadia Calviño).

La mejora en la cuantía no se aplica al subsidio para mayores de 52 años, que se mantuvo igual, en los 480 euros al mes (80% del IPREM) y no se endureció su acceso, destacó Trabajo. Sin embargo, se reducirá progresivamente la cotización de este colectivo, fijada en el 125% de la base mínima hasta el 100% en 2028.

La norma elimina el mes de espera entre la caducidad de la prestación de desempleo y el cobro del subsidio, así como facilita el acceso al subsidio respecto al cómputo de rentas con cargas familiares.

También se amplía los colectivos protegidos por el subsidio, con los menores de 45 años sin cargas familiares y los eventuales del campo del conjunto del país, mientras que otros que lo estaban (personas que salen de prisión, RAI o emigrantes retornados) se redirigirán al ingreso mínimo vital .

Podemos ha centrado su rechazo al decreto en la reducción de la cotización en el subsidio de mayores de 52 años, que pasará del 125% de la base mínima (que queda marcada por el salario mínimo) al 100%. Lo que se cotiza es determinante para la cuantía de la futura pensión, una cuestión muy relevante para este colectivo de edad avanzada.

Podemos denuncia que se trata de "un recorte" que no puede aceptar y ha pedido al PSOE (con quien fuentes del partido aseguran que es la única fuerza del Gobierno con la que negocian) que lo retire. “Si aceptamos recortes ahora, vendrán más. No se pueden aceptar recortes en las pensiones. Retiren los recortes y votaremos a favor”, ha insistido este lunes Isa Serra.

La reducción de la cotización del 125% al 100% era una de las demandas del Ministerio de Economía, explicaban durante la negociación fuentes sindicales a elDiario.es, que se reiteran este lunes. "Estaban muy empecinados con este tema", indican. Sin embargo, al contrario que otros puntos, este no generaba tantas discrepancias en Trabajo.

No lo denunció públicamente cuando la batalla estaba abierta entre Díaz y Calviño y, de hecho, este lunes el Ministerio de Yolanda Díaz y Sumar han defendido la medida.

Tanto el PSOE como Sumar han justificado la reducción de la cotización del subsidio para mayores de 52 años ante el gran aumento del salario mínimo de los últimos años, de casi el 50% en cinco años. Por un lado, María Jesús Montero ha insistido "hasta la saciedad" que no se reduce el subsidio de mayores de 52 años por lo que se niega a hablar de un "recorte".

Montero ha argumentado que "esa sobrecotización" del 125% de la base mínima "venía como consecuencia de que el salario mínimo interprofesional en nuestro país era realmente bajo". "Nosotros hemos incrementado más de un 45% el SMI y eso implica que realmente en este momento no es necesaria, no hace falta esa sobrecotización que afectaba a los mayores de 52 años", ha explicado Montero.

En el Ministerio de Trabajo han coincidido este lunes con el argumento con el PSOE. La subida de casi el 50% del SMI "permite que las políticas de salarios mínimos de hambre se puedan dejar atrás", ha afirmado Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. "Con esos salarios indecentes los trabajadores no podían cotizar suficiente para tener pensiones dignas. Hoy con el salario mínimo que tenemos, la cotización también es una cotización digna, no requiere de sobrecotización", ha afirmado el 'número dos' de Yolanda Díaz.

La cotización de 125% en este subsidio estaba vigente antes de la reforma laboral del PP de 2012, con salarios mínimos por debajo de los 700 euros al mes. El PP endureció el acceso al subsidio elevando la edad a los 55 años y computando la renta familiar, así como redujo la cotización al 100% de la base mínima, entre otras medidas.

En 2019, en el primer mandato de Pedro Sánchez, cuando el PSOE recuperó el subsidio de mayores de 52 años, restableció también esta cotización del 125%. Ese año, el Gobierno había pactado con Unidas Podemos la mayor subida del SMI, del 22%, hasta los 900 euros al mes. Después, ha seguido incrementando el salario mínimo y se ha comprometido a hacerlo en el futuro, para que se mantenga al menos en el 60% del salario medio del país.

CCOO y UGT celebran los "avances" y "mejoras" de la reforma del subsidio de desempleo, pero también critican que no haya habido diálogo social en una medida tan relevante. En los sindicatos tampoco comparten algunas, entre las que figura esta reducción de la cotización del subsidio para mayores de 52 años, como advirtieron cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto. Sin embargo, las centrales de trabajadores piden el apoyo al decreto para que "las mejoras no decaigan", afirman tanto en CCOO como un UGT.

Aunque no comparten la medida, ambos sindicatos reconocen que hay "una cierta disfunción" en la cotización del 125% de la base mínima. Antes, cuando el SMI estaban por debajo de los 700 euros, alcanzaba a un colectivo reducido de personas, pero su aumento de los últimos años ha hecho que cubra a unos "dos millones y medio de personas". En esta situación, se da la "paradoja" de que el subsidio facilita una cotización superior a la de un gran número de trabajadores en activo y de puestos de trabajo, explican fuentes sindicales.

CCOO y UGT piden la luz verde al decreto y recuerdan a Podemos la posibilidad de abordar estas diferencias en una posterior tramitación del decreto como proyecto de ley. En CCOO destacan otras cuestiones que pueden ser objeto de mejora y que preocupan en el sindicato, como "la transferencia de unas 120.000 personas" del subsidio al ingreso mínimo vital "sin saber en qué términos" o las exigencias de cotización para el acceso de los menores de 45 años sin cargas familiares.

Desde UGT sostienen que "no se debería de llevar los textos legales que mejoran la vida de las personas a las disputas partidarias" y advierten de que esta situación recuerda a la de ERC y otras fuerzas progresistas que no apoyaron la reforma laboral. "Nos pareció una postura poco inteligente y creo que se arrepienten de ello. Votar en contra porque no se consigue todo lo que se ha pedido, supone renunciar al resto de mejoras. Como he pedido 10 y no me dan 10, renuncio a 8. Pues renunciar a 8 es cero", afirman a modo de ejemplo en el sindicato.

Habrá que ver cómo finaliza la negociación hasta el miércoles, con Podemos y con Junts, para ver si se aprueba el decreto y si lo hace con algún tipo de compromiso de cambios. Si no se convalida finalmente, decae la norma aprobada y todas sus medidas. Alguna está ya en vigor, mientras que el grueso de la reforma del subsidio de desempleo se prevé desplegar en junio.

Sin embargo, hay otra derivada inmediata muy relevante, que ha recordado el Gobierno: la reforma forma parte de los compromisos de España para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos por la pandemia.

Joaquín Pérez Rey ha insistido en que la reforma implica "10.000 millones de euros" para España, pero además ha calificado la legislación como "el mayor avance en materia del nivel asistencial de desempleo" por medidas como el aumento de 15 puntos de la cuantía del subsidio (del 80% al 95% del IPREM) y la inclusión de los dos grandes colectivos hasta ahora excluidos, entre otras.