El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar se enfrenta este miércoles al primer gran examen a su minoría parlamentaria. El Congreso de los Diputados vota en un pleno extraordinario la convalidación de tres reales decretos aprobados por el Ejecutivo a finales de diciembre. Junts o Podemos, socios que votaron la investidura de Pedro Sánchez, han planteado demandas que pueden dificultar la aprobación de los tres textos legislativos, que harían decaer importantes medidas.

Pensionistas, hogares vulnerables, viajeros frecuentes de transporte público, usuarios de la Justicia o los funcionarios de la Administración General del Estado serían los principales afectados por la desaparición de estos decretos que, entre otras cosas, movilizan más de 5.000 millones en medidas contra la crisis de inflación.

A continuación, un repaso por las medidas que se votan este miércoles en tres reales decretos que engloban materias muy dispares:

Del decreto anticrisis dependen medidas que impactan directamente al bolsillo de millones de personas. En primer lugar, la subida de las pensiones de 2024 para más de nueve millones de pensionistas, del 3,8% de manera general y que es más elevada (entre el 5 % y el 7%) en el caso de las mínimas y no contributivas. La norma establece también la pensión máxima, el aumento del complemento contra la brecha de género, así como otras medidas relevantes desde el punto de vista de la financiación, como el aumento de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para la hucha de las pensiones, y de lo que cotizan los salarios más altos. 

Junto a las pensiones, se regula también el aumento del 6,9% del ingreso mínimo vital (IMV) para este año. Además, el Ejecutivo permitió con la norma que todas las comunidades autónomas puedan asumir la gestión del ingreso mínimo vital. 

Así, si se consuma el anunciado voto en contra, Junts también impedirá que el IMV se transfiera desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social a la Generalitat. El traspaso fue uno de los acuerdos que cerraron Pedro Sánchez y Pere Aragonès en su última reunión en Barcelona, aunque el asunto era una vieja reivindicación de Catalunya prácticamente desde que se instauró la ayuda. De hecho, Junts fue el titular del departamento de Derechos Sociales hasta su salida del Govern, en octubre de 2023, y mientras la consellera Violant Cervera estuvo al mando siempre reivindicó este traspaso, incluso judicialmente. Ahora, en cambio, será su voto en el Congreso el que impedirá que se alcance esta demanda, informa Arturo Puente.

El último decreto del año prorrogó también el actual salario mínimo interprofesional –1.080 euros brutos al mes en 14 pagas–, hasta que se apruebe la subida de 2024 que negocia el Gobierno. Hay más medidas laborales que se prorrogaron gracias al decreto y que decaerían. Como las ayudas a autónomos, en las cuotas y cese de actividad, por el volcán de la Palma, también los ERTE específicos por esta crisis climática y la llamada “prohibición de despedir” de manera objetiva por la crisis energética o por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que se extienden hasta el 30 de junio. 

También figura la prórroga de las condiciones más ventajosas de la jubilación parcial y el contrato de relevo en la industria manufacturera, que se amplió hasta diciembre de 2025. El decreto desarrolla además algunos incentivos a la contratación de personal investigador y para los casos de sustitución durante el permiso por maternidad

Uno de los ejes de la prórroga del plan anticrisis (incluido en el Real Decreto-Ley del 27 de diciembre) son los descuentos al transporte de los usuarios habituales. Si estos se definieron hace meses como una medida esencial para aliviar el impacto de la inflación de quienes utilizan habitualmente el transporte público, ahora se reconfiguran como un modo para incentivar su uso en detrimento del coche.

El decreto que podría no ser convalidado en el Congreso este jueves mantiene los descuentos como en 2023. Es decir, los usuarios habituales de trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia tienen que solicitar sus abonos gratuitos, al igual que sucede con los títulos multiviaje de las líneas de autobuses de titularidad estatal.

Faltaba por saber con todos los abonos multiviaje que no dependen del Estado, porque cuelgan de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Ahí, el Gobierno ha mantenido la dotación económica como ha ocurrido en 2023. Es decir, el Estado va a financiar un 30% de descuento en los abonos y títulos multiviaje siempre que las administraciones regionales y locales descuenten otro 20% con cargo a sus propios presupuestos. El objetivo es que ir en transporte público cueste la mitad respecto a lo que sería su precio normal.

La situación de la vivienda, con los precios tensionados sobre todo en el alquiler, se mantiene como una de las prioridades políticas y volvió a entrar en el decreto anticrisis aunque solo con un enfoque, el de proteger a aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad y vayan a ser desahuciadas, sin tener una alternativa habitacional.

El plan anticrisis lo que hace es prohibir durante todo 2024 los desahucios de todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, en una medida que el Ejecutivo acordó con EH Bildu. No es un proceso automático. Estas deben demostrar que son vulnerables -en base a los ingresos, que determina cada comunidad autónoma- y deben contar con un informe que lo acredite, por parte de los Servicios Sociales, y tiene que estar respaldado por una autoridad judicial. 

Los propietarios de esos inmuebles, además, pueden pedir una compensación, que podrán solicitar hasta el 31 de enero de 2025, en el órgano competente en Vivienda de cada comunidad autónoma, por lo que han dejado de ingresar. Cabe recordar que la Ley de Vivienda ya contempla que los grandes tenedores -con más de 10 casas- no pueden desahuciar a vulnerables cuando no hay una alternativa habitacional.

El paquete del 27 de diciembre extiende hasta el 30 de junio de 2024 las tres categorías de consumidores vulnerables perceptores del bono social eléctrico y los descuentos del 40% para hogares trabajadores con bajos ingresos, del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos. También se prorroga el límite al crecimiento de la Tarifa de último Recurso de gas (TUR), limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%, así como la existencia de la TUR vecinal específica para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas natural y el precio máximo de la bombona de butano de 19,55 euros. En beneficio de todos los consumidores, los cargos del sistema eléctrico se mantendrán durante todo 2024 en el mismo nivel que ahora. Es decir, un 55% por debajo de los niveles previos al estallido de la guerra.

El último decreto anticrisis incorpora la eliminación de “las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad” y, asimismo, “las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de créditos a tipo variable”. Estas comisiones podrían restablecerse.

Además, recoge el aumento de 29.000 euros a 38.000 del umbral de renta a partir del cual las familias pueden adherirse a los mecanismos diseñados para aliviar el encarecimiento de las hipotecas. También se pactó con la banca ampliar durante un año más, durante todo 2024, la gratuidad que se contemplaba para los clientes con hipotecas variables para las amortizaciones anticipadas o el traspaso de créditos a tipos fijos. También a aquellos productos a tipos mixtos, que han ido ganando peso en los últimos meses y que es una novedad respecto al anterior código de buenas prácticas firmado por el sector financiero y el Ejecutivo.

El último Real Decreto-Ley del año pasado recoge una subida del IVA de la luz del 5% al 10%, donde se quedaría durante todo 2024. Según el mismo texto, el IVA del gas se eleva del 5% al 10% en el primer trimestre, y después regresaría al 21%. Por su parte, el IEE aumenta al 2,5% en el primer trimestre, luego al 3,8% en el segundo y regresaría al 5,11% original a partir del tercer trimestre. Mientras, los escalones para el impuesto a la producción son del 3,5%, al 5,25% y, por último, 7%, en los mismos periodos. 

“Todas estas medidas garantizarán el objetivo de mantener una reducción significativa de la factura de productos energéticos de los hogares, en particular durante el periodo invernal. Lo que se compaginará con la normalización de los precios de mercado, que han experimentado rebajas sustanciales con respecto a los periodos de mayor tensión, como el récord de los precios del mercado mayorista de 2021 y la invasión rusa en Ucrania iniciada en febrero de 2022”, defendía el Ministerio de Hacienda el 27 de diciembre. Este planteamiento está ahora en riesgo.

El mismo Real Decreto-Ley mantiene hasta junio la rebaja del IVA del 4% al 0% a alimentos de primera necesidad (como la leche, el pan, los huevos, las legumbres o las verduras) y del 10% al 5% para el aceite y las pastas. La inflación de los alimentos es uno de los principales focos de preocupación en esta última fase de la crisis de precios, aunque las reducciones del IVA son medidas que no discriminan a sus beneficiarios según lo que ingresan, favoreciendo más a los que más gastan. 

Eso sí, un aumento de golpe tanto del IVA de los alimentos como de los impuestos a la energía si el decreto no se convalida en el Congreso podría ser asfixiante para las familias más vulnerables en los próximos meses

El último gran decreto del año prorroga los impuestos a los beneficios extraordinarios a la banca y a las energéticas e incluye un compromiso de revisión para integrarlos en el sistema tributario. Si dicho decreto cae este jueves, estos gravámenes desaparecerían.

Por otro lado, el decreto responde una reivindicación nacionalista del PNV, y los deja “concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del Concierto y Convenio en vigor, respectivamente, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Nafarroa”. 

Por último, “añade una modificación normativa para que, a partir del 1 de enero, se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde”. Esta fue la principal bronca entre los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar. El bloque que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, considera esta cláusula una “rebaja” y  un “regalo fiscal” para las grandes compañías. 

El último decreto de 2023 también amplía seis meses más la reducción del 80% de los peajes de la industria electrointensiva, así como la flexibilización para modificar la potencia eléctrica contratada y los contratos de suministro de gas.

El texto del Real Decreto-Ley del 27 de diciembre refuerza la apuesta del Gobierno por impulsar la rehabilitación energética de viviendas o edificios, al prorrogar las deducciones de IRPF vinculadas a las obras realizadas con ese fin. Estas ayudas, vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán deducirse un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades. Unos porcentajes sujetos al tipo de vivienda y a la profundidad de las obras que se realicen para lograr el objetivo de reducir el consumo y obtener los certificados correspondientes que así lo avalen. 

“Junto a lo anterior, hay que destacar la prórroga en la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables”, recalcó el Ministerio de Hacienda.

Estas subvenciones desaparecerían si el paquete diseñado por el último Consejo de Ministros no es convalidado por el Congreso, junto a otras medidas de apoyo a la industria renovable, autoconsumo y cogeneración, así como para paliar los efectos de la sequía.

En el penúltimo Consejo de Ministros del año pasado se aprobó otro de los reales decretos que están en peligro con la votación de este miércoles. Se trata de un texto largo que incluye materias muy distintas y que no están vinculadas entre sí salvo por un detalle: son hitos que se tenían que cumplir antes del 31 de diciembre para alcanzar los compromisos con Bruselas del Plan de Recuperación.

El primero de estos bloques es el que más ha preocupado a Junts, cuyos votos son clave en esta tramitación. Se trata de un paquete de reformas del sistema de Justicia, que incluye medidas para la digitalización del servicio o la mejora de los canales de comunicación y relación con el ciudadano. Además, se incorpora la propuesta para que, en caso de que un caso judicial se derive a la Justicia europea, se paralice en España. El partido de Carles Puigdemont entiende que este artículo entorpecería y dilataría la aplicación de la Ley de Amnistía que se está tramitando en el Congreso.

El rechazo de Junts a este apartado del Real Decreto afectaría también indirectamente a los funcionarios de la Administración General del Estado. Otro de los hitos del Plan de Recuperación que se cumplía con este texto era el referido a la Ley de Función Pública. Esta norma se estaba tramitando en las Cortes cuando su disolución por el 23J provocó que decayera. Esta reforma, que fue acordada por el Gobierno y los sindicatos, incluye aspectos como la creación de un sistema de valoración del desempeño de funcionarios, con un nuevo complemento salarial; la agilización de las ofertas públicas de empleo; la mejora de los procesos de selección o la creación de una nueva retribución que permitiera a los funcionarios ascender salarialmente sin cambiar de puesto de trabajo.

Por último, en lo que respecta a este Real Decreto, se incluyó también una reforma de la Ley de Mecenazgo, otro de los hitos que tenía que cumplir el Gobierno para poder recibir las ayudas europeas. Se trata de un cambio en la ley para ampliar las desgravaciones fiscales que se aplican para las donaciones a entidades sin ánimo de lucro incluidas en las normas de mecenazgo. Incluye además cambios en cuanto a las entidades que pueden beneficiarse de no tributar por el impuesto de Sociedades, al incorporar a aquellas encargadas de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social o las actividades de educación de personas con altas capacidades.

El tercer decreto en riesgo de decaer, el 7/2023, desarrolla la reforma de la protección asistencial por desempleo, aunque incorpora algunas medidas más que también se anularían. La reforma del subsidio de paro entra en su mayoría en vigor en junio de 2024, pero era urgente su aprobación inmediata porque es uno de los elementos que determina el cuarto desembolso de los Fondos Europeos de Recuperación por la pandemia por parte de Bruselas. En total, supone 10.000 millones de euros para España. 

Entre las medidas más destacadas de esta norma figuran: el aumento de la cuantía del subsidio a los 570 euros al mes (desde los 480 euros actuales), la eliminación del mes de espera entre la prestación y el subsidio, la posibilidad de compatibilizar un empleo y cobrar parte del subsidio, así como la protección de nuevos colectivos –menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales agrarios– mientras que otros (personas salidas de prisión, RAI, subsidio extraordinario de desempleo) se extinguen y son derivados al ingreso mínimo vital. 

Otro de sus elementos, por el que Podemos baraja negar su apoyo al decreto, consiste en la reducción progresiva de lo que cotiza el subsidio para mayores de 52 años: del 125% de la base mínima (determinada por el salario mínimo) al 100% de esta en 2028. La formación morada rechaza el decreto por lo que denuncia como un “recorte”, mientras que el Gobierno ha justificado la medida por el gran aumento del salario mínimo en los últimos años. 

Este tercer decreto incluye otras medidas que ya han entrado en vigor y que quedarían anuladas. Una de ellas es la universalización del derecho a acumular el permiso de lactancia en jornadas completas, con el que el Gobierno pretende transponer la Directiva europea de conciliación (sobre la que ya ha tenido un aviso de Bruselas). También la prioridad aplicativa de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, promesa del PSOE al PNV, siempre que estos resulten más beneficiosos para los trabajadores. 

Además la letra pequeña del decreto incorpora más medidas que están ya vigentes, como un apartado sobre la representatividad sindical en el sector artístico que también exigía Bruselas, la posibilidad de compatibilizar el subsidio de paro con prácticas formativas y la prórroga al 30 de junio de medidas de protección de trabajadores agrarios ante la sequía (reducción de las peonadas para el subsidio), entre otras.