La reforma del subsidio por desempleo ha sido protagonista de la primera derrota del Gobierno de coalición en esta nueva legislatura. El decreto ha decaído en el Congreso por el voto en contra de Podemos, que inclinó la balanza hacia los 'noes' de PP y Vox. La formación morada ha argumentado su postura por el "recorte" en la cotización de los mayores de 52 años, que en el Gobierno niegan y justifican dado el gran aumento del salario mínimo de los últimos años, por encima del 50%.

Se trata del balance de la Memoria de impacto normativo del decreto-ley estimada por el Gobierno, que da cuenta de cómo algunas medidas aumentaban el gasto del Estado por la mejora de la cobertura, como en el aumento de la cuantía hasta los 570 euros y la inclusión de más beneficiarios.

Por ejemplo, la supresión del mes de espera entre el cobro de la prestación y la percepción del subsidio supondría 100 millones de euros más al año y la modificación de los requisitos de acceso y de la ayuda incrementaría la inversión en otros 86 euros anuales. La nueva posibilidad de compatibilizar un empleo con el cobro de parte del subsidio aumentaría por su parte la previsión de gasto en 613 millones al año, entre otras medidas.

Por otro lado, hay elementos que reducían el gasto global, como la eliminación de ciertas ayudas como la RAI (renta activa de inserción) y el SED (subsidio extraordinario de desempleo), a cuyos beneficiarios se pretendía derivar al ingreso mínimo vital, que suponía una reducción del gasto en 48 millones y 6,7 millones en el primer año, respectivamente.

También la reducción de la cotización a la Seguridad Social de los mayores de 52 años, que se preveía que pasara progresivamente del 125% al 100% de la base mínima en 2028, implicaría una disminución del gasto total. El primer año, la merma se situaría en 94 millones de euros; al cabo de tres años, en 281 millones; y en el quinto año se reduciría en 468 millones de euros.

Así, el balance final de todas las medidas de la reforma implicarían un aumento del gasto público de 648 millones de euros el primer año de vigencia de la norma, de 177 millones al cabo de tres años y, por último, en cinco años, el Gobierno estimó un impacto presupuestario cero.

El conflicto entre Podemos y el Gobierno se ha centrado en si la reducción de la cotización de los mayores de 52 años era "un recorte", como sostienen los de la formación morada, o no, como defiende el Ejecutivo, tanto miembros de PSOE y Sumar.

La merma del porcentaje de cotización sí supone un recorte del gasto global, como se aprecia en la propia previsión del Gobierno. Se cambia la ley para pasar progresivamente de pagar el 125% de la base mínima (1.575 euros al mes en estos momentos) a aportar el 100% de la base en 2028.

Para los perceptores del subsidio de 52 años implica que el Estado contribuye a la Seguridad Social por un porcentaje algo inferior de lo que estaba vigente hasta este momento, lo que se reflejará en la cuantía de sus pensiones.

En el Ejecutivo argumentan que no hay tal "recorte" para las personas beneficiarias porque se va a seguir subiendo el salario mínimo, que marca la base mínima de cotización. Es decir, que estrictamente que no se va a reducir la cuantía bruta que aporta el Estado a la Seguridad Social por debajo de esos 1.575 euros actuales, ya que el SMI va a seguir incrementándose.

Este viernes, Trabajo ha acordado con los sindicatos un aumento del salario mínimo del 5% este año, hasta 1.134 euros al mes. A partir de junio de 2024 y si la reforma estuviera en vigor, la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años se habría situado en 1.587 euros al mes (el 120% de la base mínima). Una cantidad, por tanto, por encima de los actuales 1.575 euros, advertía este viernes Segundo González, economista asesor de la Vicepresidencia Segunda.

Aunque sea cierto que la cantidad no disminuye respecto a los 1.575 euros al mes de cotización de 2023, la cantidad resultante sería inferior a si se siguiera cotizando un 125%. Además, de cara al futuro, asumir que la cuantía de cotización siempre aumentará implicaría contundentes y continuos aumentos del salario mínimo hasta 2028, que aún se desconocen. Por ejemplo, podría gobernar la derecha en algún momento y congelar o aumentar muy poco el SMI, como ha ocurrido en el pasado.

El debate público se ha centrado mucho en desentrañar si es "un recorte" o no, pero no tanto en los motivos por los que se toma la decisión. El Gobierno justifica la medida ante el gran aumento del salario mínimo desde 2018, para resolver "disfunciones" que han aumentado en los últimos años. Tanto respecto a los trabajadores que cobran este mínimo legal, como a la propia reinserción laboral de los desempleados de avanzada edad.

El primer motivo, explican, radica en que, cuando se aprobó esta "sobrecotización" del 125% el salario mínimo era muy reducido, por debajo de los 700 euros al mes, que cobraba un pequeño colectivo de trabajadores. Con un "salario mínimo de miseria", como lo ha calificado esta semana el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, el Estado apostó por reforzar la aportación de estas personas desempleadas al final de su vida laboral, con muchas dificultades para volver a trabajar, para que no quedara muy deteriorada su futura pensión.

La cuestión es que el salario mínimo ha aumentado mucho, un 54% desde 2018 con el nuevo ascenso pactado con los sindicatos para 2024. Por lo tanto, el SMI ha pasado a cubrir a mucha más gente en activo, unos 2,5 millones de trabajadores, que están cotizando y aportando menos a su pensión que este colectivo de personas desempleadas de avanzada edad.

Así, si una trabajadora de 54 años cobra el salario mínimo en 2024 cotizará por 1.323 euros al mes mientras que otro trabajador de la misma edad desempleado que perciba el subsidio del paro cotizará 1.654 euros al mes (con el 125% vigente en estos momentos).

El Gobierno argumenta que, una vez que el salario mínimo se ha situado en una cuantía "digna", cumpliendo con el mandato de la carta social europea de alcanzar al menos el 60% del salario medio, ya no se justifica esta sobrecotización, que considera que genera cierta distorsión con un gran número de trabajadores en activo.

El segundo motivo, que sobre todo defendió Economía en la negociación de la reforma, apunta al posible desincentivo a la reinserción laboral de estas personas paradas de avanzada edad, para las que su futura pensión es muy cercana y pesa mucho a la hora de tomar decisiones.

Este enfoque advierte de que, si la cotización del subsidio es superior a la que de muchos puestos de trabajo –con el salario mínimo y hasta un 25% más, alrededor de 19.000 euros anuales–, se genera un desincentivo a que los parados acepten un puesto de trabajo que va a suponer un menor aporte a su pensión. O que, incluso, puede fomentar el trabajo en la economía sumergida.

Los sindicatos mayoritarios advierten de que el subsidio supone solo unos ingresos de 480 euros al mes, mucho menos que un salario mínimo (1.134 euros brutos mensuales tras la subida acordada este viernes). Por tanto, consideran que la mayoría de las personas paradas optaría por aceptar un empleo. No obstante, sí reconocen esa cierta "disfunción" por la que aceptar un empleo perjudicaría a la pensión de estas personas.

CCOO y UGT proponen una tercera vía: mantener el 125% de cotización y, en caso de que los perceptores del subsidio encuentren un empleo con salarios por debajo de la base de cotización de este, que el Estado complemente el porcentaje restante.

Esta materia será una de las varias que vuelva a situarse sobre la mesa de negociación del subsidio con los agentes sociales, que Trabajo ha anunciado esta semana que convocará de forma urgente. Habrá que ver si el Gobierno mantiene su posición y logra convencer a los agentes sociales o si busca alguna alternativa para pactar con ellos y conseguir los votos a favor de Podemos en el Parlamento.