Nueva legislatura y nueva hoja de ruta del Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha presentado este lunes sus principales objetivos para este mandato, que ha agrupado en un total de doce puntos. Algunos son muy conocidas, como la reducción de la jornada laboral, la del despido o el nuevo "Estatuto del Trabajo del siglo XXI", pero también hay otras clave y con menos atención hasta la fecha, como renovar la Ley de Prevención de riesgos laborales para reducir la siniestralidad de trabajadores en nuestro país, que deja dos víctimas mortales al día.

Yolanda Díaz ha detallado sus nuevos retos a petición propia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, donde también ha puesto en valor su gestión en la pasada legislatura. En especial, la reforma laboral, que ha desplomado el trabajo temporal por primera vez en España, así como las subidas del salario mínimo y una manera "diferente" de afrontar las crisis, a través de los ERTE y las ayudas de paro a los autónomos, entre otras reformas.

Con el respaldo del máximo histórico de 21 millones de trabajadores, Díaz celebrado una gestión más protectora en derechos, pero también "más eficiente", aunque ha señalado que persiste la principal meta del mercado laboral: reducir la alta tasa de paro, del 11,8%, la más elevada de la Unión Europea.

Con este contexto, la ministra de Trabajo ha agrupado las reformas para el nuevo mandato en los siguientes puntos:

La medida estrella de Trabajo y de Sumar en esta legislatura: disminuir la jornada máxima de trabajo sin merma de salario. La vicepresidenta ha recordado que la meta es alcanzar las 37 horas y media a la semana, desde las 40 máximas actuales, que el pacto de Gobierno sitúa para 2025. Antes se acordó un paso previo: 38 horas y media este mismo año, en 2024.

Yolanda Díaz ha explicado que hará la reforma con diálogo social y también parlamentario, con el resto de grupos políticos, pero ha dejado claro que si los empresarios rechazan acordar, la medida no se bloqueará y saldrá adelante. "Me gustaría un pacto tripartito, pero si no puede ser, será bipartito", ha avisado la vicepresidenta en referencia a la posibilidad de un acto solo con los sindicatos, como ha ocurrido con el alza del salario mínimo de este año hasta los 1.134 euros.

Se trata de la reforma más amplia del equipo de Yolanda Díaz, la renovación en profundidad del actual Estatuto de los Trabajadores (de 1980). Ya se planteó la legislatura pasada, pero no llegó a arrancar. La ministra de Trabajo ha anunciado este lunes que va a convocar próximamente una mesa de "personas expertas" para esta revisión normativa, que también negociará con los agentes sociales y el resto de grupos políticos.

Aunque puede que este proyecto normativo englobe algunos de los doce puntos enumerados, Yolanda Díaz ha destacado además una reforma "clave": la del trabajo a tiempo parcial. Sobre todo lo desempeñan mujeres (el 72%) y la vicepresidenta ha reconocido que en él reside parte de la "precariedad" del mercado de trabajo en la actualidad. La gran mayoría de estos contratos "no son voluntarios", ha destacado Díaz, por lo que se ha emplazado a tomar medidas para mejorar los derechos de este colectivo.

Además, la ministra enfoca esta reforma desde una perspectiva amplia, de reforzar los derechos de las personas asalariadas, pero también de los autónomos, ha enfatizado.

Otra de las materias que Sumar ha defendido dentro de la coalición progresista: impulsar la participación de los trabajadores en el seno de las empresas. En concreto, en los consejos de administración donde se toman decisiones y que Yolanda Díaz ha reivindicado como una cuestión de "calidad democrática", pero también de "productividad". Con el ejemplo de países europeos como Alemania, la responsable de Trabajo ha destacado los "modelos de cogestión" como éxito en ámbitos como el industrial.

Díaz ha reiterado que la reforma supone "algo tan sencillo como cumplir el mandato constitucional". En concreto, del artículo 129.2, que establece: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Otra tarea pendiente pasa por dar salida al primer fracaso del Gobierno esta legislatura: la reforma de los subsidios de paro, que decayó en el Congreso por el voto en contra de Podemos. La vicepresidenta segunda ya ha anunciado que abrirá la negociación de la norma en el diálogo social y con el resto de grupos parlamentarios. La reforma está comprometida con Bruselas dentro del Plan de Recuperación para el abono del cuarto desembolso de fondos europeos.

La reapertura de la negociación ha hecho resurgir demandas sindicales que no fueron atendidas en el anterior decreto, como la cobertura de los trabajadores a tiempo parcial (la gran mayoría mujeres). Queda por resolver también el punto por el que Podemos justificó su 'no' a la norma, la cotización del subsidio para mayores de 52 años. Además, los colectivos de autónomos también están reclamando el derecho al subsidio de paro para estos trabajadores de más edad.

El llamado "Estatuto del becario" quedó pendiente la pasada legislatura y el pacto de PSOE y Sumar se comprometió a aprobar la regulación, sin más detalle. Para ello, las dos partes del Ejecutivo deberían llegar a un acuerdo, ya que Yolanda Díaz ha recordado este lunes que fue el lado socialista el que no respaldó el texto normativo que Trabajo pactó con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

Yolanda Díaz ha destacado que la norma persigue dos metas, acabar con los falsos becarios y mejorar los derechos de los verdaderos estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos como el transporte. La vicepresidenta segunda ha precisado que esta norma "ya está negociada" en el diálogo social, proceso que no pretende reabrir de nuevo, por lo que el siguiente paso reside en conseguir los apoyos políticos al texto, dentro y también fuera del Gobierno. En el pasado mandato, varios socios parlamentarios del Ejecutivo se distanciaron del proyecto, como PNV, pero también ERC y EH Bildu.

Entre las reformas del mercado de trabajo para adaptarse a la digitalización, Yolanda Díaz ha destacado medidas para garantizar que los algoritmos y la inteligencia artificial están "al servicio del trabajo decente". Con el precedente de la Ley Rider, para laboralizar a los falsos autónomos en las plataformas digitales y garantizar más información a los trabajadores sobre los algoritmos y sus repercusiones laborales, la ministra de Trabajo ha incidido en reforzar esta segunda línea.

La vicepresidenta ha destacado que se va a promover la participación sindical y colectiva "en el diseño, regulación y evaluación de los algoritmos en el ámbito laboral", así como garantizar una información significativa, clara y sencilla sobre la lógica y funcionamiento de los algoritmos y promover en las empresas las "evaluaciones de impacto y auditorias algorítmicas".

En el marco de la Unión Europea, Yolanda Díaz se propone lograr por fin una regulación para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, más allá de los riders, que por el momento no ha salido adelante debido al desacuerdo entre los países europeos.

Yolanda Díaz ha destacado en concreto al colectivo LGTBI "que arrastra un largo historial de discriminación", para lo que abrirá una mesa de diálogo social con el objetivo de ampliar las medidas en favor de la igualdad y para evitar el acoso. La vicepresidenta segunda ha recordado que la llamada Ley Trans "ha supuesto un paso histórico" en el reconocimiento y garantías de los derechos de este colectivo, pero ha añadido que es preciso "concretar" algunos de estos.

Díaz ha afirmado que se va a regular la obligación para empresas de más de 50 personas trabajadoras de establecer un conjunto de medidas para alcanzar la igualdad efectiva y no discriminación de este colectivo, así como protocolos obligatorio para la atención del acoso o la violencia contra estas personas.

Como anunció el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha destacado que el Gobierno ampliará los permisos de maternidad y paternidad por nacimiento de hijo a las 20 semanas (desde las 16 actuales), "con mayor flexibilidad de trabajo a tiempo parcial".

También se pasará a retribuir "al menos cuatro semanas" por hijo del recientemente creado permiso parental, dentro de los nuevos permisos laborales para cuidar que se desplegaron en verano. El permiso parental ahora alcanza ocho semanas, no remuneradas, lo que ha generado las críticas de los sindicatos y algunas formaciones políticas, que consideran que además incumple la directiva europea de conciliación.

"Vamos a seguir profundizando en la normativa de no discriminación salarial", ha destacado Yolanda Díaz. El Gobierno ya aprobó la pasada legislatura los decretos sobre los nuevos planes de igualdad y las auditorías salariales por sexos.

A través de la próxima transposición de una directiva europea (la 2023/970), la ministra de Trabajo ha afirmado que se va a ampliar el conjunto de derechos y garantías que aseguren el principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, así como regular otras situaciones como la obligación de publicar las ofertas de empleo y el salario que corresponde al puesto ofertado.

Otra de las reformas que obtiene más atención: la reforma del despido. Yolanda Díaz ha precisado este lunes los "tres elementos esenciales" de la regulación, cuya negociación se prevé compleja. No solo en el diálogo social, sino también político. Trabajo pretende abordar las indemnizaciones por despido improcedente, dentro de la lógica del despido "reparativo" de la Carta Social Europea, que también establece que el coste debe ser "disuasorio".

Las causas del despido también están sobre la mesa, para endurecerlas tras la reforma laboral del PP que las amplió, aunque no se ha precisado en qué sentido. Además, en los últimos días se ha incorporado un tercer elemento, la supresión de los despidos automáticos de personas con invalidez permanente, que la justicia europea acaba de considerar que no respetan la legalidad comunitaria.

Asignatura pendiente y reclamación sindical desde hace años, Yolanda Díaz se ha vuelto a comprometer este mandato a reformar la Ley de prevención de riesgos laborales. El objetivo pasa por reducir la siniestralidad laborales, que quita la vida a dos trabajadores cada día de media, así como adaptar la regulación a nuevos retos, como la digitalización y los problemas de salud mental.

La vicepresidenta ha anunciado que convocará la mesa de diálogo social para avanzar en esta materia, que ya se anunció la legislatura pasada, pero no se llegó a reunir. Entre los retos, también están el escaso reconocimiento de las enfermedades laborales, causantes de la mayoría de los problemas de salud y de las muertes en el trabajo, según un reciente estudio de la OIT.

La Economía Social, también competencia del Ministerio de Díaz junto a Trabajo, protagoniza el duodécimo reto de la agenda de la vicepresidenta segunda. Además de desarrollar el PERTE con fondos europeos de impulso de este tipo de economía, la vicepresidenta se ha comprometido a su modernización a través de una nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social. Además, ha apostado por impulsar "una Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial", para que el tejido empresarial proteja a las personas, la democracia y el planeta, ha indicado Díaz.