España cerró 2023 con 30.350 puntos de recarga pública de vehículos eléctricos, un 40,7% más que en 2022, según datos publicados este jueves por la Asociación para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). Pese al fuerte crecimiento, solo alcanza en el mejor de los casos un tercio del objetivo que planteó en 2021 el Plan de Recuperación del gobierno, que preveía entre 80.000 y 110.000 infraestructuras de este tipo para 2023.

En un encuentro con periodistas, Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive, ha explicado que con este “crecimiento interesante” la infraestructura de recarga está “por encima” de las necesidades del parque actual de vehículos eléctricos, dado que el grado de utilización media de los postes es del 6,5%, un “nivel muy razonable”.

Pero es necesario “acelerar” el despliegue para cumplir los ambiciosos objetivos que recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de 5,5 millones de eléctricos circulando en 2030, frente a los 150.000 actuales, cifra que se eleva a cerca de 465.000 si se cuentan los híbridos enchufables. Aedive entiende que en esos 5,5 millones se incluye también esta última tipología.

La entidad celebra que en 2023 las matriculaciones de eléctricos se pusieron “al ritmo de la Unión Europea”. Fue un año récord, con más de 70.000 matriculaciones, el doble si se suman los híbridos enchufables, que convierten a España, según Aedive, en la segunda potencia de la UE donde “más crece el número de personas que apuesta por el vehículo eléctrico”. Pero el retraso acumulado hace que siga muy lejos de la media europea en penetración de estos vehículos. 

Para darle “un empujón”, la patronal que aglutina a toda la cadena de valor de esta industria ha presentado este jueves un documento con 18 medidas a corto, medio y largo plazo. En primer lugar, reclaman un nuevo plan MOVES que incluya un adelanto de las ayudas a los compradores, y en el que los incentivos no computen como rendimientos del trabajo en el IRPF. 

El director de Aedive ha explicado que con el “complejo” diseño actual, gestionado por las comunidades autónomas, “hay margen de mejora”. “España todavía necesita implementar ayudas a la movilidad eléctrica” pero estas tienen que ser “eficientes”. 

Otra medida inmediata es “agilizar” la tramitación de la infraestructura de recarga. Pese a los avances “habiendo barreras en el despliegue” y no todas las administraciones aplican las declaraciones responsables que introdujo un decreto de diciembre de 2021.

A nivel regulatorio, piden facilitar la información pública de la disponibilidad de potencia en el punto de conexión, un aspecto que debe clarificar una circular que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva casi un año tramitando y, como ha señalado María Romera, directora de Regulación de Aedive, hubiera sido “deseable” más rapidez.

Otro reto a corto plazo es que se publique ya un mapa oficial con información “actualizada” de los postes que preveía la Ley de Cambio Climático, ya que el actual portal del Ministerio para la Transición Ecológica es inservible. Este aspecto clarificaría un mercado cuya "opacidad" ha denunciado el Ministerio de Defensa.

Javier Izquierdo, director técnico de Aedive, ha explicado que los operadores de recarga “tienen una información muy digitalizada que a lo mejor no está alineada al nivel de digitalización de la Administración Pública”. Además, es “difícil” respetar el desarrollo comercial de cada operador, ya que este “es un negocio privado” y es lógico que cada uno intente “fidelizar a su cliente para que esté con su plataforma”. “El mapa es importante e interesante, pero no es lo que va a permitir que la movilidad eléctrica se desarrolle”.

A medio plazo, reclaman incentivos fiscales “permanentes y tangibles”, con un plan de choque fiscal con mejoras en el IVA, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de matriculación “para lograr que el coche eléctrico sea asequible para todos los bolsillos”. 

También reclaman un plan de electrificación de taxis y una guía de mejores prácticas para movilidad compartida. Y a largo plazo, que se apruebe la Ley de Movilidad Sostenible, fortalecer la industria nacional y un plan de infraestructura de recarga para vehículos pesados, para la que ya existe un grado de madurez "importantísimo", ya que a final de año existirán infraestructuras de 1 MW de potencia.

Aedive, que pide “adecuar” la “envidiable” red eléctrica de España para hacer frente a este despliegue, que exige “importantes inversiones en subestaciones”, defiende que el cambio a la movilidad eléctrica supondría reducir a más de la mitad el consumo energético anual del transporte, que actualmente es de 300 TWh/año, sin depender de los combustibles fósiles, con recursos propios renovables y obteniendo un ahorro energético y económico.

La asociación ha reclamado "poner en valor" el "ecosistema único" de España por "su valor industrial tecnológico y de servicios y su potencial de nuevos negocios". Defiende el carácter nacional de esta industria, que facturará más de 300.000 millones en 2030 y ya cuenta con más de 70 centros de fabricación en España.

Pérez de Lucía ha explicado que una de las barreras que se ha encontrado el sector es que “no hemos sabido comunicar” y “hemos vuelto un poco loco al ciudadano, con informaciones confusas o fake news”. Y es “importantísimo que desde el gobierno se coordinen todas las estrategias”.