El Banco de España reconoce que los hogares han hecho un uso “limitado” de los programas de Códigos de Buenas Prácticas hipotecarias. Hace un año, el supervisor creía que medio millón de hogares podrían tener que acudir a las medidas de alivio para hipotecados, ante la presión de los tipos de interés. En cambio, ese dato es significativamente menor. En 2023 se realizaron 61.428 solicitudes de protección ante la subida de los tipos de interés.

Sin embargo, la gran mayoría se han rechazado. En 2023, solo se aceptaron 7.919 peticiones y 1.352 un año antes. Es decir, solo 9.271 hogares se han podido beneficiar de estas medidas de alivio.

El Banco de España afirma que más de un 40% de las peticiones han sido rechazadas por no cumplir los requisitos y otro 40% aún está siendo analizado por las entidades bancarias.

El supervisor resume que, el volumen acumulado de deuda pendiente de operaciones concedidas a los dos códigos de buenas prácticas -el de la anterior crisis financiera y el aprobado en 2022- supone “el 0,2% del saldo vivo del crédito a hogares para la vivienda al final de 2022 y que ”el volumen de nuevas solicitudes de acogimiento a medidas del Código de Buenas Prácticas el año pasado alcanzó los 7.600 millones de euros“.

Para el Banco de España, que la gente no haya tirado tanto como se esperaba del Código de Buenas Prácticas conlleva que la situación económica ha ido mejor de lo que se preveía y que la situación del mercado hipotecario, en las que se han concedido los préstamos, ha sido muy prudente, porque las hipotecas con menor antigüedad que no se visto afectadas por la subida de los tipos de interés, cuando la mayoría de los impactos de hipotecas se suelen concentrar en los primeros cinco años de vida de los préstamos. También considera que es pronto para plantear un cambio en el código.

La entidad encabezada por Pablo Hernández de Cos considera que si el impuesto a la banca se convierte en permanente “podría ser mejorado”.

También, que puede tener implicaciones para los distintos modelos de negocio de las entidades y puede favorecer carteras donde los márgenes de intereses son más bajos, porque el riesgo que se asume es menor. Este lunes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto ligado al “ciclo de los tipos de interés” y que el Gobierno de coalición está haciendo una valoración de si “se hace permanente este gravamen para que podamos aprovechar al máximo su potencial con un enfoque de equilibrio”.

En el informe de Estabilidad Financiera, el Banco de España apunta que el gravamen extraordinario a la banca en el negocio en España representó un 3,9% del resultado neto consolidado y que el gravamen extraordinario a la banca pagado en 2023 alcanzó los 1.263 millones de euros.

Los precios de la vivienda y la compraventa de casas subieron en los últimos meses de 2023 y eso podría llegar a ser un dolor de cabeza para la banca, aunque ahora mismo no sea ni una molestia. “Las operaciones de compraventa de vivienda repuntaron ligeramente en la parte final de 2023”, explica el Banco de España. En concreto, constata “un crecimiento intertrimestral desestacionalizado algo superior al 3% en el cuarto trimestre interrumpiendo la tendencia descendente que se había observado previamente”.

A más operaciones, precios al alza, algo que previsiblemente seguiría en los próximos meses, más aún después de meses donde han caído las transacciones pero los precios de las casas han seguido al alza. “Las operaciones de compraventa de vivienda repuntaron ligeramente en la parte final de 2023 con un crecimiento intertrimestral desestacionalizado algo superior al 3%”, en esos tres meses finales del año “interrumpiendo la tendencia descendente” que se mantenía hasta entonces. “De confirmarse este mejor tono de los indicadores de actividad, podría observarse un reflejo en los precios de la vivienda en los próximos trimestres”.

El Banco de España aún no ve que este cambio de tendencia sea un problema para la solvencia de las entidades financieras, pero sí asume que hay que estar vigilantes. “Es aconsejable reforzar la monitorización de las exposiciones inmobiliarias del sector bancario, con el fin de mejorar la capacidad de detectar la posible acumulación de riesgos y medir mejor el impacto de su potencial materialización”, constata.

De ahí lo de ser vigilantes. “La progresiva reducción de las exposiciones inmobiliarias de los bancos españoles desde la crisis financiera global limita el impacto estimado sobre ellos de las perturbaciones inmobiliarias, pero este sigue siendo un canal cuyo análisis resulta relevante dentro de las tareas supervisoras”, ahonda el Banco de España en el Informe de Estabilidad Financiera. “Teniendo en cuenta también la ausencia de signos de relajación en los estándares de concesión de créditos hipotecarios, se mantiene al sector inmobiliario fuera de la lista de vulnerabilidades, pero será necesario analizar con cuidado una potencial reversión de este mercado a tendencias con mayor acumulación de riesgos”.

También recalca que el resultado de los bancos de 2023 aumentó un 28%, gracias al aumento en el margen de intereses. Y mejoró la solvencia, pero menos que en otros sistemas bancarios europeos, lo que conlleva que no se haya acortado la distancia. Por ello, la recomendación del Banco de España es que las entidades aprovechen los resultados históricos para mejorar su colchón de provisiones y mejorar esa solvencia. Sin embargo, el final del ciclo de endurecimiento monetario, al que apuntan los bancos centrales limitaría las posibilidad de la banca de expandir más sus ingresos por intereses. 

“A pesar de la elevada rentabilidad registrada en 2023, el sector bancario no ha registrado un aumento significativo de su solvencia. En particular, la ratio de capital CET1”, el colchón de más calidad, “se mantuvo estable durante el último año, situándose en el 13,2% en diciembre de 2023, 17 puntos básicos por encima de su nivel en 2022. Así, la distancia que separaba al sistema bancario español del promedio de la UE se ha ampliado hasta situarse en 3,3 puntos básicos”, resume el informe.

La vivienda y la solvencia están en el foco, pero los riesgos geopolíticos siguen persistiendo en la estabilidad financiera, tanto en el caso de Ucrania, como de Oriente Medio, junto con los procesos electorales de este año -con la UE y Estados Unidos, principalmente- por el cambio que pueden conllevar en cuanto a política económica.

Otros riesgos, como la inflación, van a la baja. La evolución de los precios marcha en positivo en los últimos meses y las previsiones de los bancos centrales apuntan que los objetivos monetarios se alcanzarán en el corto o medio plazo, de ahí que las expectativas de los tipos de interés se hayan ajustado a la baja, así como las primas de riesgo que dieron quebraderos de cabeza en la última gran crisis financiera. Que no haya habido una reducción del crecimiento, en los últimos trimestres, ha supuesto una sorpresa positiva en algunas economías, como la de China. Sin embargo, en el área euro, situación distinta. Es uno de los elementos que llevan a la cautela al Banco de España en lo que se refiere al impacto en la economía española, por ser uno de nuestros principales socios comerciales. 

El supervisor ve positivo la reducción del déficit público, pero cree que el componente estructural (3,7% del PIB) aún es elevado. En ausencia del necesario plan de consolidación para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE, las proyecciones apuntan a que la deuda pública alcanzaría niveles elevados en el futuro, en ausencia de ese plan, que podría alcanzar el 120% en el año 2040, asegura el supervisor.

El Banco de España percibe también un aumento significativo de los ciberriesgos para la banca, intensificado tras la pandemia y por la propia transformación digital del sector. Habla tanto de aquellos ciberataques de naturaleza maliciosa, como aquellos que pueden deberse a un fallo humano, que asume que son más frecuentes y con menos coste. En cambio, los maliciosos conllevan costes relevantes, que ya roza los 8.000 millones de dólares a escala global -entre todos los sectores- y que alcanzaría los 14.000 millones de dólares de costes en el año 2026.

Asume que las entidades financieras tienen que estar preparadas -e invertir en estarlo- y vigilar puntos críticos como los proveedores externos, que también tienen que estar supervisados para comprobar que sean resilientes a los ciberataques.